• Caracas (Venezuela)

Luis González del Castillo

Al instante

Seguridad, Estado y libertad

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Desde el punto de vista de una política de Estado, coherente, de largo aliento, objetivamente analizada, existen varios puntos que consideramos imprescindible señalar a objeto de lograr de manera consensual, radical (asentada en raíces de valores y principios) y sostenible como política permanente, un éxito como política vital y subrayamos nuevamente como política de Estado la superación de dicho orden criminal existente.

En principio debo señalar que toda política para combatir eficazmente la criminalidad y la violencia, en un Estado democrático, debe basarse en la justicia. De allí que el primer pensamiento de un estadista será entonces reconocer que el Estado debe proveer todos los recursos y tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar, con apoyo decidido de los otros poderes –Asamblea Nacional, Poder Ejecutivo, Poder Ciudadano– las capacidades necesarias del Poder Judicial para hacer justicia.

La distorsión de la justicia por intervención de otros poderes sobre el Poder Judicial y los jueces; la desprofesionalización de los jueces, mediante la ideologización y el reparto del botín de cargos en este poder, subyugándolo a las órdenes de otros poderes, es destruir la justicia.

En segundo término, el aplicar una política de miedo, de represión incontrolada y dispersa, sin la inteligencia previa debida, que afine muy bien y apunte a la necesaria represión del crimen con los métodos tecnológicos y científicos necesarios y de la más alta preparación de los cuerpos de seguridad Estado, dándoles un trato acorde con su delicada misión, como nos ha sucedido, deviene en los altos porcentajes de corrupción y perversión de cuerpos policiales y militares, que debiendo ser garantes depositarios de la confianza del pueblo y del Estado mismo terminan convirtiéndose en parte del problema, como redes de criminalidad enquistadas en tales organismos.

En tercer término, la condición democrática del Estado debe siempre prevalecer por encima de tentaciones dictatoriales que, sacrificando la libertad del ser humano, pretenden “salvarlo”. Es necesario entender que aun frente a terribles amenazas del mundo actual, como son el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico humano y la criminalidad desbordada, que asesina y viola toda clase de derechos humanos, el Estado es la respuesta firme, clara y contundente para salvar la propia vida, la libertad y la paz de los ciudadanos.

Termino compartiendo una de las expresiones que encontré como muy apropiada en una obra del ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, escrita por el Tribunal Supremo de ese país:

“Nuestra Constitución es un pacto que va desde la primera generación de estadounidenses hasta nosotros, y que se extiende a las futuras generaciones” (Al Gore. 2007. El ataque a la razón. Debate. Pág. 296).

En nuestro caso venezolano hemos vivido de Constitución en Constitución, creyendo que el problema del país es un problema solo normativo de Estado, sin realmente centrarnos en afianzar un pacto político constitucional defendible por todos y en beneficio de todos. Desarrollar un Poder Judicial creíble que nos dé garantías a todos de poder vivir en nuestro suelo venezolano, dirimiendo nuestras diferencias de manera civilizada para bien de nuestra generación de jóvenes de hoy y del futuro, es la tarea política prioritaria de una verdaderamente responsable dirigencia política nacional.