• Caracas (Venezuela)

Juan Manuel Raffalli

Al instante

El RR no es una opción, es una urgencia

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El ambiente se sigue enrareciendo. Hace rato el país está impregnado de una anormalidad agobiante y angustiosa. La situación económica no puede ser peor. La tensión política se acentúa debido a la actitud inaceptable del árbitro electoral que en lugar de facilitar consultas populares las obstruye irracionalmente. La comunidad internacional se está pronunciando de manera consistente y clara sobre la situación de Venezuela. Ante este cuadro, la gran estrategia del presidente Maduro ha sido renovar fraudulentamente el decreto de emergencia económica y añadirle menciones nefastas que lo convierten en una cobija de parches para habilitar restricciones a derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Pero ha cometido un error muy grave al incluir en su decreto tres palabras “estado de excepción”. Esto lo coloca en una clara situación de irregularidad en el orden constitucional que ha prendido todas las alarmas y ha generado el repudio más enfático de la opinión pública nacional e internacional.

En efecto, el término “estado de excepción y decreto de emergencia” es una redundancia constitucional. Es como referirse a una “abuela-mamá”, es algo implícito. Según el artículo 338 de la Constitución, los estados de excepción son tres, (i) el estado de alarma por ocurrir desastres naturales o cataclismos; (ii) el estado de conmoción interna que supone un peligro para la seguridad del país a causa de conflictos internos o externos; y finalmente (iii) el estado de emergencia económica. Pues bien, dado que la Constitución impide que la emergencia económica se prorrogue más de una vez, el presidente Maduro decidió dictar un “nuevo” decreto, es decir, incurrir en una reedición del decreto anterior, pero con algunos añadidos para defraudar así la prohibición constitucional, cuyo objeto es evitar que el estado de anomalía constitucional que implican los estados de excepción se mantenga estructuralmente por un período de tiempo considerable.

El detalle, y en definitiva la “metida de pata”, estuvo en que el decreto fue calificado claramente como un estado de excepción y su contendido lo aleja del tema meramente económico que había permitido edulcorar la restricciones a derechos y garantías constitucionales contempladas en el decreto anterior.

Básicamente el decreto así dictado es un engendro, una especie de “Frankenstein” constitucional que supone claramente una alteración del orden constitucional, incurriendo en graves vicios entre los cuales, simplemente a título de referencia podemos citar:

-                     Mezcla los tres tipos de estados de excepción lo cual lo convierte en un decreto sui géneris no previsto en el artículo 338 de la Constitución.

-                     No enumera de manera expresa y precisa cuáles serían los derechos y garantías constitucionales que podría suspender o limitar el presidente. Esto es realmente delicado pues el presidente puede, con semejante cheque en blanco, limitar y restringir de manera amplia los derechos y garantías constitucionales en cualquier ámbito.

-                     Confiere poderes en materia de orden público a los consejos locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que son entidades privadas, siendo esta una función exclusiva de los cuerpos de seguridad el Estado.

-                     Acusa sin bases a los empresarios e incluso a la Asamblea Nacional de intentar derrocar al gobierno.

-                     Vulnera las competencias de la Asamblea Nacional en materia de créditos adicionales; autorización de contratos de interés nacional y control político sobre funcionarios públicos.

-                     Su esencia es la de una Ley Habilitante conferida de manera irregular e inconstitucional, pues no se refiere a medidas específicas sino que el propio presidente se autoriza a sí mismo para dictar cualquier tipo de decretos, incluso en materias reservadas al tratamiento legal por parte de la Asamblea Nacional. 

No obstante lo anterior, el presidente Maduro ni ninguna otra autoridad queda facultada para atentar contra el referéndum revocatorio con base en este decreto. Lo anterior está proscrito expresamente por la Ley Orgánica de Estados de Excepción (Art. 7); por la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Art. 23 y 27.2); y por la propia Constitución (Art. 337). Todos estos instrumentos señalan que el derecho a la participación política y al sufragio no pueden ser suspendidos ni limitados bajo la excusa de los estados de excepción. Esto incluye el derecho de exigir consultas electorales constitucionalmente establecidas; el derecho a la manifestación política; a reunirse con fines políticos y la libertad de expresión de ideas políticas.

A no dudarlo, este decreto ha sido un costoso error que agrava aún más la situación del país. El desconocimiento recíproco de los poderes públicos y la flagrante transgresión de normas constitucionales que dan fundamento y vida a la democracia colocan a Venezuela en una clara crisis institucional y de anomalía constitucional que impide la consecución de los fines del Estado previstos en el artículo 3 de la Constitución, como son: el desarrollo integral de la persona y el respeto a su dignidad; el ejercicio democrático de la voluntad popular; la promoción de una sociedad justa y el mantenimiento de la paz y la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo.

Un gobierno que suspende genéricamente derechos y garantías constituciones y es incapaz de ni siquiera aproximarse a alcanzar estos fines esenciales del Estado prácticamente deja de serlo. Los indicadores de incumplimiento son muchos, empezando por el funcionamiento parcial y limitado de la administración pública y la escasez de bienes y servicios esenciales, pasando por el desconocimiento del Poder Legislativo que es el más legítimo en términos de representación popular.

Esta situación de tensión social e institucional y la crisis económica de marca mayor que nos afecta no deja otra opción. Hay que privilegiar el artículo 5 de la Constitución que reconoce que la soberanía reside en el pueblo que la ejerce, entre otros medios, mediante el sufragio. No hay más opción, se debe consultar al pueblo. Es la única manera de mantener la paz y alcanzar condiciones para avanzar. El referéndum revocatorio está previsto en la Constitución y lo está solicitando la organización política de más peso y representatividad actual que es la MUD, al punto de que tiene en su espalda casi 8 millones de votos habidos hace pocos meses. Definitivamente el revocatorio no es una opción es un derecho y una necesidad urgente. Evitarlo fraudulentamente es un crimen contra la democracia y contra la paz social.