• Caracas (Venezuela)

Juan Manuel Raffalli

Al instante

Fíjenlas a favor de la paz

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La oposición ha emprendido una cruzada muy firme para requerir al CNE la fijación sin demoras de las elecciones parlamentarias de 2015. Esta presión no es una simple postura, el ambiente político reclama una válvula de escape. Hace pocos días Henrique Capriles uno de los líderes opositores más relevantes, soltó sin ningún un empacho que para ellos el Gobierno aún maneja la opción de diferir o suspender este evento electoral. En definitiva, queda muy claro que la presión de la oposición que incluso ha escaldo a niveles internacionales, se debe a que no tiene aún certeza de cuando se darán dichas elecciones.

Ciertamente, en muchos circuitos especialmente populares, la MUD ya eligió candidatos en primarias tuteladas por el CNE. Lo propio hará el PSUV el 28 de junio próximo, obviamente que con apoyo del mismo árbitro electoral. De esta manera, todo pareciera indicar que el Gobierno se está preparando para correr aunque sabe que según las encuestas tendrá que apelar a sus más reprochables artilugios considerando el nivel de descontento que existe a nivel nacional.

Pero ello no es suficiente. Muchos perciben que la brecha que reflejan las encuestas se puede agrandar a niveles de no retorno y como se dice en el argot popular, el Gobierno no ganaría las parlamentarias “ni con otro dominó”. Es decir, caminar al patíbulo tranquilamente no pareciera ser una opción fácil. Habrá pataleo, resistencias y posiblemente mucha represión con cara de inhabilitación. Precisamente por esto es que la oposición, y con razón, no quiere más rodeos injustificados y exige que el árbitro señale sin más dilación la fecha de los comicios de manera oficial y formal.

Ciertamente la Ley de Procesos Electorales no determina una antelación mínima para este anuncio, como sí lo hacia su predecesora que determinaba que las elecciones debían fijarse con al  menos seis meses de antelación, lo cual es coincidente con el mandato contenido en la Constitución según el cual las leyes electorales no pueden modificarse con menos de seis meses de antelación a la fecha de una elección. De este modo hay argumentos para pensar que considerando que según la misma Constitución el 5 de enero es fecha de instalación de la Asamblea Nacional para el próximo período constitucional, ya es tiempo de que el CNE fije la fecha de las elecciones parlamentarias.

En este sentido es importante tener en cuenta también que la Ley de Procesos Electorales señala que las elecciones deben ser convocadas “en concordancia con los períodos constitucionalmente y legalmente establecidos”, esto implica que para estar electos los nuevos Diputados el próximo 5 de enero, las elecciones deben ser convocadas de inmediato.

Pero abandonemos exprofeso la trampa de la argumentación legal y vayamos al tuétano del asunto. ¿Cuál es la primera obligación del CNE?, pues convocar procesos electorales y tutelarlos hasta que lleguen a su feliz término respetando la voluntad de los electores. Esta perogrullada, que por cierto no siempre se cumple, encierra tras de sí un deber mucho más importante en la vida nacional. Las elecciones deben convocarse y ejecutarse de manera oportuna para que cumplan su verdadera función social que es preservar la paz. El mecanismo para evitar enfrentamientos políticos de otra naturaleza es el voto, por ello es una gran conquista de las sociedades democráticas y pacíficas.

Precisamente ese sentido de la oportunidad aunado a que su máximo deber es concretar votaciones en favor de la paz, es lo que debe mover la conciencia del CNE y no demorar más este trámite. No en vano la Constitución establece como principios rectores del árbitro electoral, la imparcialidad, la transparencia, la celeridad y la eficacia. Entonces ¿qué esperan?, ¿más protestas, más huelgas de hambre, más tensión? ¿Por qué este empeño en demorar?, un cronograma electoral no es un matemática nuclear, es puro sentido común. La única justificación que queda de bulto es que el árbitro electoral aunque esté muy presionado por la tensión interna, debe esperar instrucciones del Poder Ejecutivo como si fuera un ministerio más, con lo cual se aparta de sus deberes constitucionales y mucho peor, de toda racionalidad en el ejercicio de sus funciones públicas.

El ambiente se puede complicar mucho más. Sean diligentes. No esperen más, fijen las elecciones, cumplan con su deber.