• Caracas (Venezuela)

Juan Manuel Raffalli

Al instante

Inhabilitada y allanada

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El sustrato real y verdadero de la democracia es la tolerancia del adversario, es el respeto al disenso o lo que lo mismo, es adversar al opositor pero reconociéndolo como parte fundamental del sistema.

Las Constituciones venezolanas fraguadas en democracia, han reconocido la necesidad de proteger a los opositores de los excesos de poder desplegados desde los gobiernos autoritarios, ello con el fin de preservar la alternancia, los contrapesos  y las posturas ideológicas y políticas disímiles, sin las cuales no hay democracia posible sino puro absolutismo. Para tal fin en Venezuela se han adoptado figuras del constitucionalismo mundial que la Constitución vigente ha recogido claramente. Nos referimos por a la “Inmunidad Parlamentaria” que es precisamente lo que permite a los Diputados fijar posiciones y oponerse política y materialmente a las acciones de gobierno. También nos referimos a la tutela o protección constitucional del derecho al “sufragio pasivo”, es decir al derecho a ser elegido para ejercer cargos de elección popular, como contrapartida del derecho al voto de los electores. También podemos mencionar en este elenco la garantía que ofrece la Constitución a todos lo ciudadanos  para poder ejercer cargos públicos y ejercer su activismo político libremente.

Lo anterior deja de bulto que conforme a la Constitución vigente y a los Pactos y Tratados Internacionales que obligan a la República, figuras como el allanamiento a la inmunidad parlamentaria y la inhabilitación política, son excepciones, digamos que anomalías que van a contrapelo de los precitados presupuestos esenciales de la democracia. Precisamente por ser situaciones excepcionales e incluso indeseables, la Constitución misma las somete a requisitos y formalidades rigurosas como la existencia de juicios justos e imparciales pues, de no ser así, servirían estas excepciones para atentar contra la democracia misma y contra los derechos políticos de los adversarios u opositores de los gobiernos con vocación autoritaria y totalitaria.

Lamentablemente en la última década en Venezuela se ha hecho una práctica habitual del Gobierno,  digamos que una especie de política insana, ejecutada al amparo del control político de las instituciones del poder público, allanar reiteradamente la inmunidad a parlamentarios opositores e inhabilitar políticamente a un número injustificable de candidatos a cargos de elección popular, entre los cuales figuran gobernaciones, alcaldías, diputaciones y hasta la mismísima presidencia de la república. Los afectados obviamente son siempre destacados líderes opositores con chance de ganar o con mucha capacidad de debate. Richard Mardo, María Aranguren, Leopoldo López, David Uzcátegui, Manuel Rosales, y María Corina Machado, son algunos de los más visibles, pero hay muchos otros como Arnaldo Arocha, Eduardo Manuitt, Ramón Martínez y Carlos Guillermo Arocha. El asunto llega al extremo que ya en el pasado el CNE ha recibido listas oficiales de candidatos “inhabilitados”. ¡Una pelusa!

Esta actitud no es propia de gobiernos democráticos y respetuosos de la Constitución. No hay manera de justificar semejante atrocidad reiterada. Estos atropellos son elevados a instancias internacionales y por eso el índice de desempeño democrático de los dos últimos Gobiernos Venezolanos, es realmente raquítico.

Los instrumentos para concretar estos atropellos son la Contraloría General de la República en el caso de las inhabilitaciones y el Tribunal Supremo de Justicia en el caso de los allanamientos de inmunidad parlamentaria. Estos vehículos a no dudarlo buscarán una excusa para lograr el objetivo antidemocrático de anular al opositor. Siempre habrá un señalamiento de corrupción o un gesto reprochable de traición a la patria. Cualquier pendejada vale, un cesta ticket no declarado; una partida desviada parea ayudar a los bomberos o comprar sillas de ruedas; y hasta ser invitado en un Asamblea de Cancilleres de la OEA. Obviamente ningún diputado puede ser despojado de su inmunidad o un candidato pude ser inhabilitado por simplemente por ser opositor y adversar al gobierno. Pero las apariencias se guardan hasta allí, hasta la excusa para el discurso, pero el resto de los procedimientos, incluyendo juicios y sentencias justas e imparciales, son obviados rampantemente a la luz del miedo y ante un sociedad que no reacciona o no ha reaccionado aún.

Este tema lamentable e indignante de la inhabilitaciones políticas y allanamientos de la inmunidad parlamentaria, lo traemos a la palestra en esta entrega con ocasión de la muy reciente inhabilitación política de María Corina Machado para que no pueda presentarse como candidata en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Creo que ella es la única que ha recibido doble ración, primero fue allanada y ahora inhabilitada, pero esta vez el asunto ha sido tan burdamente tejido que sin dudas implicará un alto costo político para el Gobierno. Además de no mediar una condena penal como lo determina la Constitución, cómo puede explicar el Contralor que una líder de oposición de ese calado ha sido privada de su derecho a ser elegida y de sus seguidores a elegirla,  justo por un año y por un motivo visiblemente fútil. La noticia ya ha rebotado en todo el mundo, desde la BBC hasta EL Tiempo.

 

Esto es sencillamente inaceptable y ha rayado en los límites del escándalo. Vaya manera de ser demócratas y respetar la Constitución. Será que realmente piensan que esto es una buen estrategia? No se dan cuenta de que esta estupidez los deja sin la hoja de parra? No es un tema ni siquiera de respetar la Constitución que es mandatorio, sino de tener la mínima consciencia política de que no hay democracia sin candidatos ni diputados libremente opositores. Al final son lo que son y se reducen a lo que siempre serán, ellos y sus cooperadores inmediatos aculillados o enchufados.