• Caracas (Venezuela)

Libertad de expresión

Al instante

La libertad de expresión asediada por el chavismo

El Poder Judicial, la monopolización del papel periódico, las descalificaciones y la posibilidad de que no se renueve la concesión del espectro radioeléctrico constituyen un armazón que ha llevado a algunos periodistas a autocensurarse sobre algunos temas. Desde 2005, IPYS ha registrado 101 normas contra la libertad de expresión, 967 agresiones físicas contra trabajadores de la prensa y 600 usos abusivos del poder estatal. De acuerdo con registros de Espacio Público, ocho diarios regionales y dos suplementos han dejado de circular; eso sin contar el reciente caso de El Carabobeño

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

“No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión, que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactada la medida. Así que vayan preparándose. Apagando los equipos, pues”, dijo el ex presidente Hugo Chávez en diciembre de 2006, en referencia a RCTV. La no renovación de la concesión del canal, que conllevó a su cierre, fue una semilla que sembró miedo en los medios y los periodistas. Un miedo que en la actualidad se traduce en autocensura.

El argumento del chavismo fue que RCTV apoyó el golpe de Estado de abril de 2002, lo que Marcel Granier, presidente del canal, ha negado reiteradas veces.

La televisora fue cercada de tal manera que ni siquiera puede transmitir a través de señal por suscripción, luego de que en 2010, Conatel ordenara a las operadoras de cables sacarla del aire. El organismo consideró que, al ser un canal de producción nacional, debía cumplir la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

Tampoco se acató la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se solicita el restablecimiento de la señal de RCTV. De acuerdo con la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el fallo del organismo es inejecutable porque contradice la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución de Venezuela.

“Es una violación más a todos los convenios internacionales que ha firmado Venezuela y a la Constitución, que es muy clara en cuanto al establecimiento de la obligación del Estado de cumplir sentencias referentes a derechos humanos”, dijo Marcel Granier. Opinó que la decisión igualmente ratifica que el TSJ se convirtió en una “pandilla al servicio del régimen”.

A la desaparición de RCTV se sumaron los cierres de más de 32 emisoras de radio en 2009 y de dos canales de televisión regionales. Diosdado Cabello era el director general de Conatel en ese momento.

Han pasado casi nueve años de las últimas imágenes que transmitió RCTV, en las que se vio a los trabajadores entonando el Himno Nacional, hasta que una pantalla en negro dio paso a la Fundación Televisora Venezolana Social (Tves). Los medios no han dejado de recibir críticas y amenazas. Desde 2005, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) ha registrado 344 limitaciones para acceder a la información pública, 101 normas contra la libertad de expresión, 967 agresiones físicas y siete asesinatos de trabajadores de la prensa; siete agresiones normativas, 600 usos abusivos del poder estatal, 57 censuras por parte de instituciones, cuatro censuras indirectas, 110 censuras internas y cinco casos de denuncias relacionadas con la prensa que quedaron impunes.

A principios de año, el presidente Nicolás Maduro amenazó a algunas televisoras: “Ahora están desatados. Ustedes ven cómo está Televen, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner un ejemplito facilito: ¿cómo está Globovisión? Desatado, creen que llegó... Uno ve a Globovisión y Televen y es 9 de abril de 2002. Se van a equivocar, señores dueños de Globovisión y Televen. Y después no hay arrepentimiento”.

En otra declaración, y con expresión más agresiva, calificó de ladrones a quienes dirigen Globovisión, también dijo que los medios privados tenían una guerra contra él.

Para otros funcionarios del Estado los medios también están en guerra contra la Revolución. Delcy Rodríguez, canciller de la República, indicó en enero durante una entrevista ofrecida a VTV, que contra Venezuela se activó un poderoso aparato mediático mundial, con el objetivo de desprestigiarla.

Carlos Correa, director de Espacio Público, lamentó que el gobierno desconozca la pluralidad y la diversidad en los medios de comunicación. “No es democrática. Es una relación que cuestiona la crítica y al que piensa distinto”. Indicó que el Ejecutivo sobrestima a los medios, por lo tanto, si lo que informan no es complaciente o adulante, será interpretado como una agresión.

Pero el papel de los medios no es ser complacientes con el poder, sino críticos, a juicio de Correa. “Su finalidad es hacer que la gestión gubernamental sea mejor”, señaló. Añadió que la presidencia busca “invisibilizar” los errores de su gestión.

La justicia de la censura

David Natera, director de Correo del Caroní, fue condenado a 4 años de prisión por los delitos de difamación e injuria continuada. La pena fue emitida en la madrugada del 11 de marzo por el Tribunal Sexto de Juicio del estado Bolívar, a cargo del juez Beltrán Javier Lira. El motivo fue la cobertura informativa que hizo el diario regional en 2013 sobre el caso de corrupción en CVG Ferrominera Orinoco.

La pena incluyó una multa de 1.137 unidades tributarias y la prohibición de publicar noticias que vinculen al empresario Yamal Mustafá con el caso.

Debido a las averiguaciones sobre la corrupción en la Ferrominera, el Ministerio Público imputó a Mustafá por delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir. A pesar de ello, el empresario demandó al diario bolivarense. Estuvo retenido más de dos años y actualmente goza de libertad plena, después del sobreseimiento de su causa penal en diciembre de 2015.

“La sentencia de Correo del Caroní es absurda. El monopolio de la verdad no lo tiene el Poder Judicial. En una sociedad democrática, la verdad se construye a partir de la deliberación”, expresó Carlos Correa. Señaló que el cargo por difamación e injuria debería eliminarse de las condenas penales. Explicó que su finalidad de reparar el daño del honor de una persona no se cumple, y causa que la sociedad se abstenga de tocar ciertos temas.

El director de Espacio Público indicó que si a una persona se le ha perjudicado su honor, lo más correcto es que acuda al mecanismo de réplica, “como lo establecen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

“En caso de un daño, la sanción debe ser civil y proporcional. (...) A veces en la región las sanciones civiles son muy costosas, entonces, lo que hacen es acabar con el medio de comunicación”, añadió.

Oscar Murillo, jefe de redacción de Correo del Caroní, dijo que el problema es que, luego de la sanción penal, se discute la civil, la cual, en caso de ejecutarse, podría afectar económicamente al periódico regional.

Mencionó que la noticia sobre el caso de corrupción se publicó en varios medios de comunicación, por lo que se preguntó por qué Correo del Caroní fue el único que incurrió en los delitos imputados.

Para Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, el dictamen denota una presión de los altos funcionarios del gobierno hacia los medios impresos. “Nos negamos a que los medios sean culpabilizados, porque cuando se denuncian hechos de corrupción, pareciera que los denunciantes son los castigados, cuando debería ser  todo lo contrario”.

No es nuevo que algunos medios de comunicación sean acusados por informar. El año pasado, Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, demandó a El Nacional, La Patilla y Tal Cual por haber informado acerca de su presunta vinculación con la supuesta organización de narcotráfico Cartel de los Soles. La acusación provino del diario español ABC, que se basó en las declaraciones de Leamsy Salazar, quien fue escolta de Cabello.

María Engracia Chirinos, directora de libertades informativas de IPYS, afirmó en entrevista concedida a El Nacional Web en marzo, que entre 2013 y 2015 se abrieron 20 procesos legales contra medios de comunicación.

El instituto señaló que el año pasado algunos periodistas se limitaron al momento de informar sobre temas como hechos de violencia, conflictos con autoridades del gobierno, escasez de alimentos o narcotráfico. Ello obedece al miedo hacia una posible demanda judicial.

Andrés Cañizales, periodista e investigador del Centro de Investigación de la Comunicaciones de la UCAB, dijo que los medios informativos ahora omiten ciertos contenidos por miedo a ser sancionados. Un ejemplo es el caso de los mineros asesinados en Tumeremo, destacó.

Socialismo monopolizador

Con el titular “Zarpazo a la libertad” se despidió el 17 de marzo la versión impresa de El Carabobeño. La administración del diario hizo gestiones ante la Corporación Maneiro para adquirir más papel, pero no lo recibió; ahora solo está disponible en web. 

La historia tiene precedentes. De acuerdo con registro del 11 de marzo de Espacio Público, ocho diarios regionales y dos suplementos han salido de circulación desde que inició el problema con el papel: Diario Antorcha (Anzoátegui), Diario Caribe (Nueva Esparta), Diario La Costa (Falcón), Diario La Opinión (Cojedes), Diario Primera Hora (Caracas), Periódico de Occidente (Portuguesa), Diario de Sucre (Sucre), La Mañana (Falcón), el suplemento Etcétera de La Prensa de Monagas y el Suplemento Infantil de El Carabobeño. Además, los diarios La Nación (Táchira), El Impulso (Lara), Última Hora (Portuguesa), El Sol (Maturín) y Correo del Caroní (Bolívar) redujeron la oferta de sus ediciones.

La ONG advirtió que los 86 periódicos que integran la Cámara de Periódicos Regionales están en riesgo.

IPYS informó que desde agosto de 2013 hasta marzo de 2016, 45 medios impresos de 15 estados reportaron dificultades para obtener bobinas y tinta.

“Ya hay varios diarios que han dejado de salir o están en amenaza de dejar de funcionar. Creo que ese factor será importante este año”, indicó Carlos Correa. Aseveró que la restricción del papel es ilegítima y la definió como una dinámica de hostigamiento. Destacó que ese problema no lo padecen los medios del Estado.

Tinedo Guía consideró como un atropello que el Complejo Editorial Alfredo Maneiro negara el material a El Carabobeño. “El gobierno se vale de esto para negarse a asignar los recursos en la compra de papel. Buscan que los medios bajen la cabeza frente a las mentiras”.

Guía acudió el 31 de marzo al TSJ, junto con representantes de Espacio Público y del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, para pedir que se garantizara el acceso a la información. “Estamos introduciendo en la Sala Constitucional un recurso de protección de los intereses difusos y de restitución de los derechos constitucionales que asisten al pueblo venezolano”, explicó el presidente del CNP.

Tomás Guanipa, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, informó que Hugo Cabezas, presidente del Complejo Maneiro, iba a ser interpelado por limitar el papel a los medios. El funcionario no ha comparecido.

Sin certeza

Carlos Correa mencionó que hay emisoras de radio que no saben hasta cuándo tendrán la frecuencia, debido a que no se les ha otorgado la titularidad. Así que, debido a la crisis económica, los directivos dudan antes de hacer nuevas inversiones.