• Caracas (Venezuela)

Marcelino Bisbal

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Marcelino Bisbal

Leyes y propósitos hegemónicos

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I

El ramillete de problemas por los que atraviesa Venezuela es inagotable, incluso diríamos que casi indescifrable. Imposible de enumerar al detalle cada uno de ellos. Ahora el gobierno nacional cree, a estas alturas no sabemos si de buena fe, que dictando leyes y más leyes esos problemas se van a resolver de manera instantánea. Una de las características del proceso político que han denominado socialismo del siglo XXI  es darle el ejecútese a muchas leyes. El principio ha sido y sigue siendo la construcción del nuevo Estado social y, al mismo tiempo, el hundimiento del viejo Estado burgués, como declarara el responsable de todo este des-orden jurídico, político, social y económico en el que está sumido el país.

Hay antecedentes de esto que llamaremos agenda hegemón. Recordemos solamente la última Ley Habilitante del entonces presidente Hugo Chávez que por 18 meses consecutivos (desde noviembre de 2010 a junio de 2012) legisló por decreto a su antojo y libre albedrío. Recordemos también lo que se llamó la asonada parlamentaria de diciembre de 2010. En tan solo dos semanas la Asamblea Nacional de ese momento, a punto de terminar su período, saltándose la obligatoria consulta al país, aprobaba veinte leyes. Las disposiciones de aquel momento le dieron otra cara al país y se avanzó más en el proceso político de refundación de la república.

No es casual entonces que el presidente Nicolás Maduro volviera a acudir a una nueva Ley Habilitante (el 19 de noviembre de 2013). El principio ha sido el mismo: legitimar el avance del proyecto socialista y revolucionario. Han sido 45 decretos-leyes en los últimos dos días del vencimiento de dicha ley. Con seguridad el propio presidente de la república no ha tenido el tiempo ni la necesaria paciencia para leer y pensar las consecuencias de todo lo que firmaba. Más de la mitad de esas leyes van orientadas hacia el tema económico, representan –como han dicho varios juristas– un extenso control estatal sobre la vida de los venezolanos. Fernando Mires en una oportunidad habló de golpe de Estado a la Constitución.

 

II

Este preámbulo nos sirve para referirnos a una ley aprobada en la Habilitante y a un proyecto de ley que según han declarado debe estar refrendado el 15 de diciembre, o quizás en el nuevo período legislativo en el inicio del nuevo año.

 

Pues bien, aquí va la primera nota. Desde el año 2013 viene rodando la Ley de Cultura. Había sido aprobada y solo faltaba el ejecútese y la debida publicación en la Gaceta Oficial. Se vuelve a aprobar por Ley Habilitante el 23 de noviembre de este año. El Ministerio de la Cultura publicó una serie de tuits diciéndonos: “Esta ley tiene objetivos como la transferencia de conocimientos y herramientas que sirvan para fortalecer y desarrollar al sector cultural”. Y remata diciéndonos: “Es innovadora”.

Desde el lenguaje empleado, hasta su contenido, nos habla de un proceso de refundación del aparato cultural obviando lo que fueron, con sus altos y bajos, los procesos de institucionalización cultural que desarrollaron primero el Inciba y luego el Conac. Ese recorrido y sus logros no importan, no existen. Ahora debemos referirnos a una cultura socialista, a una cultura multiétnica y multicultural, a una cultura afrovenezolana… El filósofo venezolano, editorialista también del diario Tal Cual, ya dijo respecto a esta Ley Orgánica de la Cultura que es: “Chovinista, estatista, excluyente, censora, populachera, pasadista, ignorante, provinciana hasta en el lenguaje”. Además la ley niega fenómenos como la globalización y su consiguiente mundialización de la cultura, deja de lado la creación individual, prioriza solamente la creación colectiva, no existen creadores más allá del Estado y el poder popular… En síntesis, la propuesta de esta ley es la de la creación de un nuevo hegemonismo desde la cultura: limitación de las expresiones culturales, el sector cultural queda sin participación ni poder de decisión. También excluye a los actores culturales que no hagan vida comunal.

Eso no es todo. Hoy se está discutiendo un proyecto nuevo sobre la comunicación (¡otra vez!). Se refiere al Proyecto de Ley de Comunicación Popular que viene andando desde el año 2011 y que ya en ese momento se había aprobado en primera discusión. Este proyecto pretende, así lo expresa, resguardar a los comunicadores comunitarios y alternativos. La prioridad, nos dicen, es la necesaria democratización de las comunicaciones, especialmente las radioeléctricas. Se crea un fondo para el fortalecimiento de los medios comunitarios que será manejado desde la Vicepresidencia de la República, con aporte de 1% sobre el ingreso bruto contable anual de las empresas de publicidad y mercadeo. Esta contribución no constituirá un desgravamen al impuesto sobre la renta. Se habla de un Consejo Nacional de Comunicación Popular adscrito a la vicepresidencia desde donde emanarán las políticas para la coordinación, fortalecimiento y el desarrollo colectivo de estos medios.  Ya lo apuntaba la investigadora Raisa Urribarrí: “En el tránsito del siglo XX al XXI, los medios comunitarios se convierten en gobunitarios”.

Esta es apenas una referencia al saldo neto de todos estos decretos-leyes aprobados y otros que esperan aprobación. Incluso se ha anunciado una ley para regular el uso de las redes sociales y una ley que regulará los servicios de telefonía celular. Una intervención más. Todo este des-orden es con el propósito de avanzar en el diseño y puesta en práctica de una hegemonía que seduce al gobierno nacional. Poco a poco así ha sido.