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Espacio Público: 147 violaciones a la libertad de expresión en seis meses

Logo de Espacio Público | Archivo

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La ONG Espacio Público publicó un informe sobre la situación sobre la libertad de expresión donde recoge las denuncias de los periodistas, medios y afectados en el primer semestre de 2015

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La ONG Espacio Público registró un total de 147 violaciones a la libertad de expresión en los primeros seis meses de 2015. El mismo periodo de 2014 se produjeron 373 violaciones,  lo que representa una disminución de 61%. Destacan periodistas, medios de comunicación, reporteros gráficos y trabajadores de la prensa como principales víctimas.

El 2014 estuvo caracterizado por numerosas movilizaciones de calle y un incremento en la represión a los manifestantes, en su mayoría durante protestas pacíficas. El 2015 tiene a la intimidación, el hostigamiento verbal y la censura como las violaciones más frecuentes, afirmó la ONG en el Informe Libertad de Expresión.

La intimidación y el hostigamiento verbal se desarrollaron mayormente en el contexto de las colas para la obtención de productos básicos a las afueras de los establecimientos. Se impidió la toma de fotografías o grabaciones, e incluso se presentaron agresiones por parte de cuerpos de seguridad, trabajadores de los comercios, y en menor medida, usuarios en cola.

Para el segundo trimestre del año, el hostigamiento verbal y la intimidación se vincularon a la retención arbitraria de periodistas y sus equipos de trabajo por cuerpos de seguridad o grupos particulares.

También se manifestó en la prohibición de acceso a edificios o espacios públicos por parte de funcionarios bajo motivos personales o de enemistad política.

Algunos ejemplos incluyen la intimidación a la periodista Daniela Nougues de El Estímulo, durante las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Caracas; la incautación de material a la periodista del estado Zulia Madelyn Palmar sobre la situación en el sector El Diluvio. A la reportera de El Nacional, Maru Morales, se le impidió entrar a realizar la cobertura de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional por órdenes directas del director de prensa del parlamento, Hernan Canorea, luego de un impasse entre ambos.

La censura se ubicó como el tercer tipo de violación más frecuente por los dueños o la directiva de medios de comunicación, los cuerpos de seguridad, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Centro de Comercio Exterior (Cencoex), el gobernador del estado Vargas, Jorge Luís García Carneiro y simpatizantes del Gobierno Nacional.

Uno de los casos más relevantes es el de la periodista Génesis Arévalo, despedida del diario La Verdad, del estado Vargas, luego de que diera unas declaraciones en un programa de radio sobre denunciaban hechos de corrupción y lavado de dinero en la construcción de un estadio de béisbol en el estado. El diario La Verdad anunció un cierre de 72 horas por órdenes del gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro,  quien informó que permanecería cerrado siempre y cuando el rotativo cumpla con las exigencias impuestas por el Seniat, la Contraloría y otros entes del Estado.

También destaca el retiro por parte de Conatel de la concesión de la emisora Infinita 90.9 FM de Barinas sin causa conocida.

Entre los funcionarios afectados en las violaciones de libertad de expresión resaltan el director de Conatel, William Castillo, tras haber sido suspendida temporalmente su cuenta de Twitter y el gobernador Henrique Capriles quien fue demandado por siete funcionarios venezolanos, luego de haberlos calificado como “enchufados y corruptos”.

Por los infociudadanos, el joven Raúl Quintero García, fue detenido e imputado por tomar fotografías en una cola a las afueras de un comercio durante el mes de enero, y un grupo de taxistas del estado Táchira, al que le fue confiscado su equipo de comunicaciones por la Guardia Nacional Bolivariana “por no tener los permisos de Conatel”.

El programa 100% Venezuela enfrenta un procedimiento administrativo desde Conatel, pues el organismo considera que a través de ese espacio informativo de denuncias se están “difundiendo mensajes que ofenden a los venezolanos”.

Descalificaciones y detenciones fueron algunos de los métodos usados para silenciar a quienes informaron sobre temas sensibles a la administración estatal que movieron la opinión pública en Venezuela durante el primer semestre de 2015.  

La ONG señaló que los funcionarios públicos desplazaron a los cuerpos de seguridad como principales victimarios. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se ubica como el principal victimario entre los servidores públicos. De 30 arremetidas contra la libertad de expresión 12 fueron ejecutadas por Cabello, entre descalificaciones públicas y demandas judiciales contra medios de comunicación y periodistas.