• Caracas (Venezuela)

Leopoldo Martínez Nucete

Al instante

La amenaza y las sanciones

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El tema inevitable de este momento: las sanciones emitidas por Estados Unidos contra siete funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro incursos en la violación de los derechos humanos en Venezuela.

Ha sido una semana de retórica nacionalista encendida, llamados a maniobras militares y denuncia a gritos de un intento de invasión o injerencia en la soberanía de Venezuela.

Se habla de la “amenaza”. Se denuncia a las sanciones como violatorias de la soberanía nacional. Este discurso de la “amenaza del Imperio yanqui” se lo hemos escuchado incluso a opositores del gobierno, haciendo una concesión histórica a un discurso manipulador, con base en cálculos de opinión pública, en lugar de liderar. Cuando se cae en el terreno discursivo, supuestamente nacionalista, que pretende imponer el gobierno, se comete un error similar al que abrió paso a la falacia que planteó la confrontación entre cuarta y quinta república en la narrativa política venezolana.

Examinemos el tema con meridiana claridad.

El presidente Barack Obama decidió emitir estas sanciones individuales con base en dos instrumentos legales vigentes en Estados Unidos y de efecto exclusivamente interno en ese país. Uno es la Ley Menéndez-Rubio, recién promulgada, ordenando sancionar a los funcionarios venezolanos incursos en violaciones de los derechos humanos con ocasión de la represión y detenciones ocurridas desde las protestas del año pasado en Venezuela hasta la fecha.

Sin embargo, Obama decidió ampliar su radio de acción con base en la Ley de Facultades ante Emergencias Económicas Internacionales. En ese caso, si el presidente de Estados Unidos aprecia discrecionalmente la existencia de una amenaza o riesgo externo, contrario a los intereses de seguridad, la política exterior o la economía de Estados Unidos, puede decretar una emergencia y habilitarse para decretar medidas excepcionales contra individuos, como la revocatoria de visas para la entrada al país y el bloqueo o congelamiento de activos ubicados en territorio de Estados Unidos.

Bajo esta ley invocada por Obama, la amenaza o riesgo es una categoría jurídica que no implica situaciones de guerra, intervención o de carácter bélico, ni siquiera requiere un escenario de conflicto con otras naciones. Basta que el presidente aprecie la existencia de situaciones, gobiernos o personas cuya conducta o actividades suponen una amenaza o riesgo no convencional (extraordinario o inusual) para la seguridad, la política exterior o la economía de Estados Unidos. Por ejemplo, hay decenas de actividades ilícitas que constituyen riesgos y amenazas extraordinarios o inusuales, contrarios al interés nacional de Estados Unidos o de cualquier país. El narcotráfico, por ejemplo, es una amenaza contraria al interés de Estados Unidos, la legimitación o blanqueo de capitales provenientes de la corrupción también lo es. Es por eso que el decreto de Obama expandió su radio de acción, invocando este tipo de emergencia, para incluir sanciones mas allá de las violaciones de los derechos humanos previstas por la Ley Menéndez-Rubio, para también proceder a la revocatoria de visas o sanciones económicas a individuos vinculados con actividades ilícitas como la corrupción y el narcotráfico; lo cual parece es una posibilidad cierta de acuerdo con las investigaciones adelantadas en una docena de casos investigados por las autoridades federales de Estados Unidos.

Para muestra del tipo de conductas sancionables, además de la violación de derechos humanos, basta un botón: el Tesoro de Estados Unidos y el gobierno de Andorra acaban de hacer causa común frente a una compleja operación de legitimación de capitales provenientes de un desfalco de más de 2.000 millones de dólares a Pdvsa.

Frente a todas estas situaciones lo preferible y deseable es que actuaran en primer orden la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial venezolanos. Pero no es así. Las autoridades Venezolanas actúan como si nada de esto estuviese ocurriendo y las victimas, así como el país mayoritariamente, se movilizan para reclamar justicia y solidaridad internacional.

El concepto de soberanía no es absoluto. Venezuela es parte de un conjunto de naciones con obligaciones ante el derecho internacional que sancionan estos hechos cuando no responden las instituciones del país. Lo ideal serían respuestas eficaces en el ámbito del derecho internacional y de parte de instituciones como la OEA o Unasur. Siempre es preferible la aplicación del derecho internacional y el funcionamiento de sus instituciones en lugar de las acciones unilaterales de gobiernos; y también es verdad que al final, es a los venezolanos a quienes corresponde resolver la grave crisis en que vivimos. Pero también es cierto que la solidaridad internacional con la democracia en Venezuela y los derechos humanos de pueblo venezolano exigen pronunciamientos y acciones concretas de los países amigos o vecinos; y mucho más de los gobiernos que están obligados, tanto como el de Venezuela, a defender la vigencia de la cláusula democrática de la Carta Interamericana de la cual es depositaria la OEA.

Nunca estaríamos de acuerdo con sanciones que castiguen al pueblo de Venezuela por los errores de su gobierno o las ilegalidades o atrocidades de sus funcionarios.  Pero las sanciones adoptadas por el gobierno de Estados Unidos no recaen sobre el país ni afectan a los venezolanos como sociedad. Se concretan a sanciones individuales de efecto exclusivo en territorio de Estados Unidos.

Las sanciones consisten en revocar las visas a un grupo que se dice incluye a mas de 50 venezolanos, entre los cuales se les bloquean activos ubicados en Estados Unidos a siete funcionarios del gobierno. La única información pública son los nombres de los siete sancionados por la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. La consecuencia de las sanciones es impedir el ingreso o permanencia en el territorio de Estados Unidos a personas non gratas o deseables por su conducta vinculada, en estos casos y por ahora, a la violación de derechos humanos y a casos de corrupción; e impedirles el acceso y aprovechamiento del sistema financiero y los mercados en Estados Unidos.

Las sanciones individuales decretadas no son injerencistas, pues no tienen efecto extraterritorial ni tampoco suponen intervención alguna en los asuntos judiciales y de otro orden que se estén tramitando o pudiesen tramitar en Venezuela. Su efecto es exclusivamente interno en Estados Unidos.

Finalmente, las sanciones adoptadas por Obama dejan intacta y en absoluta normalidad la relación económica y comercial entre ambos países. Pdvsa sigue vendiendo petróleo en el mercado estadounidense. Citgo opera con absoluta normalidad en Estados Unidos. El gobierno del presidente Maduro se encuentra negociando sin ninguna limitación empréstitos y operaciones financieras en Estados Unidos; y cualquier venezolano no sancionado puede desarrollar negocios con total normalidad en Estados Unidos. Y lo más revelador: el mercado estadounidense sigue siendo el principal comprador, en efectivo y sin descuentos, del petróleo venezolano (la única fuente de ingresos en divisas que mantiene de pie a Venezuela en medio de su grave crisis); y las importaciones de lo que consumimos siguen viniendo principalmente de Estados Unidos.

Es preciso poner las cosas en su sitio. Si el gobierno quiere imponer una narrativa épica como la que se ha escuchado esta semana con ocasión de las sanciones dictadas por el gobierno de Obama, corresponde al liderazgo que representa la alternativa desnudar esa maniobra política. La ley habilitante que se pretende aprobar en Venezuela es solo otro instrumento represivo que intenta cerrar los espacios democráticos en el país.

Por supuesto, sí hay varias amenazas que se ciernen sobre Venezuela, pero no vienen de Estados Unidos. Sobre el pueblo de Venezuela se cierne la amenaza de la inflación y la escasez de productos que se origina en las erradas políticas económicas del gobierno. Sobre los jóvenes y los trabajadores se ciernen la amenaza del desempleo o la pérdida del poder adquisitivo del salario. Al gobierno lo amenaza la elección de una Asamblea Nacional con mayoría de diputados opositores al partido de gobierno, si se le permite al país participar en unas elecciones libres y justas con adecuada observación internacional.

Y, finalmente, las sanciones representan una amenaza a la credibilidad del gobierno en tanto no deslinde y se aparte del camino represivo y corrupto que caracteriza su gestión, porque la comunidad internacional, al documentarse cada sanción adoptada en Estados Unidos contra algún funcionario incurso en hechos represivos o de corrupción, conocerá evidencias de muchas verdades que no se pueden esconder con gritos nacionalistas.

 

Nos leemos por twitter @lecumberry