• Caracas (Venezuela)

Juan Manuel Raffalli

Al instante

El estado de excepción no debe afectar las elecciones

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Se ha comenzado a generar una matriz de opinión según la cual, en los estados fronterizos en los que se ha decretado Estado de Excepción, no habrá elecciones o será imposible hacer campaña electoral. Eso, constitucionalmente, no es cierto y además, si lo fuera, tendría un costo político enorme para el gobierno el cual, a no dudarlo, se deslegitimaría en su desempeño democrático a escala internacional con las consecuencias que ello implica.

Veamos con argumentos jurídicos por qué dichos estados de excepción, no limitan ni suspenden el derecho al sufragio y a la participación ciudadana en procesos políticos:

1.-) Ley Orgánica de Estados de Excepción, de rango superior y por lo tanto de aplicación preferente sobre los decretos de excepción, en su artículo 7 dispone que en virtud de un estado de excepción no pueden ser restringidas las garantías de los derechos a la participación y el sufragio. Esto es cónsono con lo que está dispuesto en los acuerdos y tratados internacionales vinculantes para Venezuela.

Debemos recordar que el sufragio no es únicamente el acto de votar, el ejercicio de este derecho abarca todos los hitos del proceso electoral, incluyendo los actos de campaña y actos preparatorios para el proceso, así lo dispone la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

2.-) Precisamente por lo anterior, ninguno de los decretos de estados de excepción disponen que la participación ciudadana incluyendo la política, así como el sufragio se encuentran suspendidos o restringidos en los estados fronterizos. Estos derechos están previstos en los artículos 62 y 63 de la Constitución los cuales obligan al Estado a generar las condiciones más favorables para su ejercicio. El derecho de reunirse pacíficamente y de organizarse para participar en un proceso electoral es parte del contenido esencial de estos derechos, y por ello no son no pueden ser restringidos en virtud de la excepción según los mismos decretos que la rigen.

3.-) En consecuencia, cualquier acto o medida de hecho emanado de cualquier autoridad policial o militar que atente contra el proceso electoral sería contrario a los acuerdos y tratados internacionales, a la Constitución, a la Ley Orgánica de Estados de Excepción y a los propios decretos que rigen los estados de excepción en los estados fronterizos.

4.-) Los estados de excepción decretados hasta ahora tienen por objeto únicamente preservar la paz social ante grupos irregulares que actúan en las fronteras y la estabilidad económica en las zonas fronterizas. El sufragio y la participación política no tienen ninguna relación con el tema económico y la paz social en las fronteras a que se refieren los decretos y que le sirven de aparente justificación.

5.-) Como consecuencia de todo lo anterior, ningún candidato a la AN puede ser privado de su derecho de realizar actos lícitos propios de su condición acreditada por el CNE.

6.-) Las únicas garantías constitucionales expresamente restringidas por los decretos son: la inviolabilidad del hogar; el derecho a la reunión pública; el derecho a las protestas o manifestaciones pacíficas; inviolabilidad de las comunicaciones privadas; el derecho al libre tránsito; y la libertad económica. Pero estas restricciones deben ceñirse y limitarse al objeto de los propios decretos de excepción, y por lo tanto deben estar relacionadas con la estabilidad económica y la paz social amenazada por actividades irregulares en las fronteras; en ningún caso con actividades de participación política y menos aún en el ámbito de un proceso electoral que ya se inició según la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Es decir, la intercepción de correspondencia o la irrupción en el hogar, o la dispersión de reuniones solo serían legales y constitucionales si el objeto de esas actividades afecta la paz social fronteriza o la estabilidad económica en los estados afectados y se garantiza el debido proceso a los afectados.

7.-) La libertad de expresión no se encuentra restringida en los decretos de estados de excepción y menos aún si se trata de la comunicación pública, de ideas políticas que no estén vinculadas a la inestabilidad social o económica en las zonas fronterizas.

8.-) La libertad de pensamiento y de información a los electores asociadas a la participación política y al proceso electoral tampoco está restringida según los decretos en concordancia con lo dispuesto en los ordinales 14 y 9 del artículo 7 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción.

9.-) La libertad personal y la integridad física, así como el debido proceso, son garantías constitucionales que tampoco están restringidas por los decretos de estados de excepción, por ello ningún ciudadano en el marco del estado de excepción, puede ser apresado sin la intervención de una autoridad judicial y con respeto al procedimiento legal; menos aún podría ser vejado o agredido.

10.-) La Ley Orgánica de Estados de Excepción en su artículo 4 dispone que toda medida de excepción debe ser proporcional a la situación que se debe enfrentar en cuanto a su gravedad y naturaleza. Esto implica que al ser la excepción dictada por razones de estabilidad económica y paz social ante los actos de cuerpos irregulares en la frontera, todas las medidas dictadas en virtud de estos decretos deben ser razonables, proporcionadas y necesariamente relacionadas con esas áreas.

11.-) Los decretos de estados de excepción, por ser una situación que implica la alteración de la aplicación de la Constitución, deben ser interpretados restrictivamente y siempre en favor de los derechos de los ciudadanos.

En consecuencia, constitucionalmente los estados de excepción no pueden ser usados como excusa para limitar o afectar el proceso electoral. La autoridad que lo haga estará al margen de la ley y deslegitima al gobierno en su desempeño democrático, y así deben asumirlo los gobernadores encargados de la ejecución de los decretos. De modo que habrá elecciones en todos los estados y ahora más que nunca todos debemos acudir a ejercer ese derecho.