• Caracas (Venezuela)

Leopoldo Martínez Nucete

Al instante

Un país sin justicia

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Estas últimas dos semanas en la ciudad de Washington DC han estado signadas por una importante cita: las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde hace una década un hecho está de relieve y llama la atención de analistas y observadores. El número de informes sobre la precaria situación de los derechos humanos en Venezuela incrementa todos los años, y en casa sesión de las audiencias se aportan alarmantes datos sobre el deterioro institucional de la Democracia Venezolana.

Este año destacaron presentaciones sobre el tema de los presos políticos, la censura a los medios de comunicación social, y la falta de imparcialidad, independencia y autonomía del Poder Judicial. Este último tema fue elocuentemente presentado por la organización no gubernamental Un Estado de Derecho. Su vocero, el profesor de Derecho Público Antonio Canova, aportó un demoledor estudio que analiza y clasifica las 44 mil sentencias y decisiones dictadas por el TSJ en Venezuela. Su conclusión estadística es impactante: el Gobierno nunca pierde un caso donde exista un interés político expresado por sus voceros, y en casos sin interés político, como demandas de carácter patrimonial por ciudadanos contra órganos del gobierno o empresas públicas, los particulares sólo han logrado "victorias tardías y simbólicas" en menos del 1% de los casos de esta naturaleza, que suman 9 sentencias. Ante tan impactante demostración de falta de imparcialidad, autonomía e independencia del poder judicial venezolano, los Comisionados de la CIDH preguntaron sobre la situación de la carrera judicial en Venezuela, dónde mas del 90% de los jueces se estima son provisorios, y por ende, sujetos a destitución disciplinaria en cualquier momento y sin que medie debido proceso. Luego, esta misma semana, en un foro organizado por nuestro Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas se convocó a varios expertos como el propio Canova, el abogado internacionalista Ignacio Álvarez (ex relator del CIDH) y el Coordinador de Postgrados de la UCV y ex-juez Penal en Venezuela Jesús Ollarves. La provisionalidad de los jueces fue un tema saliente en la discusión con el agregado lapidario expuesto por los participantes: "el terrible caso de persecución contra la Juez Afiuni en Venezuela hizo su trabajo, los jueces tienen miedo a cumplir su función cuanto toca intereses políticos o vinculados al poder del gobierno".

Entre los temas abordados, al analizar el tema de la falta de garantías judiciales en Venezuela, también se analizó el tema de las expropiaciones. La Organización un Estado de Derecho ha hecho un análisis sobre el tema del ataque sistemático a la propiedad privada, consignado en informe ante la CIDH. El periodista Fermín Lares, en ese mismo Foro, expuso los alcances de la investigación contenida en su recién publicado libro: El Expediente del Chavismo. Casi 3,000 expropiaciones en Venezuela han sido efectuadas al margen de la legalidad, sin justa indemnización y lo mas grave, como argumenta Lares en su trabajo, destruyendo las unidades productivas y el empleo que generaban las empresas expropiadas.

Estos son los temas gruesos que un gobierno enfrentado a una crisis económica con las magnitudes que atraviesa Venezuela no puede evadir. Sin garantías judiciales y respeto a la propiedad privada es muy difícil imaginar que nuestra sociedad pueda conocer la prosperidad económica.

Nos leemos por twitter @lecumberry