• Caracas (Venezuela)

José Rafael Herrera

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José Rafael Herrera

La autonomía como problema

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Que un alto funcionario del régimen venezolano haya declarado recientemente que la seguridad ciudadana está ubicada muy por encima de la autonomía universitaria, pone de relieve algunos elementos de no poca importancia. Elementos sobre los cuales conviene pensar con algún detenimiento, a la hora de hacer las cuentas con la orientación y el destino que el devenir de “la cosa misma” le depara a un país que, hasta hace pocos años, se enorgullecía de su pujante condición civil y de sus enormes riquezas naturales, así como de haber sido históricamente la primera de las repúblicas libres de América Latina y, por ende, la primera en asumir y propiciar el espíritu de la modernidad y de la Ilustración occidentales, desde el Río Grande hasta la Patagonia.

Los Estados, organizados bajo las premisas de la Ilustración, se caracterizan no solamente por mantener una clara y distinta independencia de los poderes que conforman sus sociedades políticas, sino, además, por asegurar la existencia de una sólida y vigorosa sociedad civil, porque es allí –en la sociedad civil– que se producen la múltiples y diversas formas de la producción económica, social y cultural de una nación, es decir, su riqueza y su valor, en sentido amplio. El Estado moderno, ilustrado, occidental, a diferencia de las formas de organización política propias de los pueblos pertenecientes al hemisferio oriental del mundo –cuna de las autocracias–, posee esa doble estructura: una sociedad política, donde residen los poderes constituidos, como resultado del consenso social y político, dentro del cual reposa la garantía del cumplimiento del “pacto” soberanamente acordado por sus ciudadanos, y que dicha sociedad tiene la obligación de garantizar, y una sociedad civil, el universo de los particulares, de la fuerza productiva de la sociedad, de los productores y creadores particulares de la riqueza material y espiritual de dicho Estado.

Forma y contenido: en el Estado moderno, los hombres –y, por supuesto, las mujeres– son, a un tiempo, políticamente ciudadanos y socialmente individuos. Son públicos y privados. Más aún, dicho Estado pone en la institución militar –que pertenece a la sociedad política– la administración de sus armas, y en las universidades –que pertenecen a la sociedad civil–, la administración de su crítica. No hay privilegio de la una sobre la otra. Cada una cumple una función esencial en el desarrollo del “corpus” del Estado.
Una obedece las leyes y las hace cumplir. La otra observa, estudia las deficiencias que pueda tener el propio Estado y tiene el compromiso de encontrar soluciones para superar dichas deficiencias. Por su propia naturaleza, la una es heterónoma. La otra, en cambio, tiene que ser autónoma, porque la inteligencia –el “intelligere”– no se produce como resultado de la ciega obediencia, sino precisamente en virtud de la más plena libertad de pensamiento, palabra y obra.

Que un Estado que promueve la violencia pretenda, a través de un “plan de seguridad ciudadana” –uno más, entre múltiples intentos fallidos–, ubicarse por encima de la autonomía universitaria, apelando a “razones” de Estado, es, cuando menos, sospechoso. Desde el punto de vista de la lógica de la estructura política y social, previamente descrita, es una “contradictio in abjectio” o, para decirlo con todas sus letras, una aberración. La intervención de los organismos que tienen la obligación de administrar las armas del Estado no puede estar por encima de aquellos que administran su crítica. A menos que se pretenda socavar las bases mismas del modelo ilustrado, que con tanto esfuerzo fraguaron nuestros padres fundadores, Bolívar mediante. En todo caso, queda claro que un Estado promotor de violencia no está en capacidad –y tampoco le interesa– de brindar la más mínima condición de seguridad.
Quizá se trate de una muestra de mera ignorancia, de una simple “speculatio” de quien no está preparado para ejercer ese oficio, dado que, por cuestiones de elemental formación, un militar no sabe más que obedecer a sus superiores u ordenar a sus inferiores.
Y, en este caso, será necesario explicarle qué es la autonomía. Asunto, desde todo punto de vista, altamente cuestionable, pero que, en última instancia, cabe asumir. “Sapere Aude!”, decía el viejo Kant: “¡Atrévete a saber! Ser autónomo significa ser maduro, dejar de ser un niño. Y, precisamente por ello, significa ejercer el derecho de valerse, movido por la propia inteligencia, de sí mismo, de tomar las propias decisiones de acuerdo con las propias convicciones. Significa, pues, asumir responsablemente la coherencia de lo que se piensa, se dice y se hace. De ahí que el ser maduro implique la no dependencia de otro, ni siquiera por razones de una supuesta “seguridad”.

Los griegos clásicos, dedicados al estudio, al debate y a la exposición pública de sus ideas, se concebían a sí mismos como seres maduros, es decir, autónomos, por lo que consideraban a los bárbaros como niños, como seres heterónomos, dependientes. Tal vez, el ejemplo esté de más. Tal vez baste con exponer lo que, a partir de Kant, significa la autonomía. Pero uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la patanería de un bárbaro del cual Maquiavelo enseña a desconfiar, en virtud de su grisácea condición humana.

En todo caso, las sospechas abundan. Cuando un determinado régimen decide convertir su institución armada en un partido político es porque ya esa institución no representa al Estado en sentido orgánico, sino a una parte de él. Entonces, dicha institución ya no forma parte de la sociedad política, se ha desprendido de su función y ha perdido su equilibrio. Ya el Estado no lo es. Así las cosas, la institución armada deviene órgano autonómico, mientras se le exige a la institución crítica –precisamente, la universidad– ser heterónoma, desnaturalizando las instituciones con el objetivo de hacer implotar el modelo del Estado moderno. La situación es delicada, porque amenaza con llevar al país directo a la peor de las autocracias. Y lo más triste es contemplar cómo algunos desprevenidos, comprensiblemente alarmados por el resguardo de su propia seguridad personal, piden a cuello alzado la intervención de los cuerpos de seguridad, ahora devenidos “partido de la revolución”, dentro del recinto universitario. Como dice el refrán, “que Dios “nos agarre confesados”.


@jrherreraucv