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La autocensura se impuso en los medios el año pasado

Según Ipys,en que en Venezuela dominan los obstáculos para el ejercicio pleno del periodismo | Foto: IPYS

Según Ipys,en que en Venezuela dominan los obstáculos para el ejercicio pleno del periodismo | Foto: IPYS

De acuerdo con un estudio publicado por IPYS,  el temor a amenazas legales hizo que muchos periodistas decidieran no informar sobre ciertos temas. En tres años se han presentado 20 procesos judiciales contra medios de comunicación

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En Venezuela, urge  respetar la libertad informativa como un derecho fundamental para el ejercicio del periodismo.

Lo aseguró la directora de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad, Maria Engracia Chirinos, al presentar el Estudio de Censura y Autocensura 2015.

La ONG construyó una radiografía del ejercicio del periodismo el año pasado, con la percepción de 227 periodistas de medios privados, independientes, comunitarios y estatales, que participaron en una consulta que abarcó los 16 estados del país.

El informe arrojó datos alarmantes, según la representante de IPYS.  Los profesionales de la comunicación coinciden en una conclusión que, a  simple vista, resulta preocupante. En el país dominan los obstáculos para el ejercicio pleno del periodismo como mecanismo de control social.

“Existe un patrón muy claro. Hay hechos en donde el periodista decide guardar silencio, y tienen que ver con temas que son de evidente interés público. Los periodistas se inhiben por el miedo a ser demandados y también ante la necesidad de guardar las fuentes de información”, aseguró Chirinos.

El estudio de IPYS reveló que, a lo largo del año pasado, los  periodistas consultados admitieron haber sido indulgentes, es decir, pensaron con detenimiento las consecuencias que se podrían derivar de su función informativa sobre asuntos que le podrían interesar al país, al punto de bordear la autocensura.


Demandas en ascensos

Alrededor de 30% de los periodistas expresaron que una de las razones por las que han decidido no publicar informaciones o autocensurarse sobre temas específicos, es el temor a  las amenazas legales que los podrían llevar a enfrrentar procesos civiles o penales ante las instituciones estatales.

Chirinos reveló las demandas contra periodistas y medios de comunicación se han incrementado en los últimos tres años. En el lapso que va, desde 2013 a 2015 se han abierto 20 procesos legales   contra medios de comunicación.

Esta realidad ha afectado a los profesionales de los medios, 21% de ellos les preocupa la aplicación de las disposiciones sobre difamación e injuria, establecidas en leyes penales del país.


Temas espinosos

El miedo a tocar temas que podrían considerarse incómodos también afectó la percepción de censura de los periodistas, según el estudio de la ONG. La mayoría de estos tópicos pueden ser considerados como de interés público para nuestra sociedad.

De acuerdo con el informe de IPYS, la autocensura sirvió de escudo para cubrir temas vinculados con hechos de violencia, con conflictos con autoridades del gobierno o con el tema de la escasez de alimentos o actividades relacionadas con el narcotráfico.

Sin embargo, estas acciones vinieron acompañadas de presiones de tercera personas. Según la representante de la ONG, 24% de los periodistas recibieron órdenes directas del Ejecutivo de censurar algún tema de interés público.

“Esta actitud no es solamente asumida desde el estado. Sino también desde las instituciones privadas que emiten órdenes de censura, lo que corresponden a la percepción que tuvo 11% de nuestros afectados”, aseguró chirinos.



Poco acceso

La mayor preocupación de los periodistas encuestados tiene que ver con el  poco acceso a las fuentes de información. “Cerca de 71% dijo que tenía como principal preocupación, las fuentes de información, porque a la medida que el periodista no tiene cerca las fuentes, las personas tampoco pueden informarse”, destacó.

Legislar en materia de periodismo es la petición de la mayoría de los comunicadores. Según el informe, 97% de los consultados considera que esto ayudaría a garantizar el derecho a saber de todos los ciudadanos y a establecer las obligaciones que deben tener todos los venezolanos.