• Caracas (Venezuela)

Libertad de expresión

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Periodistas, ONG’s y ciudadanos rechazamos agresiones a la prensa

Instituciones defensoras de la prensa libre en el país fijaron posición con respecto a las agresiones que sufrieron periodistas en el centro de Caracas

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Durante la cobertura de varias protestas registradas en el centro de Caracas este jueves 2 de junio, al menos 14 trabajadores de la prensa entre periodistas, fotógrafos y camarógrafos fueron amenazados, robados y en otros casos golpeados por grupos civiles armados, ante la pasividad y en otros casos acción cómplice de los cuerpos de seguridad.

Rechazamos de forma categórica la criminalización a la que está sometida la prensa venezolana al ser hostigada, amenazada e intimidada de manera reiterada por grupos armados mientras realizan coberturas de calle. Esta serie de hechos se inscribe dentro de un patrón estatal que, encarnado en funcionarios policiales militares, y autoridades públicas, insulta, amenaza y agrede a periodistas y ciudadanos que registran información en su legítimo derecho a la libertad de expresión, al trabajo y a la seguridad personal. 

Solo entre enero y mayo de 2016, Espacio Público registró 40 casos de intimidación, entre impedimento de cobertura, confiscación de equipos y material, detenciones arbitrarias  y 19 casos de agresiones contra trabajadores de la prensa. Situación que es alentada por un discurso hostil desde el alto gobierno, y por la impunidad asociada a la falta de investigación de los hechos violentos denunciados. 

Ante las obligaciones ineludibles del Estado en garantizar los derechos y la libertades de todos los venezolanos, sin excepción, se exigió: 

Que el Ministerio Público adelante las investigaciones correspondientes de los hechos ocurridos y sanciones a los responsables, sean funcionarios públicos o civiles, en el marco de las garantías constitucionales. Estas investigaciones deben conducir a establecer las responsabilidades de manera conclusiva con un procedimiento adelantado de manera independiente.

Que en el marco de sus obligaciones el Estado en sus distintas instancias garantice la búsqueda y registro de información tanto de periodistas como de infociudadanos a fin de respetar y preservar el derecho humano a la libertad de expresión de todos los venezolanos.