• Caracas (Venezuela)

Leopoldo Tablante

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Leopoldo Tablante

La maquila va por dentro

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Por muy obsesionado que esté el francés partido Frente Nacional con los trabajadores extranjeros, el hecho es que, a pesar de la xenofobia ambiente, la industria de la construcción absorbe en ese país hasta 45% de mano de obra extranjera ilegal, alrededor de 4% del producto interno bruto, salarios no declarados que los empresarios se las arreglan para seguir pagando: según una encuesta del año 2011 de la publicación Le Moniteur, 65% de los jefes de empresa pensaba que el trabajo “en negro” era necesario.

Algo parecido sucede en Estados Unidos. Aunque el Gobierno federal se inquiete por el influjo permanente de mano de obra no calificada –en su mayoría procedente de México, pero también de otros países centroamericanos, de China, de Filipinas o de India–, el hecho es que esos trabajadores de baja calificación son los que desempeñan muchas actividades de cosecha o de tareas domésticas o manuales sin las cuales la vida urbana y el suministro masivo de alimentos sería imposible. No se trata de que los nativos rechacen necesariamente esos puestos: los empleadores, en típica lógica de maquila, adjudican esas ocupaciones a miembros de la vastísima población de trabajadores ilegales, alrededor de 11 millones de individuos, lo que ha hecho que los salarios generales en este nivel ocupacional se devalúen en cerca de 20%.

Aparte de por un mercado de trabajo que distribuye salarios menos que modestos (aunque sensiblemente superiores a los que se pueden obtener en otras partes), una de las mayores motivaciones de los emigrantes para emprender el viaje tiene que ver con el mantenimiento de la cohesión de sus familias. Menos de 13% de las visas de trabajo expedidas por el United States Citizenship and Immigration Services (Uscis) en 2009 fueron justificadas por que los postulantes tuvieran talentos excepcionales o mantuvieran parentesco con ciudadanos de la unión. Frente a ese porcentaje, 66,1% ingresó al país con visa de turista sin sello de salida (más recientemente, el senador republicano Marco Rubio ha hablado de 40%) o arriesgando el pellejo en la frontera. Quienes optan por esta última solución tienen como incentivo parientes ilegales que a veces lograron conquistar una fracción del sueño americano: mandar a un hijo a la universidad y convertirlo en un individuo competitivo y excepcional, como el talentoso periodista de origen filipino José Antonio Vargas, quien a comienzos del 2011 “salió del clóset” para declararse ilegal.

Casos como éste se generalizan mientras Estados Unidos se apoya en los ilegales para seguir satisfaciendo sus necesidades y sus urgencias de reconstrucción: casi la mitad de los trabajadores que rehabilitaron Nueva Orleans tras la devastación del huracán Katrina era de origen latino, y de ese conjunto 54% se encontraba en situación irregular. Sin embargo, que la ciudad pudiera el fin de semana pasado permitirse ser funcional para acoger a los 150.000 turistas del Superbowl está directamente vinculado con el trabajo de unos clandestinos que muchas veces cobraron mucho menos de lo que el empleador les había prometido.

Estados Unidos se acoraza: mientras el programa de importación de trabajadores agrícolas temporales, conocido con el código H-2A, trata de frenar por medio de formalidades administrativas el ingreso de trabajadores (dentro de un rubro compuesto de por sí hasta por 70% de trabajadores ilegales), la aprobación de mecanismos para regularizar a los clandestinos se enfrenta con la resistencia republicana que, en caso de dar su brazo a torcer, exige el concurso de Robocop para corregir el curso de futuro: rastreo sistemático de salida de los extranjeros que entren como turistas y aguijones aéreos (drones), anónimos y sin piloto, para corretear como a hormigas a esos ilegales de la frontera que, cuando se salvan en la estampida, también se la sudan como hormigas en cualquier ocupación precaria. Eso sí, sin derecho de contradecirse ni opción de regreso al punto de partida.