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Leandro Area

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Lusinchi y el golfo de Venezuela

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(A la memoria del Coronel Alberto Contramaestre Torres)

Recurrido y recurrente es el tema de la valiente postura del recién fallecido presidente Jaime Lusinchi frente a la atrevida decisión belicista del gobierno de Colombia de invadir territorio marítimo de Venezuela en agosto de 1987. Próximos a cumplir 27 años de esa afrenta, volvemos a ella con motivo de la muerte de quien administró los destinos y desatinos del país entre 1984 y 1989, y también porque los pueblos necesitados de recordar victorias la más de las veces militares para dar respiro al presente casi siempre ingrato y excesivo se inventan muletas para atravesar la pesada realidad.

El apetito de Colombia por invadir territorio venezolano ha sido histórico, permanente y persistente, y constituye una política de Estado desde los tiempos en que en 1830 nos separamos de aquel sueño imposible que fue el de la Gran Colombia. Aún tibio el cadáver de Bolívar, los afanes colombianos de expansión territorial se disparan y comienza una historia, aún sin terminar, latente, que se expresa en tres fechas terribles para nuestra integridad territorial, a saber: el Laudo Español de 1891, el Laudo Suizo de 1922, y el Tratado de Límites entre Venezuela y Colombia de 1941.

Aunque con algunos escarceos en 1952, con los que se pretendía desconocer los legítimos derechos del país sobre el archipiélago de Los Monjes, no es en verdad sino en la década de los sesenta cuando reaparecen, aunque ahora marinas y submarinas, las ambiciones expansivas del hermano país, de agallas puestas en el golfo de Venezuela, símbolo vital de nuestra identidad. A todas estas, las grandes potencias han puesto de moda el nuevo derecho del mar y se ha maximizado la importancia geoestratégica del petróleo.  En esas circunstancias, y ya durante el gobierno de Leoni se produce un escándalo denunciado en el Congreso venezolano alrededor de los contratos otorgados por el gobierno colombiano en áreas que Venezuela considera como propias, a empresas norteamericanas vinculadas al tema petrolero. Estas imprecisiones a la larga explican las posteriores conversaciones de Roma durante el gobierno de Caldera y las de Caraballeda en el gobierno de Luis Herrera, e incluso las derivadas de los Acuerdos de San Pedro Alejandrino en 1989, todas sin ningún resultado específico más allá de la frustración colombiana.

Virgilio Barco gana las elecciones en 1986 y nombra canciller al coronel Julio Londoño Paredes, quien ya había ejercido funciones en la Dirección de Fronteras durante el gobierno del presidente López Michelsen. En Venezuela, mientras tanto, gobierna desde 1984 Jaime Lusinchi. Todo normal dentro de lo acostumbrado, hasta que en mayo de 1987 llega a la Cancillería venezolana una “sorpresiva” comunicación en la que se solicita, sin motivo aparente alguno, la reconstitución de una Comisión de Conciliación prevista en el Tratado de No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial suscrito por ambos países en el lejano 1939, con lo cual se intentan dos cosas sin decirlo: romper con el mecanismo establecido por las partes de la negociación directa y, además, desconocer el carácter vital, de independencia e integridad territorial que implicaría la intervención de tal comisión en lo atinente al golfo de Venezuela.

Simón Alberto Consalvi, canciller venezolano, responde a Londoño el 6 de agosto: “…el gobierno de Venezuela no puede ignorar que, aunque la nota de vuestra excelencia no se refiere expresamente a ninguna cuestión pendiente entre ambos países, sin embargo, la prensa colombiana ha vinculado tal iniciativa a la supuesta intención de su gobierno de someter a la Comisión de Conciliación el tema de la delimitación de áreas marinas y submarinas entre nuestros dos países…”.

Colombia da un nuevo paso y provoca un estado de tensión militar en áreas donde, según la versión colombiana, no están claros los límites. Venezuela envía una nota de protesta en la que argumenta que el buque de guerra se encontraba “en aguas interiores de Venezuela” y “al sur de la línea de prolongación de la frontera terrestre”. Londoño por su parte responde alegando que ningún país puede establecer unilateralmente las fronteras marítimas entre dos Estados. La crisis se alarga entre dimes y diretes y el conflicto crece peligrosamente. En Miraflores ya se ha tomado la decisión de abrir fuego.

A estas alturas de su aventura, el gobierno colombiano entiende que el juego del “brinkmanship” ha terminado y se sabe que todo ha concluido cuando el presidente Barco lo anuncia desde Bogotá en cadena de radio a las 11:45 de la noche del día 17 de agosto. La crisis interna en Colombia seguía en pie y si lo de la incursión de la corbeta ARC Caldas en nuestra más sensible pertenencia, el golfo, tenía la intención de distraer a la opinión pública en otros menesteres, el tiro les había salido por la culata.

Aquí en Venezuela habla el presidente Lusinchi el 18 de agosto, en horas de la noche. Ya las corbetas colombianas han dejado el lugar. Es un discurso bien pensado y discutido, mejor escrito, y leído con suprema convicción a la nación. Claro, firme, prudente y hasta diría que histórico si observamos su vigencia, ya que dicta la pauta central de los que vendrían a ser los principios que se siguieron a partir de 1989, ya las aguas calmadas, en las relaciones entre Colombia y Venezuela, y que aún permanecen vigentes: conversaciones respetuosas, directas y globales, sin presión ni plazo fijo.

Además, tal vez como nunca antes presidente alguno, gozó del respaldo unánime de todo el país: partidos, medios de comunicación, gremios, personalidades y pueblo todo. Las Fuerzas Armadas hicieron lo que se debía hacer, principalmente nuestra Armada, por lo que nos sentimos, durante tanto tiempo, orgullosos, representados y defendidos. La presión internacional hizo su tarea al entender que estábamos a punto de un conflicto armado impensado. Jaime Lusinchi será recordado para bien por esa gesta: evitó un desastre defendiendo los principios fundamentales de nuestra nacionalidad. Un héroe civil sin ambición de guerra.