• Caracas (Venezuela)

Marcos Tarre

Al instante

Iniciativas para la seguridad desde la Asamblea

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

¿Hasta qué punto el grave problema de la violencia y el crimen influyeron en los 8 millones de venezolanos y venezolanas que votaron por la MUD en las elecciones legislativas del 6 de diciembre? ¿Cuántas víctimas o familias de víctimas de los homicidios, de los secuestros, de robos y atracos, de afectados por la corrupción, la extorsión o hartos del miedo y de seguir cediendo espacios y calidad de vida al hampa, prefirieron la opción opositora como castigo por la pésima gestión y terrible indiferencia e incapacidad demostrada por el gobierno en esta materia en los últimos años?  ¿Cuántos votaron por la MUD con le esperanza de ser oídos, para no ser excluidos o en demanda de justicia? Venezuela, el Estado y la sociedad están en deuda con todas las víctimas de la violencia por acción u omisión y es perentorio tomar iniciativas desde la Asamblea Nacional. Todo el país lo espera y lo necesita…

Además de recuperar las tradicionales pero necesarias funciones de debatir, investigar y controlar propias de la Asamblea Nacional, perdidas, olvidadas o usurpadas en la vóragine de 10 años de mediocres aplanadoras rojas; así como el papel de asignar y aprobar presupuestos adecuados para el sistema judicial, policial y penitenciario o la reforma y actualización urgente de algunas leyes, como las relativas a la Delincuencia Organizada o Corrupción; los diputados de la nueva legislatura podrán también dar importantes pasos para introducir herramientas que ayuden rápidamente a mejorar la crítica situación de la seguridad ciudadana.

Algunas leyes pueden ser tan sencillas como regular el uso y número de escoltas asignados a funcionarios públicos. En el régimen Chávezmaduro hemos visto cómo hasta las esposas de primos de subdirectores de ministerios o alcaldías tienen guardaespaldas. El desastre que han creado en el área de seguridad han tratado de mitigarlo asignándose escoltas a diestra y siniestra, beneficiando a los enchufados con burbujas de seguridad y perjudicando al ciudadano común al alejar de la calle y del servicio público a centenares de funcionarios policiales o guardias nacionales. Una ley que regularice la asignación de escoltas puede devolver de un solo plumazo a todos esos funcionarios a sus funciones naturales y reforzar el número de efectivos disponibles para la seguridad ciudadana.

En otro orden de ideas y de complejidad, la corrupción en los cuerpos policiales y la pésima gestión de algunos de ellos puede y debe ser corregida con leyes y normativas modernas y audaces. La banal explicación, sostenida por ministros o jefes policiales de que un exabrupto, violación de derechos humanos, delito o grave falta cometida por un funcionario es un “caso aislado” que no refleja a la institución, teoría conocida como de la “manzana podrida”, hace años que ha sido rebatida y superada en el mundo. Los funcionarios forman parte de un cuerpo, de un sistema que muchas veces tolera, es indifererente o hasta apoya los hechos irregulares, que tiene jerarquías y jefes que deben ser responsables de lo que ocurre entre sus supervisados tanto bajo el punto de vista administrativo como penal. En los cuerpos policiales pueden instrumentarse medidas preventivas para reducir las oportunidades para el funcionario corrupto, para aumentar los riesgos para aquellos oficiales o agentes que violen la ley o que rompan los códigos de ética y conducta de la institución; así como premios y castigos para los resultados de la gestión policial. Se puede legislar en materia policial para instaurar la obligación de la transparencia, la rendición de cuentas y abrir los canales formales para la participación de la sociedad  civil y de las comunidades en la gestión de las políticas de los cuerpos policiales; así como para afianzar el desarrollo de la carrera y especialización del funcionario policial y afianzar su vocación de servidor público.

La impunidad imperante, violatoria de los derechos de las víctimas y de sus familiares, requiere medidas urgentes, algunas inmediatas para agilizar y facilitar los procedimientos y expedientes policiales, con transparencia, equidad, eficacia y pulcritud; y otras a mediano y largo plazo para instaurar en el sistema judicial herramientas que agilicen los procesos, jueces y fiscales independientes, con formación y criterio que asuman la titánica tarea de sanear el Poder Judicial y hacer que el ciudadano recupere la confianza en estas instituciones. Una atención especial y capítulo aparte merece el sistema penitenciario para recuperarlo, mediante las leyes adecuadas, de las garras de la delincuencia organizada y convertirlo en el instrumento del Estado, no solo de humano castigo al delincuente, sino también de reinserción social.

También es urgente la desmilitarización del tema de la seguridad, legislando para que este problema, netamente civil, sea manejado por civiles con óptica y perspectivas civiles, haciendo enfásis en asegurar que se destinen recursos y se creen efectivas políticas y programas de prevención, no solo limitados al ámbito cultural y deportivo, sino que garanticen el apoyo a proyectos y programas de la sociedad civil destinados a menores y personas en situación de riesgo, que fomenten la integración, la resiliencia, la tolerancia y que brinden opciones a madres adolescentes o mayores de edad que no tienen capacidad para  atender a un recién nacido, evitando así la venida al mundo de más niños no queridos, sin hogar y sin futuro…

El tema del desarme, tan desgastado por el gobierno y con tan pobres resultados, no puede limitarse a tristes y descoloridos letreros en la entrada de restaurantes y centros comerciales. Debe ser retomado de forma seria por la Asamblea Nacional, creando heramientas que resuelvan de una vez por todas la inconcebible existencia de grupos y colectivos que portan, usan y exiben ilegalmente armas. Hay que diseñar las políticas necesarias para un desarme progresivo y efectivo, que limite realmente el tan fácil acceso a las armas por parte de los delincuentes.

La indiferencia total del gobierno en relación con las víctimas de la violencia, que puede abarcar a cerca de 10% de la población del país, debe ser subsanado con leyes que creen los mecanismos de apoyo, resguardo y resarcimiento, tanto con medidas directas a través de alianzas con asociaciones no gubernamentales, gremios, universidades y centros de investigación; como con medidas indirectas como la discriminación positiva para asquellas personas o familias que se hayan visto afectadas por la violencia criminal.

El tema de las estadísticas delictivas, absurda e ilegalmente restringidas por el régimen Chávezmaduro, privando a los mismos cuerpos policiales, a los medios de comunicación, a los centros de investigación y al ciudadano interesado de una herramienta esencial para estudiar y prevenir el delito, debe ser replanteado, analizado y legislado. Ya es hora de poder contar con centros de investigación públicos, privados o mixtos, independientes y objetivos, que brinden información veraz y técnica en esta materia.

Estas son algunas ideas, líneas gruesas para la discusión y el debate, que pueden evidenciar un cambio significativo en materia de seguridad ciudadana. La nueva Asamblea Nacional lo puede hacer. El país y sus ciudadanos lo demandamos…