• Caracas (Venezuela)

Manuel Donis

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Hay que dar el segundo paso ante Guyana

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La canciller Delcy Rodríguez declaró en fecha reciente (24 de mayo) lo siguiente: “Las aguas siguen en la suerte en el territorio. Venezuela ratifica los derechos soberanos sobre el Esequibo. Mientras no exista una decisión sobre nuestro territorio, no pueden usar sus aguas que no están dispuestas para otros fines. En este sentido enviamos comunicación a la Exxon Mobil solicitándole que paralizara sus actividades en esa zona”.

Estamos de acuerdo con la canciller en casi todo. “Las aguas siguen en la suerte en el territorio” solo puede significar que la delimitación de los espacios marinos y submarinos en la Zona en Reclamación debe ser resuelta por acuerdo entre las partes, previo arreglo de la frontera terrestre, que por naturaleza es la que define dichos espacios marítimos. Esta es la condición irrenunciable: “Mientras no exista una decisión sobre nuestro territorio, no pueden usar sus aguas [Guyana, entendemos; y muchísimo menos las compañías petroleras] que no están dispuestas para otros fines”.

“Venezuela ratifica los derechos soberanos sobre el Esequibo”. Esto es: Venezuela exige sus derechos en la Zona en Reclamación en virtud de sus legítimos títulos. Venezuela busca una solución práctica a la Controversia como lo establece el Acuerdo de Ginebra, documento en el que está implícito el reconocimiento por parte de Gran Bretaña y Guyana de las irregularidades del Laudo Arbitral de París de 1899.

En cuanto a la frase: “En este sentido enviamos comunicación a la Exxon Mobil solicitándole que paralizara sus actividades en esa zona”, Venezuela reitera su posición, ya expresada el 7 de abril del año en curso en carta dirigida al gerente de la empresa Exxon Mobil, Jeff Simon, firmada por la Canciller: “Venezuela insta de nuevo a esa empresa privada trasnacional, de manera formal y categórica, evitar cualquier incursión en dicho espacio marítimo”.[1]

En este punto disentimos con la posición asumida por el gobierno. Se trata de un asunto de Estado. Debió enviarse al gobierno guyanés una enérgica nota de protesta en primer lugar, por ser este el que otorgó los permisos a las compañías petroleras para que operaran en la zona, exigiéndole el retiro de dichos permisos y las explicaciones correspondientes.

En este punto no puede haber vacilaciones. Venezuela tiene legítimos derechos en la Zona en Reclamación. Y no se piense por un instante –algunos han querido crear una matriz de opinión– que la reclamación se reactivó en 1962 bajo el gobierno de Rómulo Betancourt, porque en el gobierno de la entonces Guayana Británica estaba Cheddi Jagan y el partido PPP que era miembro de la Internacional Comunista. Tampoco como producto de la presión de Estados Unidos ante Betancourt para iniciar la reclamación y desestabilizar el gobierno de Jagan.

Esta visión, marcada por una clara intención política, es, por decir lo menos, injusta. No tiene asidero histórico y menosprecia los esfuerzos  de la diplomacia venezolana por llegar a una solución práctica y satisfactoria en el Esequibo a lo largo del siglo XX.

Conviene recordar que la decisión arbitral de 1899 –no ajustada a derecho– fue rechazada de inmediato por el gobierno de Venezuela al apenas conocerse, declarándola nula e írrita. Nuestro agente José María de Rojas protestó contra el Laudo, pronunciándose en el mismo año y en igual sentido el presidente Ignacio Andrade. En julio de 1900 la Legación Británica en Caracas notificó al gobierno venezolano que si antes del 3 de octubre no enviaba su comisión demarcadora, su país procedería a la demarcación por sí sola. Los venezolanos, obligados, nos incorporamos a la demarcación en noviembre del mismo año para evitar daños mayores.

La revisión del Laudo comenzó a exigirse de forma sucesiva bajo el gobierno del presidente Medina Angarita en 1944, con participación del Congreso Nacional. En 1948 Rómulo Betancourt se pronunció en igual sentido en la IX Conferencia Interamericana realizada en Bogotá. En 1949 se publicó el Memorándum del norteamericano Severo Mallet Prevost, quien fuera secretario de la Comisión creada en 1895 para investigar e informar todo lo concerniente a la controversia entre Venezuela y Gran Bretaña; y además fue el más joven de los abogados que “defendieron a Venezuela” en el Tribunal de Arbitraje. En su famoso Memorándum, se revelaron las intimidades de la farsa de París.

En 1951, en la IV Reunión de Consulta de los ministros de Relaciones Exteriores de los países americanos, el canciller venezolano Luis Gómez Ruiz se pronunció a favor de una justa reparación en nuestra frontera oriental. El consultor jurídico de la Cancillería, Ramón Carmona, hizo reserva ante la X Conferencia Interamericana realizada en Caracas en 1954, en el sentido de que nuestro país no aceptaría nada que pudiera “menoscabar los derechos que a Venezuela corresponden… ni como una renuncia de los mismos”.

En 1956 el canciller venezolano ratificó este criterio; y de nuevo en 1960, en la Cámara de Diputados; y ante una delegación parlamentaria del Reino Unido. En 1962 Venezuela planteó la cuestión de límites con la Guayana Británica en la Comisión Política de la Asamblea General de las Naciones Unidas (12 de noviembre), con el propósito, de “poder ahora solucionar amistosamente este problema con el Reino Unido”.

Venezuela logró mediante un acuerdo que Gran Bretaña accediera a una revisión de los documentos, por lo que se realizaron tres conferencias ministeriales de Londres en 1963 y 1965; y en Ginebra en 1966. Resultado de esta última fue el Acuerdo homónimo.   

Venezuela fue más allá y decidió admitir a Guyana, la ex Guayana Británica, en dicho documento. No hacerlo equivalía aceptar que Gran Bretaña, como potencia colonial, podía resolver sobre asuntos de una próxima nación independiente, admitir las tesis colonialistas de la que fuimos víctimas y enfrentar el inmediato repudio guyanés por un asunto de esta magnitud del cual fue excluida.

Así que la tesis de que la reclamación no es venezolana sino producto de una imposición estadounidense no tiene asidero alguno. Pero tampoco se debe contaminar la reclamación con comentarios como este: de acuerdo con la canciller, el hecho de que la Exxon Mobil esté realizando actividades exploratorias en la Zona en Reclamación no está desligado de “la insólita acción coetánea del gobierno de Estados Unidos de declarar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria”.

La politización del diferendo nos hace un daño irreparable. El asunto requiere una política de Estado producto del consenso de todos los venezolanos. La definición ideológica de los gobiernos debe ser un factor ajeno a la integridad territorial del país. ¿No lo está demostrando Guyana en los actuales momentos, cuando cuenta entre sus aliados a Estados Unidos, Cuba, Brasil y los países del Caricom?

El gobierno nacional debe exigir de manera contundente el cumplimiento del Acuerdo de Ginebra y buscar una solución práctica y satisfactoria a la controversia. Se debe aprovechar el interés de Guyana por el petróleo de la Zona en Reclamación.

Se debe mantener el criterio de que la delimitación de los espacios marinos y submarinos debe resolverse por acuerdo entre las partes, previo arreglo de la frontera terrestre entre las dos naciones. Esta debe ser la condición irrenunciable.

Se debe mantener el patrullaje de la Armada en la fachada atlántica.

Hay que dejar de lado, como lo sostiene ahora Guyana, la figura del Buen Oficiante y designar de inmediato un negociador-facilitador a tiempo completo. Acudir a la Corte Internacional sería quebrar el Acuerdo de Ginebra, ya que el proceso de un juicio internacional no es un asunto práctico.

Pero para lograr estos objetivos debe existir voluntad y sinceridad política para resolver la controversia; y dejar de lado la política errática, reactiva frente a Guyana.



[1] .- www. ultimasnoticias.com.ve, 8 de abril de 2015, 15. Y en El Mundo, Economía y Negocios, 8 de abril de 2015, 18.