• Caracas (Venezuela)

Leopoldo Martínez Nucete

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Leopoldo Martínez Nucete

Cuba y Petrocaribe, un derroche inaceptable

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Con el país sumergido en la conflictividad política, el gobierno intenta distraer la atención de los venezolanos con la fantasía de que existe un golpe de Estado. Sin embargo, el problema económico es lo real, y golpea la cotidianidad de forma que el descontento crece, a pesar de las maniobras políticas oficialistas.

La verdad es que el gobierno luce postrado frente a esta crisis económica y social, legado del irresponsable populismo de los últimos 15 años; mientras el país nos exige un concurso de voluntades para promover cambios de impacto financiero, porque la crisis cambiaria amenaza con el desabastecimiento de productos básicos en todo el país.

Hay muchas cosas que deben cambiar, pero entre algunas que tendrían efecto inmediato se encuentra detener el irresponsable derroche de recursos del caótico modelo de cooperación contenido por el Convenio con Cuba y la iniciativa Petrocaribe.

Nos encontramos entre quienes creen en la necesidad de que exista una política de cooperación para el desarrollo hemisférico, en la cual Venezuela contribuya con su potencial energético, pero esto no puede ser al costo del bienestar de los venezolanos o imponiendo sacrificios al país.

Un modelo de cooperación debe promover desarrollo sustentable y recíproco a quienes participan en el mismo. Históricamente así lo habíamos logrado con el Acuerdo de San José. Pero lo que hoy se hace es básicamente leonino para los intereses de Venezuela, y reporta simplemente el beneficio político de la incondicionalidad o neutralidad frente al déficit democrático que exhibe el régimen chavista. Esta política compromete, a precios descontados y con crédito a 25 años, alrededor de 300.000 barriles diarios de nuestra producción petrolera exportable; en consecuencia, no ingresa en caja el contravalor en divisas de dichas exportaciones, y en muchos casos se nos paga la deuda con bienes y servicios a precios más altos que los de mercado. En pocas palabras fiamos nuestro petróleo barato y compramos caro alimentos que antes se producían en el país. El costo directo de este derroche supera los 15 millardos de dólares anuales.

Con el país abatido por la inflación y la escasez, paralizado por un conjunto de graves desajustes macroeconómicos, y amenazado por el continuo declive en la producción nacional, incluida la petrolera, se impone poner fin al derroche que el gobierno mantiene a través de sus convenios con Cuba y el Caribe, para sustituirlo por una cooperación racional, sustentable y de beneficios recíprocos como la que siempre ha promovido Venezuela. Se debe comprometer solamente un nivel de producción petrolera que no afecte nuestros flujos financieros en dólares, teniendo en cuenta nuestras importaciones y compromisos internacionales; y todo país con acceso a precios preferenciales o condiciones de pago especiales en las importaciones petroleras venezolanas debería a su vez importar bienes o servicios de producción venezolana (no lo contrario, como ocurre actualmente).

En síntesis, el volumen de exportación petrolera comprometido en dicha operación debe ser proporcional a las divisas recibidas por Venezuela al colocar sus bienes y servicios no petroleros en dichos mercados. Así era la dinámica del Acuerdo de San José. Sobre esa base, la cooperación promueve desarrollo sustentable, y Venezuela recupera recursos que necesita para atender la crisis que vivimos. En lo inmediato, el gobierno tendría que suspender esos compromisos y vender esos 300.000 barriles diarios de petróleo al precio del mercado internacional. El incremento en la oferta de divisas que implica esta sencilla decisión ayudaría a producir una importante e inmediata racionalización en el sistema cambiario.

El descontento que ya recorre las calles del país no se detiene con represión o censura, se detiene con soluciones al problema económico, y todo comienza poniendo orden en nuestra industria petrolera. Esta medida es una de efecto inmediato, y es moralmente procedente, porque la cooperación internacional no puede significar un derroche de ayudas con recursos que el país y nuestro pueblo necesitan.