• Caracas (Venezuela)

Juan Manuel Raffalli

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El alcalde y su braga

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El alcalde de Puerto Cabello insiste. Naturalmente, ante la escasez se siente en el deber de defender al pueblo contra los bachaqueros que, por cierto, en el Chile de Allende los llamaban “coleros”. Ese es su norte, nada más loable, incluso muchos le aplauden. El detalle es que la forma como lo ha hecho es un precedente nefasto para la sociedad porque mucho peor que el bachaqueo mismo son la pérdida del imperio de la ley y el florecimiento de la anarquía gubernamental. De allí que ante semejantes aplausos y justificación, nos sentimos obligados a protestar y a advertir desde esta tribuna.

En efecto, el Estado de Derecho es una conquista de la humanidad que se creó precisamente para limitar el ejercicio arbitrario de la autoridad pública sea civil o militar. De esta forma los ciudadanos estamos regidos por el principio general de la libertad, es decir, podemos hacer lo que razonablemente nos plazca, excepto todo lo que la ley nos prohíbe; por el contrario, los funcionarios públicos, vale decir, quienes están dotados de autoridad, no pueden hacer lo que les venga en gana, ellos afortunadamente están mucho más limitados, pues deben ceñirse al principio de la legalidad según el cual únicamente pueden actuar en ejercicio de las competencias y facultades que la ley expresamente les reconoce.

Nadie en su sano juicio puede defender el bachaqueo, que no es más que una perversión económica derivada de la escasez que ha generado el propio gobierno en perjuicio del pueblo. Pero tampoco es aceptable justificar y menos aún aupar las atrocidades legales e incluso constitucionales que el alcalde ha consumado en nombre del bienestar popular. Veamos el cóctel de inconstitucionalidad manifiesta que implica su brillante idea de hacer justicia a sus anchas y como mejor le parece, es decir, imponiendo la peculiar sanción de colocar una braga y ordenar barrer las calles, so pena de ser pasados la Fiscalía, a quienes, según su propio dictamen, vulneran la ley al estar en situación de bachaqueo.

Lo que en el fondo se vuela el alcalde es nada menos que la garantía constitucional al debido proceso y el acceso a la justicia. El contenido de esta garantía lo conforman entre otros derechos, la defensa, el ser juzgado por un juez natural e imparcial, la presunción de inocencia y la imposición de sanciones legalmente establecidas.

El alcalde no es el juez natural de los bachaqueros ni actúa dentro de sus competencias, pues desde el punto de vista administrativo, en materia de reventa ilegal y abusiva de productos esenciales, el conocimiento del asunto corresponde a la Sundde y por tratarse de la posible comisión de un delito económico la competencia la tiene el Ministerio Público, que deberá iniciar un proceso judicial ante un juez penal. De esta manera el alcalde al actuar directamente incurre en lo que la ley denomina “vicio de usurpación de funciones”.

Pero, además, el alcalde, buscando la efectividad y principalmente el aplauso, opta por aplicar su propia ley. Es decir, impone una medida sancionatoria “creativa” pero sin soporte legal, en lugar de remitir las actuaciones a quien compete para que se imponga la sanción legalmente establecida. Alcalde, ningún funcionario puede imponer una pena que no esté prevista en la ley y menos como opción preferible para el imputado. Detrás de esta actitud solo hay tres explicaciones posibles: (I) La Ley de Precios Justos es desproporcionada, caso en el cual lo que debería hacer es demandar su nulidad; o peor aún (II) la Fiscalía y la Sundde son ineficientes y entonces usted debería pedir la renuncia de la fiscal y del superintendente. No hay más opciones lícitas por muy plausibles que sean en el terreno del discurso y el quehacer político; (III) como en los exámenes de selección múltiple, “todas las anteriores”.

En definitiva, el alcalde con su proceder ha usurpado funciones y ha impuesto sanciones no previstas en ninguna norma de rango legal, todo en nombre del pueblo y en defensa del pueblo. Pero, por muy vistosa y loable que sea su justificación, este proceder implica un desorden público que es un remedio mucho peor que la enfermedad. Es decir, es preferible para la sociedad lidiar con el bachaqueo que con autoridades que en nombre del bienestar popular hagan lo que mejor les parezca.

Me explico: imaginemos, alcalde, por ejemplo, que en nombre de la lucha contra la corrupción al contralor le dé por ordenarle a Ud., sin abrirle un procedimiento legalmente establecido, que lave los carros de la Contraloría, bajo la amenaza de pasarlo a la Fiscalía. Usted, que debe presumirse inocente, seguramente se indignará y con toda razón. Otro ejemplo, alcalde, imagine que a los fiscales de tránsito se les ocurra, en lugar de poner multas, ordenar a los conductores pintar los rayados o, quién quita, hasta hacer flexiones de pecho o saltos de rana, como si estuvieran en un cuartel. O suponga Ud., alcalde, que a algún magistrado se le ocurra la genial idea de mandar a un funcionario a barrer la entrada del Tribunal Supremo con una braga que diga: “Usurpé funciones” u otra más comprensible por el pueblo, “Inventé sanciones”.

Con este precedente ¿se imagina, alcalde, los atropellos que podríamos sufrir los ciudadanos, incluido Ud., en nombre de la ley, el orden y el bienestar popular? Ni de vaina alcalde, presumimos su buena intención, pero así quemaban supuestas brujas herejes en la época de la Inquisición. Debe ser por eso que hasta el defensor del pueblo se lo ha reclamado.

Para concluir esta entrega en la misma nota religiosa, solo le recuerdo, con el debido respeto y sin malos augurios, que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, según reza el refranero popular, Luis Herrera dixit.