• Caracas (Venezuela)

Juan Manuel Raffalli

Al instante

La Protección de Las Comunicaciones Privadas

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Desde hace bastante tiempo los más altos funcionarios del Gobierno han asumido con absoluta normalidad y desparpajo, la intervención de las comunicaciones privadas de los ciudadanos. Sencillamente sin mediar proceso legal alguno ni orden judicial expresa, husmean emails y graban comunicaciones telefónicas, epistolares o digitales que luego publican y usan como mecanismos de presión o descrédito, como si eso fuera una actitud lícita. Lo peor de todo es que ya nadie se asombra, pocos se quejan y obviamente ningún Juez actúa.

 

La más reciente y estruendosa manifestación de esta actitud inaceptable, ha sido la grabación de una conversación privada entre dos ciudadanos, Lorenzo Mendoza y Ricardo Husmann, sobre temas económicos y auxilios financieros para el país, con la particularidad de que uno es quizás el empresario más importante de Venezuela y el otro es un destacado académico y ex ministro en el área económica; ¿de qué podían hablar? Pues de lo que todo el mundo habla, del desastre de la economía y su recuperación futura. Pero más aún, podían hablar privadamente de lo que les viniera en gana sin ser perturbados ni espiados por ninguna autoridad a menos que mediara una orden judicial que así lo permitiera. 

 

El sentido de la oportunidad nos lleva entonces hoy a trata nuevamente el tema dela protección legal de las comunicaciones privadas, bajo la premisa de que a más atropello de nuestros derechos, más hay que invocarlos y exigirlos.

 

Comencemos por decir a tambor batiente que nuestra Constitución en su artículo 60 dispone claramente que todos tenemos derecho a la protección de nuestro honor, reputación y vida privada, estableciendo incluso dicha norma que “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad”. ¿Así o más claro? Sencillamente no se puede utilizar la tecnología para irrumpir en la intimidad y vida privada de nadie.

 

Pero además, la misma Constitución en su artículo 48 establece como “garantía constitucional” el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas.  Por lo cual precisa que las comunicaciones privadas de los ciudadanos “No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso.” Es muy claro entonces que grabar a alguien sin una orden judicial obtenida en un procedimiento legal y luego divulgar el contendido, es una grave transgresión a la Constitución.

 

Además, el Código Penal en el Capítulo V sanciona la intromisión ilegítima en la comunicación interpersonal, como parte de los delitos contra la “inviolabilidad del secreto”, y  la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos establece que “el que mediante el uso de tecnologías de información, acceda, capture, intercepte, interfiera, reproduzca, modifique, desvíe o elimine cualquier mensaje de datos o señal de transmisión o comunicación ajena, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias”.

 

 Esta materia es tan importante para la vida del ciudadano común y su protección ante los atropellos de la autoridad que existe unaLey Sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones cuyo objeto precisamente es “proteger la privacidad, la confidencialidad, inviolabilidad y secreto de las comunicaciones que se produzcan entre dos o más personas”. Esta ley tipifica como delitos la grabación o el conocimiento (imposición) de una comunicación de manera arbitraria, clandestina o fraudulenta, o su interrupción o impedimento. Además, castiga la instalación de aparatos o de instrumentos destinados a la grabación o restricción de las comunicaciones; el forjamiento o alteración de sus contenidos, con el objeto de obtener alguna utilidad para sí o para otro, o de ocasionar algún daño, incluyendo como agente del delito también a quien haya hecho uso o se haya aprovechado de tal comunicación aun cuando no haya participado de su manipulación o la haya recibido de fuente anónima.

 

Esta misma Ley especial es muy clara al establecer quesólo la autoridad de policía, previa autorización judicial, puede impedir, interrumpir, interceptar o grabar comunicaciones para fines de investigación y únicamente cuando medien delitos contra la seguridad o independencia del Estado; contra la salvaguarda del patrimonio público; o en los casos de drogas, secuestro o extorsión (Artículos 6 al 8).

 

No hay duda alguna. Desde la Constitución hasta la Ley especial que protege las comunicaciones privadas de los ciudadanos en todas sus formas, son contundentes al calificar como delito la grabación ilegal de conversaciones privadas sin orden judicial y mucho más su divulgación. El irrespeto de estas normas representa una actitud ilegal que vulnera nuestros más elementales derechos ciudadanos y nos deja a merced de los abusos más indeseables por parte de la autoridad. Pareciera que en esta materia la consigna es “Fuera dela Constitución Todo, Dentro de ella Nada”.