• Caracas (Venezuela)

José Rafael Avendaño Timaury

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José Rafael Avendaño Timaury

Resentimiento constitucional

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Finalizando la década de los noventa se planteó en nuestro país la necesidad de efectuar cambios sustantivos en la Constitución Nacional, planteándose inclusive la realización de una asamblea Nacional Constituyente. Para muchos de los que participamos de esa idea pensábamos que era hora de ampliar las meras reformas y plantear soluciones de fondo a la crisis nacional que para ese entonces campeaba: corrupción generalizada y su impunidad manifiesta; distorsión de los preceptos constitucionales e inaplicabilidad de las leyes por la forma como se manejaba la justicia. Todo en sintonía cómplice por la desviación perversa practicada por la mayoría de los partidos políticos existentes. Sin imaginar que esa situación crítica sería superada poco tiempo después por un régimen como el actual. En ese entonces y con esa predica tropecé con un texto jurídico del tratadista constitucional chileno José Antonio Ramírez Arrayás. Se trataba de su Tesis para la obtención del título de doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, España. El prólogo lo hizo el insigne constitucionalista español Pablo Lucas Verdú. De la lectura del interesante texto y del prólogo tropecé con una frase –todo un concepto– que me llamó poderosamente la atención. La misma fue definida y desglosada por el profesor y el alumno. El maestro afirmaba que el resentimiento constitucional es parte integrante del resentimiento jurídico. “…consiste en la convicción íntimamente vivida, resentida (o sea reiterada por la decepción y/o indignación), porque se han visto frustradas, o disminuidas, las concepciones particulares de la justicia y la equidad que mantiene el grupo, en la medida que el ordenamiento vigente no las acoge como él las concibe” (1).

Todo constitucionalista es en principio, naturalmente, liberal. Así es porque el derecho constitucional, desde sus inicios, apareció como defensor y organizador de la libertad frente al absolutismo. (2). La libertad,  justicia, igualdad y el pluralismo social, político e ideológico; se han considerado como postulados  imprescindibles para una sana convivencia conforme al respeto y garantía de la dignidad de la persona humana de manera integral.

No pretendo hacer una disquisición teórica sobre el derecho constitucional y mucho menos en convertirme en un especialista escolástico de la disciplina. Lo hago porque desde muy joven me ha interesado y he participado en diversos eventos de la actividad pública. Se infiere por ello que todo lo que atañe al “pacto político” necesario para definir el Estado y su papel rector, más que necesario, es imprescindible para el cabal conocimiento de las reglas decanas garantizadoras de que la controversia política sea conducida por caminos jurídicos civilizados que permitan el libre juego de las ideas y del manejo sustantivo y adjetivo de la actividad del estado interrelacionada armónicamente con los demás poderes y con los diversos participantes sociales.

Desde aproximadamente el año dos mil dos hemos sido testigos mudos –casi cómplices-de la manera como el poder ejecutivo se ha permitido subrogarse la actividad del Estado como un todo. Para ello se ha valido de todo tipo de actos inconstitucionales e ilegítimos por añadidura; haciéndolos, por consecuencia, ilegales en sus procederes y corolarios, nulos de nulidad absoluta. La Constitución vigente pauta modos y formas diversas para –entre otras cosas– conformar las instituciones y los componentes de las mismas. Estas normas rectoras han sido indebidamente interpretadas y manipuladas de forma reiterada. (3). El constituyente de manera sabia pautó la modalidad de mayoría calificada para la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; de los integrantes del Consejo Nacional Electoral; de las cabezas de la Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República y de la Defensoría del Pueblo. Se hizo así para evitar que se produjera un desbalance pernicioso en la conformación de los poderes fundamentales del estado –inclusive no deseable, el desbalance, cuando por eventuales mayorías circunstanciales, pudieran generarse totalitarismos estériles. Inducir al diálogo fecundo y necesario para lograr acuerdos dirigidos a que la independencia, justicia y ecuanimidad en la gestión pública del Estado y de sus fines se haga evidente. La premisa del constituyente consistía en favorecer todos los entendimientos ineludibles entre los diversos sectores de la sociedad procurando la gestión armónica y delimitada entre los poderes y sus instituciones. El ejecutivo ha obviado el recurso del diálogo, consustancial a todo régimen democrático, para forjar la Negociación Política –en su cabal concepto– con la finalidad de obtener la necesaria fraternidad alentada por el pluralismo ideológico propiciado por la carta magna tendente a la solución pacífica y democrática de las controversias. Ante la imposibilidad de obtener el acuerdo formal y necesario, el ejecutivo ha  propiciado que los poderes e instituciones sean electos indebidamente y de manera definitiva por otro poder donde la excepción se convierte en regla. El TSJ, por intermedio de la Sala Constitucional, es el que hace las interpretaciones constitucionales puntuales y parcializadas. El TSJ está integrado por magistrados cuya orientación política la efectúa el partido de gobierno. Las resultas de estos nombramientos (TSJ, CNE, FGR, CGR y DP) han tenido, tienen y tendrán consecuencias relevantes para impedir el real ejercicio político-jurídico cabalmente democrático. Esta innegable situación fáctica trae consigo todas las perversas distorsiones conocidas a través de la “planopia constitucional” burdamente instrumentada a punta de remaches inconexos, orquestada por el gobierno nacional.

Estas ideas vienen a mi mente en la oportunidad en que confrontamos un nuevo proceso electoral que en tiempos normales y con las características propias del mismo, debería ser un episodio cotidiano de la acción política. Ya he señalado –no voy a repetirlas– las razones que me hacen pensar que este proceso no está enmarcado dentro del rango de normalidad republicana y solamente prolongará con la incertidumbre de rigor el tiempo para que la solución definitiva de la Crisis Nacional sea resuelta.

Mientras tanto, la MUD y el otro grupo, están inmersos en las denominadas  elecciones primarias. El CNE repite la modificación de los circuitos electorales para consolidar los desafueros ya conocidos. La MUD participa con las máquinas y asesoría técnica del CNE; lo otros, a la antigua usanza. Ambos ciegos, sordos y mudos ante lo inocultable. La candidez de un prestigioso economista que aspira ser electo diputado en un populoso circuito electoral de Caracas, imagina que investido de la curul, podrá ilustrar y no adormecer -como se presume- con su sesuda e innegable erudición al actual presidente de la AN. Un valiente abogado penalista –víctima de los desafueros inferidos por jueces complacientes en su ejercicio profesional– piensa también instruir a un auditorio que no se respeta a sí mismo ni a sus integrantes porque obstinadamente se niega a ejecutar las funciones establecidas para su cabal funcionamiento: legislación, control político y diálogo fraterno.

El gobierno nacional quiere seguir legislando a todo evento a partir de 2016, por intermedio de diputados dóciles e irresponsables. Por ello, los resultados electorales incuestionablemente adversos al oficialismo serán nuevamente manipulados con todos los métodos ilegales harto conocidos y por conocer.

Lo anterior nos ha llevado a padecer, en un círculo vicioso, de un “Resentimiento Constitucional” palpable por la mayoría de los venezolanos donde la constitución se encuentra empantanada en una encrucijada donde se manifiesta el divorcio entre el texto y la realidad. Cada día trasciende más esta sensación percibida desde la simple esfera subjetiva de cada uno de nosotros, impulsándola hacia derroteros colectivos que abrirán los cauces necesarios para hacerse sentir nacionalmente; de manera constitucional, en la calle, pacífica y democrática. Derivada del urticante resentimiento aludido,  este irrumpirá inexorablemente como lo hacen las fuerzas telúricas, más temprano que tarde.

Notas:

“El sentimiento Constitucional es la expresión capital de la afección por la justicia y la equidad porque atañe al ordenamiento fundamental que regula la libertad, la justicia y el pluralismo político como valores…Por otro lado el Sentimiento Constitucional suscita un sentimiento más llamativo, público y representativo que el simple sentimiento jurídico ordinario”. (Definiciones de Pablo Lucas Verdú).

Página 31 del prólogo de Disposiciones de Principio Constitucional y Actividad Social y Económica del Estado. José Antonio Ramírez Arrayás. Facultad de Derecho, Universidad Central de Santiago de Chile. 1993.

“El entregar al intérprete la facultad de doblegar los preceptos constitucionales hacia la contingencia política, o bien, la determinación del contenido de las normas en base a elementos que pueden tener relevancia a nivel político, pero que no la tendría bajo el perfil jurídico, significaría confundir la política con el derecho.” (Pág. 225 y 226 obra citada).


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