• Caracas (Venezuela)

Marcos Tarre

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Marcos Tarre

Kluivert Ferney Roa Núñez

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¿Por qué cada vez que se inicia un ciclo de protestas resultan personas muertas de tiros en la cabeza efectuados por funcionarios policiales? Sucedió el 12 de febrero de 2014, cuando en un solo día de protestas en Caracas fueron asesinadas 3 personas: Juan Montoya y Bassil Dacosta en la Candelaria, con intervalos de pocos minutos, y Robert Redman en la noche, en Chacao. Si bien se sospecha que los tres fueron asesinados por funcionarios policiales, solo en el caso de Bassil Dacosta se pudo comprobar, gracias a fotografías y videos, quiénes fueron los culpables y  están detenidos agentes del Sebin. Ese período de manifestaciones que duró hasta el mes de junio arrojó un saldo de 43 personas asesinadas, cientos de detenidos, así como múltiples hechos de abusos, torturas y violaciones flagrantes de los derechos humanos.

A un año y unos días de ese trágico 12 de febrero, se repiten hechos parecidos. En el curso de acciones de calle en el sector Barrio Obrero de San Cristóbal, estado Táchira, cerca de la Universidad Católica del Táchira, en donde se realizaba una protesta, el liceísta Kluivert Ferney Roa, de 14 años, cursante del segundo año de bachillerato en el colegio Agustín Codazzi, falleció de un disparo de escopeta en la cabeza. Parece no existir dudas sobre la identidad del homicida, un agente de la Policía Nacional Bolivariana. Sí existen interrogantes sobre los hechos. Una versión de testigos presentes señala que el adolescente, que no participaba en la manifestación, al acercarse funcionarios en moto, trató de refugiarse en una casa, pero fue detenido, logró zafarse y en ese momento el agente le efectuó un disparo directamente a la cabeza. La versión de las autoridades regionales señala que el hecho ocurrió cuando eran agredidos funcionarios policiales por los manifestantes y uno de ellos, para defenderse, efectuó el disparo.

Al margen de las diferentes versiones, el trágico e irreversible resultado es la muerte de un niño de 14 años a manos de un funcionario policial, que nunca, bajo ninguna circunstancia, puede usar el poder letal de sus armas para control de orden público, aunque la nueva “doctrina Padrino López” pareciera predicar algo diferente. Sin embargo, esa normativa no existía cuando ocurrieron los disturbios y muertes del año pasado,  y no está claro si se refiere solo al estamento militar o abarca también los cuerpos policiales. En todo caso, es una desacertada e innecesaria normativa que podría  justificar más desafueros e impunidad por parte de los cuerpos de seguridad y orden público.

Pero lo que más preocupa en este momento es la frecuencia con la que agentes policiales hacen uso de las armas de fuego. Hace unos días pudimos ver cómo funcionarios del Sebin, cuando se llevaban detenido al alcalde Antonio Ledezma, realizaron disparos al aire para dispersar a las personas que se habían reunido. ¿Es ese acaso un método para controlar orden público? ¿Es que  acaso desconocen el alcance de un proyectil, su capacidad letal…? ¿Quién les ordenó hacer esos disparos? Si actuaron por su cuenta, ¿fueron sancionados o reprendidos?

La facilidad con la que agentes policiales desenfundan y disparan plantea muchas interrogantes. ¿Qué tipo de entrenamiento han recibido? ¿Qué instrucciones les han dado? ¿Han sido sometidos a pruebas psicológicas para poder formar parte de grupos especializados en control de orden público? ¿Tienen suficiente experiencia? ¿Están adecuadamente supervisados en sus acciones? ¿Tienen criterio para discernir e interpretar qué significa que sus máximos jefes les exijan fuerza y mano dura para reprimir manifestaciones? ¿Alguien les explicó cómo eso se traduce en términos operativos y legales? ¿O cada funcionario lo interpreta a su manera? ¿Acaso son alentados por sus superiores para disparar sus armas? ¿No han visto decenas de escenas en que sus compañeros o colegas, bien sea de la Guardia Nacional Bolivariana, de la PNB, del Sebin o de otros cuerpos agreden, golpean con los cascos a mujeres indefensas, arrojan gases, disparan con perdigones a quemarropa, vejan, insultan, violan y torturan con casi absoluta impunidad? ¿Qué pasa por la mente de un funcionario de 23 años capaz de apuntar su escopeta a la cabeza de un niño y oprimir el gatillo? ¿Acaso ningún superior le dijo que eso no se puede hacer? ¿Acaso no le instruyeron que balas de goma, o con perdigones, disparadas de esa forma, pueden ser letales? ¿O acaso le enseñaron que eso es lo que tenía que hacer?

El joven funcionario que disparó ya está detenido e imputado. Las máximas autoridades se han pronunciado y condenado el trágico suceso. Según han afirmado presidentes y ministros en otros momentos, los miembros de la Policía Nacional Bolivariana, seleccionados, reclutados y formados dentro del proceso revolucionario, iban a ser los agentes “amigos” del ciudadano, el policía humanista y pacifista, el policía de la revolución bonita…

Señora ministra del Interior, no basta con decir que se investigará hasta las últimas consecuencias y que el caso del funcionario homicida es un hecho aislado. La ministra debería saber que la teoría de la manzana podrida está más que superada para explicar la corrupción policial o la acción criminal de funcionarios. Todo funcionario policial interactúa con un ambiente profesional que puede ser permisivo, con superiores que no velan adecuadamente por las acciones de sus supervisados o que, incluso, no dan un buen ejemplo; hace su trabajo en un contexto que puede tolerar, hacerse la vista gorda, mirar hacia otro lado y no velar por el cabal cumplimiento de las normas y de los derechos humanos, y que puede hasta “celebrar” algún exceso.

Señor defensor del pueblo, ya al pueblo, y a las miles de madres en luto,  no les basta con condenar airadamente el hecho. No es suficiente para la madre y el padre de Kluivert. Al lado de ese funcionario asesino estuvieron compañeros que lo ayudaron a escapar, que lanzaron bombas lacrimógenas y que quizás también dispararon sus armas. Ese funcionario asesino tiene un jefe, está insertado en una jerarquía y cadena de mando. Las autoridades regionales aparentemente intentaron encubrir el hecho y dar versiones diferentes de lo sucedido. Ahí también hay responsabilidades. No basta con detener al autor material del homicidio. Hay que determinar qué lo llevó a actuar de ese modo. Existen procedimientos policiales que deben ser revisados. Jefes policiales que deben responder por las acciones de sus supervisados…

En China, país ejemplo para algunos de nuestros actuales gobernantes, existe la pena de muerte y es, de hecho, el país del mundo con mayor registro de ejecuciones legales. Al gobierno chino no le tiembla el pulso para reprimir libertades y derechos, pero, sin embargo, meses atrás ocurrieron graves manifestaciones en Hong Kong. A pesar de ser un régimen comunista, de ser un gobierno duro e implacable con la oposición, en esas protestas no mataron a nadie, no se registró ni una sola víctima mortal. ¿Qué pasa entonces en Venezuela?

Estos puntos, señora ministra, señor defensor del pueblo, deben ser revisados con urgencias. Ya en el Zulia se menciona que otro liceísta, Joander José Escacio Palmar, de 17 años, fue asesinado por el Ejército, y estudiantes universitarios denuncian la desaparición y ejecución de compañeros… ¿Entonces, se trata de un caso aislado o de otra cosa?