• Caracas (Venezuela)

José Rafael Avendaño Timaury

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Lo acontecido el pasado miércoles donde una vez más se hizo patente la voluntad antidemocrática, represiva e inconstitucional asumida por el gobierno nos permite concluir el periplo con una premisa fundamental: Maduro y su combo no permitirán, en principio, que el proceso revocatorio –en toda su magnitud- se realice este año. Tampoco aceptará ningún tipo de manifestación popular democrática en Venezuela; en particular en el Municipio Libertador de la ciudad de Caracas. La intención de impedir la celebración de las dos consultas electorales (Revocatorio y elección presidencial) tiene por única finalidad que este año no asuma un nuevo presidente constitucional y liquide la hegemonía robolucionaria. Así mismo, el obstáculo para que la ciudadanía pueda acceder libremente a la vía pública y así ejercer el derecho de protestar cívicamente –tal como lo prescribe la Constitución Nacional- es producto del temor reverencial de corroborar que las mayorías nacionales no acompañan al reiterado totalitarismo. Están dispuestos a confrontar a la oposición sin subterfugios a través de la ilegal violencia gubernamental.

   Sectores de la MUD e individualidades han señalado que es necesaria la presencia del pueblo en la calle para enfrentar las aviesas intenciones continuistas implementadas por el gobierno. ¡Es lo correcto y apropiado! Esta intención no debe ser producto exclusivamente de reacciones espontáneas derivadas por los hechos puntuales que asume de manera cotidiana el ejecutivo nacional. Leopoldo López y Henri Falcón –con sus respectivos partidos- han solicitado de manera pública la constitución de un comando o equipo político ampliopara que asuma la conducción del proceso revocatorio y establezca la estrategia y táctica pertinente. (Independientemente de que Maduro, los milicos y el TSJ lo permitan en definitiva). Ya hemos adelantado algunas opiniones al respecto y las doy por reproducidas. Esta justa y acertada petición no ha obtenido ninguna respuesta formal e informal conocida.

   La primera reacción oficial de la MUD, luego de los hechos acaecidos con motivo a la infructuosa marcha hasta el CNE, ha sido la de convocar el pasado sábado a un mitin en la avenida Casanova de Caracas donde se anunciarán nuevas decisiones. Las esperamos con optimismo para que satisfagan las espectativas que tenemos los venezolanos y así coadyuvar a la instauración impostergable de un ¡Nuevo gobierno ya! este año; de manera constitucional.

En el arsenal cívico existente en todas las sociedades democráticas –mediatizadas o no- que se pueden utilizar existen diversas opciones para enfrentar los totalitarismos. Pienso que por ahora se debe colocar “en el congelador” la utilización de marchas. Especialmente las que utilicen, como vía de paso, al Municipio Libertador de Caracas- Lo que no obsta a que se realicen mítines en zonas de la referida jurisdicción. Lo importante –“por ahora”- es que no se le den nuevas oportunidades a la Guardia Nacional, Policía Bolivariana, SEBIN, Dirección General de Contrainteligencia Militar, (DGCIM) etc., para que demuestren su circunstancial y criminal eficiencia represiva. ¡Llegará, más temprano que tarde! la ocasión para desbordar esas facinerosas alcabalas. ¿Por qué no comenzar entonces con reuniones públicas en parroquias o sectores donde ejerza jurisdicción la Alcaldía Metropolitana de Caracas? (Por supuesto que también en los demás sitios del territorio nacional). Consecuencia de estas concentraciones, donde se explicarían los métodos constitucionales apropiados a seguir; se instruiría a efectuar paros breves en los sitios de trabajo en general. En aquellas instituciones donde aún el gobierno permite ocuparse como fábricas, oficinas públicas y privadas, institutos educativos etc.). Con la necesaria colaboración de los diversos organismos que forman parte de la sociedad civil, tales como los sindicatos, instituciones gremiales, colegios profesionales, estudiantiles etc.Luego, concentraciones públicas en las ciudades importantes de la república. Todo de manera escalonada y concertada. Paros breves al comienzo, para establecer los necesarios “aldabonazos”. Advirtiéndole a Maduro que de proseguir la violación manifiesta de la Constitución Nacional; la sociedad civil venezolana en su conjunto y la ciudadanía en general está dispuesta, a tenor de lo establecido en el artículo 350 constitucional, a propiciar el restablecimiento pleno de todo lo preceptuado por la Carta Magna.

   Paros generales o sectoriales en todo el país determinando el lapso pertinente. Convocatoria a un gran mitin en Caracas concatenado con todas las capitales de Estado. Gran marcha final en la Capital atravesando el Municipio Libertador. Dispuestos, ahora sí, a rebasar las bandoleras garitas. Colofón: ¡Huelga General indefinida! Fundamentada con los 350 argumentos asentados en la Constitución Nacional. Todo dentro de un lapso que no debe exceder la primera quincena de julio.

Lo enunciado en el párrafo anterior pudiera ocasionar una escalada represiva cruenta cuyo límite será establecido unilateralmente por el gobierno con su correspondiente responsabilidad por la reiteración de la voluntad continuista a todo evento; sin asidero constitucional alguno, asumida por Maduro, los milicos, los poderes públicos secuestrados y los menguados colectivos armados disponibles. Estas son sus cartas marcadas en este juego tenebroso. La real amenaza será superada pronto. La historia nos ha demostrado que “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”. Al fin y al cabo el Capítulo Tercero, en especial el artículo 328 (CN) señalan, sin necesidad de interpretación torticera alguna por parte del TSJ, el papel disuasivo y coercitivo con que eventualmente cuenta el Estado para conjurar brotes anárquicos provenientes de poderes públicos alzados e indebidamente constituidos con signos de ilegitimidad e ilegalidad. (En el vecino Brasil se ha confirmado que la aparente impunidad ante los delitos cometidos no es vitalicia).

   “En la acera del frente” está colocada la única expectativa constitucional, democrática y civilizada para resolver la Crisis Nacional. La misma es pertinente y aconsejable sin asomo de duda. Constituye la antítesis de la anterior. Esta opción es incruenta y republicana por antonomasia. Resolvería el problema sin necesidad de “no derramar ni la sangre que cabe en un colibrí”: ¡Referéndum Revocatorio! De efectuarse (todo indica que así será si nos lo proponemos) tendríamos elección presidencial el año en curso. El presidente electo y el nuevo Poder Ejecutivo establecerían el impostergable gobierno de transición en el último bienio restante (2016-2019).

El artículo 5 de la constitución señala: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

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