• Caracas (Venezuela)

Leopoldo López Gil

Al instante

Leopoldo López Gil

Gobierno privatizante

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Entre las muchas monstruosidades que han surgido de este galimatías llamado revolución bolivariana está la confusión de lo público con los derechos del Estado, entelequia que intenta vestir con toga de democracia a la opresiva dictadura.

Esta absurda pretensión disfraza los tribunales al negar el derecho del público a presenciar sus audiencias con atrabiliarias órdenes de aislamiento, transformando en privado el acto de impartir justicia. Capciosamente llámanse oral y públicos estos  procesos militarizados que se desarrollan encubiertos, prohibiendo el acceso a los medios durante su desarrollo.

Conforme con el pensamiento aristotélico, fundamento de la doctrina del derecho, público es aquello en donde la sociedad participa con el poder que le da la opinión. Al abusar del poder, el régimen ha cercenado nuestros derechos, privatizando y apropiándose indebidamente de una prerrogativa constitucional.

Los presos políticos son sentenciados públicamente por Maduro, quien tira a la basura el principio que considera inocente al acusado hasta que el juicio demuestre lo contrario y ordena a los tribunales cómo sentenciar. Además de violar los derechos humanos, el régimen ha convertido estos procesos judiciales en eventos privados, vetando el derecho del pueblo, al tratarse de acontecimientos públicos, de conocer cada paso de los juicios, hoy mezcla de sainetes y pantomimas donde se condena el derecho inalienable de disentir, pensar distinto y protestar, tal como reza la Constitución y lo ampara la ley. 

Con anillos militares ahorcan el Palacio de Justicia vetando la entrada a la sala del tribunal; siembran temor haciendo uso incorrecto de la fuerza militar. Sacralizan su modelo político y satanizan a la ciudadanía inconforme.

No se puede identificar lo público con lo estatal, ni lo privado con todo aquello que no es Estado. La diferencia entre lo público y privado radica en la existencia del ánimo de lucro en la intencionalidad de las acciones. Donde prevalecen intereses particulares de quienes obtienen beneficios del Estado, lo hacen privado. Es desde aquí desde donde podemos valorar el talante del gobierno, es decir, su carácter público o privado. En Venezuela, el Estado debe ser público  porque los ciudadanos pagan impuestos para nutrir económicamente al gobierno, y porque elegimos a los representantes que legitiman las políticas legislativas que regulan la sociedad. Lamentablemente,  tenemos un gobierno privatizante. No informa, no  participa, no rinde cuentas, como si fuese algo privado.