• Caracas (Venezuela)

Juan Marcos Colmenares

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Malandros con toga

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En Venezuela no se da puntada si no lo aprueba el presidente… La justicia no vale. La justicia es una plastilina. Digo plastilina porque se puede moldear a favor o en contra…”. (Eladio Aponte Aponte, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia).

 

Definir la justicia ha sido un problema que los estudiosos del derecho tienen desde hace miles de años. Sin embargo, la más aceptada es la clásica definición de justicia de Platón, retomada por el jurista romano Ulpiano, como “la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que se merece”.

La existencia del Estado de Derecho tiene como característica fundamental el principio de la legalidad y contempla el modelo de gobierno democrático constitucional basado en la división de los poderes definido por Montesquieu (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y sometido al imperio de la ley. El Poder Judicial es considerado como el bastión fundamental del Estado de Derecho, es el encargado de aplicar las leyes, por eso el juez debe ser independiente, fuerte, respetado y respetable. El profesor Eloy Lares Martínez opina que: “El Poder Judicial es el guardián de la Constitución y el centinela de la legalidad de los actos de la administración. Es la garantía del funcionamiento del Estado de Derecho”. Y nuestro legislador establece: “En el ejercicio de sus funciones los jueces son autónomos, independientes, imparciales, responsables, inamovibles e intrasladables” (artículo 3º, Ley Orgánica del Poder Judicial).

Sin embargo, nuestro sistema judicial está cuestionado porque carece de autonomía e independencia; empezando por un Ministerio Público sin garantía de imparcialidad y un Poder Judicial integrado desde el TSJ con criterios políticos en su designación y con 80% de jueces provisionales. Esos funcionarios no gozan de estabilidad laboral, son temporales, vulnerables a presiones políticas externas, y de libre nombramiento y remoción por organismos político-partidistas. “En Venezuela no existe un Poder Judicial independiente porque los jueces se han convertido en soldados obedientes al servicio del régimen” (Human Rights Watch - HRW).

En el TSJ algunos magistrados apuntan a la eliminación de los pesos y contrapesos del sistema democrático y opinan que “no podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado” (Luisa Estella Morales). Hay otros para quienes la distinción entre el Estado, la sociedad civil y los ciudadanos sería “una construcción ideológica liberal, en la cual hay reminiscencias censitarias, de desprecio a las clases populares y de odio al Estado como unidad política” (Arcadio Delgado). Ambos conceptos están arraigados en una ideología estatista-totalitaria, colectivista-comunista. Pero también los hay indoctos, mercachifles, iletrados y rábulas; y quienes tienen antecedentes penales, prontuarios judiciales y carecen de valores (Maikel Moreno y otros).

Son estos jueces rojos, sometidos, sumisos y obedientes los que esta dictadura utiliza como instrumentos para perseguir a la oposición y aplicar la justicia revolucionaria; una justicia construida por improvisados y aventureros, fundada en el odio, la revancha y el resentimiento. Son quienes han forjado los procesos para juzgar a Leopoldo López, Antonio Ledezma, María Corina Machado, Diego Arria y a cualquiera que se atreva a enfrentar a este régimen mafioso. Por eso rechazamos la sentencia condenatoria contra Leopoldo López y los estudiantes, por ser injusta y arbitraria; porque a los acusados no se les proporcionaron las garantías adecuadas de transparencia y el debido proceso; y porque son víctimas de un vulgar y descarado juicio político.

Por cuanto la acción penal por delitos de violación de los derechos humanos no prescribe, tenemos la convicción de que esos malandros con toga serán enjuiciados cuando en Venezuela recuperemos la democracia, más temprano que tarde.

 

*Abogado

jmcolmenares@gmail.com

Miembro de Vente Venezuela