• Caracas (Venezuela)

José Rafael Avendaño Timaury

Al instante

El diputado no tiene quien le escriba

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En el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Venezuela se cae a pedazos y se encuentra a punto de caramelo para implosionar. Las instituciones fundamentales de la república carecen de legitimidad sobrevenida. El TSJ, el CNE, la FGR, la CGR, la DP están conformados por personas electas de una manera que no es la estipulada por la Constitución Nacional. Han sido designadas mediante una interpretación muy sui géneris realizada por el TSJ a través de la Sala Constitucional mediante sentencias torticeras que desvirtúan el espíritu, propósito y razón de las premisas constitucionales. La AN, por su parte ha defenestrado –directamente y/o por coacción; coludidos con otros poderes– a seis diputados incómodos por sus posturas frente al gobierno nacional. Todos estos hechos han conformado un derecho urdido burdamente a través de diversas normas para justificar su aplicación, convirtiéndolas en arbitrariedad. El derecho justo y el derecho injusto son dos cosas diferentes. El hecho injusto está incapacitado para generar derecho válido. Jurídicamente, socialmente y éticamente no tiene explicación ni aplicación, tal derecho. A este derecho injusto es necesario enfrentarlo con determinación para modificarlo; porque no tiene sentido dentro de un ordenamiento jurídico la expresión de un derecho injusto. En la actual coyuntura es necesario romper el molde de ese seudoderecho para poner nuevamente a los venezolanos en la posibilidad cierta de retomar la senda del derecho justo. El derecho –aun endilgándole el apéndice de “revolucionario”– no puede ser nunca arbitrario, porque debe procurar la aplicación de la justicia. Por ello, una situación de aparente derecho, pero de subsistente ilegalidad debe ser abrogada y sus actos invalidados. Las infames “interpretaciones” realizadas, por innecesarias y acomodaticias, –en virtud de ser limpio y claro el texto constitucional donde se estipulan los modos y las formas de designar al Consejo Nacional Electoral, Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y al propio Tribunal Supremo de Justicia– a  que nos tiene malacostumbrados la Sala Constitucional, son meras deformaciones del espíritu de la Constitución y de las leyes pertinentes; ya que las normas asentadas en la Carta Magna deben ser comprendidas y aplicadas con el recto sentido humano, político y jurídico  que motivaron a los constituyentes –derivadas de las elevadas miras de precaución y propósitos  establecidos– con que fueron concebidas.

Quince años en mora  tenemos para la designación de jueces probos con la estabilidad requerida para que puedan ejercer a cabalidad la responsabilidad de aplicar de manera recta y con justicia la ley. Una pequeña cifra de jueces ostenta la necesaria condición de estabilidad; situación que les coadyuvaría a ser inmunes ante las eventuales coacciones destinadas a torcer las decisiones que puedan ser controvertidas. Por lo contrario, es norma de uso común en nuestro país, que la gran mayoría de los jueces tengan carácter provisorio; haciéndolos presa fácil de los designios de sus patronos. No es por casualidad -aspiramos la concreción de la utopía por esperar la aplicación recta de la ley- que los jueces penales y la FGR se han convertido en las “mandarrias legales” para triturar a opositores. Hace años que ningún tribunal contencioso administrativo emita alguna sentencia que contradiga, haciendo justicia, el poder omnímodo del Estado.

La Contraloría General de la República no ha dado a conocer ningún acto administrativo sancionador que señale a altos funcionarios del ejecutivo nacional incursos en corrupción administrativa. Solo se ha dedicado a perseguir a alcaldes y concejales de oposición –con razón o sin ella– para procurarles inhabilitación política. Todos los latrocinios conocidos contra la administración pública y los aún sin conocer, no han merecido ni el más insulso comentario.

La Defensoría del Pueblo es un parapeto alcahuete que apalanca todos los abusos perpetrados por quienes ejercen totalitariamente el poder político en nuestro país.

El CNE –punta de lanza de la cacareada condición ejecutora de la soberana aplicación de la voluntad popular– es un cenáculo perverso cuyo tradicional “4 a 1” es la regla. De su presidencia han salido –desde vicepresidentes de la república a magistrados del TSJ– burócratas impenitentes como pago de sus indignidades por los servicios prestados. Todos los miembros oficialistas de ese cuerpo han sido militantes oficialistas hasta pocos días antes de ser postulados y designados. A los compatriotas nos ha quedado como único recurso, el de colocarnos un pañuelo en la nariz y respirar profundo; resignadamente, por ahora.

Un gobierno extranjero pequeño, pero bocón, guapo y apoyado, le hace la irreverente “señal de costumbre” al país y otorga concesiones de exploración petrolera en la zona en reclamación. El presidente recibe hace días en Miraflores al dictador cubano y sus corifeos caribeños –todos untados por los beneficios derivados del generoso petróleo venezolano– pidiéndoles solidaridad ante la sanción norteamericana impuesta a presuntos narcotraficantes, ladrones del erario nacional y violadores de los derechos humanos. Pero ominosamente esos actores –gobierno e invitados– callan ante la afrenta guyanesa. Uno por desubicado y tal vez apátrida. Los demás porque son solidarios incondicionalmente a los intereses particulares del gobierno guyanés y a la geopolítica caribeña, creada y tutelada por Cuba, donde no nos quieren.

¿La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las llamadas “hipótesis de conflicto”?...   ¡Bien, gracias!

Así las cosas, he leído con estupor que un diputado de oposición hizo formal entrega de su rendición de cuentas, o balance de gestión, conforme a lo establecido en los artículos 66 y 197 de la CN y del 13 del Reglamento Interior y de Debates de la AN:  ¡Todo un poema!

Destaca: “51 solicitudes de audiencia a Maduro; 91 correspondencias enviadas en más de dos años de intentos recurrentes. Asistió a todos los eventos de la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP) y en el marco de la 131 reunión, celebrada en Ginebra, presentó los casos de: Richard Mardo, María Corina Machado, María Aranguren, José Sánchez, Richard Blanco, Hernán Alemán,  Freddy Carupe, Biagio Pilieri, José Manuel Gonzáles, Juan Carlos Caldera; todos parlamentarios nacionales despojados y/o agredidos en su inmunidad parlamentaria. Solicitó formalmente al Tribunal Supremo de Justicia el cese y nulidad de los procesos judiciales contra los diputados: Hernán Alemán, Juan Carlos Caldera,  María Aranguren, Freddy Carupe, Richard Mardo, Biagio Pilieri, Richard Blanco y Manuel González. Además realizó una visita a Ramo Verde. Visitó al  presidente, vicepresidente de la República y al defensor del pueblo, a los ministros de información y de finanzas, así como al presidente de la Asamblea Nacional, en procura de divisas para adquirir papel para los medios impresos”; que el gobierno sigue suministrando a cuenta gotas como amedrentamiento compulsivo.

He citado, ex profeso, dos veces los nombres de los diputados defenestrados y agredidos impunemente por parte del gobierno nacional y su bufete, el TSJ –para que los aspirantes a las curules se miren en ese opaco espejo– en las visitas, cartas y demás solicitudes.

Es evidente que el diputado de marras ejerce a cabalidad la “política de gabinete” y padece de candidez patológica. Tal conducta podría ser aceptable en tiempos de normalidad democrática y de respeto republicano e institucional, aunque nunca en tiempos de crisis. Cree, con fe de carbonario, en la independencia de los poderes públicos venezolanos, en la aplicación recta de la ley por parte del TSJ, en las condiciones ciudadanas que, como “patricio republicano”, ostenta el presidente de la AN; en la “sindéresis” presidencial y en la vana espera de que los ministros aludidos se atrevan a actuar con probidad administrativa. Seguramente el “rendidor de cuentas” será ratificado por su partido y la MUD. No ha señalado cuantas cartas ha recibido como respuesta de las 91 enviadas y demás peticiones. Me imagino que tiene un record de millas adquirido por los viajes internacionales realizados. Las líneas aéreas muestran interés en su reelección por ser considerarlo viajero VIP. ¿Es este el tipo de parlamentarios que Venezuela requiere para confrontar y solucionar la crisis nacional que padecemos?

 

cheye@cantv.net

@CheyeJR