• Caracas (Venezuela)

José Rafael Avendaño Timaury

Al instante

Políticos de gabinete

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Cuando la actividad política se practica en locales comúnmente cerrados, a través de medios de comunicación exclusivamente, siempre rodeados de conmilitones que procuran alcanzar determinados objetivos pragmáticos muy subjetivos, ordinariamente muy puntuales, es permisible concluir y aseverar que quienes la ejercen de esa manera, efectúan “política de gabinete”. Este ambiente estrecho –no solamente físico, también mental– incide negativamente en la planificación estratégica de altas miras y fines para instrumentar la táctica adecuada para obtener y aplicarlos proyectos deseados por las mayorías nacionales en estas horas aciagas para la república.

De esta manera, la MUD y el nuevo grupo constituido –ambos ávidos de las canonjías parlamentarias procuradas– piensan participar a todo evento en la contienda electoral. La diferencia entre ambas comparsas es formal: la MUD designó a dedo a los postulados en los circuitos salidores y, en los dudosos, practicarán elecciones primarias. Los demás, piden primarias generales. Ambos parten de la premisa de que en las actuales circunstancias es predecible la derrota masiva de los oficialistas. Estos sectores omiten que la realidad nacional y los antecedentes conspiran para que el proceso electoral, como un todo, sea transparente; porque es regido por un CNE parcializado, incapaz de ponerle coto al ventajismo oficial presente y futuro. Callan y no señalan que la Fuerza Armada, llamada a impedir desafueros en general, y en particular en los sitios de votación, se autodenomina “socialista y chavista”. Ni siquiera, por el lenguaje de las señas, indican que la Sala Constitucional y la Electoral del TSJ jamás emitirán decisiones que vulneren los propósitos continuistas del gobierno a través de los actos írritos a que nos tiene acostumbrados. La FGR –siempre lista para incoar procesos penales en contra de opositores molestos– tiene un pacto institucional metajurídico con la Sala Penal del TSJ, rectora de los demás juzgados penales. La CGR –cuyo titular viene de ejercer la dirección jurídica gubernamental como cabeza del bufete del gobierno– tampoco moverá un dedo para impedir que los recursos fiscales del Estado sean desviados de manera delictiva a favor de los candidatos oficialistas. En fin, para que los previsibles resultados electorales –inequívocamente desfavorables– sean formalmente acatados por el gobierno nacional es algo difícil de imaginar. Permitir que luego de dieciséis años del “pastoreo de nubes” en que se ha convertido la Asamblea Nacional, acepten con humildad franciscana que el Parlamento recobre sus atribuciones de legislación, control y manejo político es inaudito. Este régimen ha demostrado que no le da importancia al Parlamento y le trunca sus indelegables atribuciones constitucionales. Las reiteradas solicitudes caprichosas de medidas extraordinarias para legislar así lo demuestran.

Entonces, ¿por qué asistir y convalidar un proceso electoral que nace turbio? La repuesta es elemental: será un año de carnaval con propuestas multifacéticas y demagógicas que intentarán cubrir con un sinuoso manto de distracción; todos los problemas económicos, sociales y de corrupción que tenemos, otorgándole el necesario respiro y tiempo al régimen que ha demostrado su incompetencia, por una parte; por la otra, otorgará medios de subsistencia burocrática a los partidos adocenados que la necesitan para su subsistencia. El tema principal estará circunscrito a la variedad de nuevas y viejas caras que se disputarán el favor comicial en los circuitos electorales. Consumado –también previsible– el fraude procesal electoral en enero de 2016 ¿qué harán los partidos y las individualidades víctimas del despojo? Inconcebible pensar que solicitarán: 1) Reconteo de votos. 2) Recurso administrativo ante el CNE. 3) Recurso Contencioso Electoral ante la Sala Electoral del TSJ. 4) Intervención de la FGR para solicitar la acción penal correspondiente a los responsables de cometer delitos electorales. 5) Exhortarán a la CGR las medidas administrativas para investigar el manejo de los fondos públicos desviados a través del debido control fiscal. 6) Iniciarán los preparativos relativos al proceso revocatorio presidencial con los mismos actores institucionales conocidos, y 7) empezar a delinear candidaturas presidenciales para 2019.

El panorama anterior no es producto de humor negro y visceral, ni de pretender ejercer facultades extrasensoriales de adivinación emulando la tragedia de Casandra. Es fruto, simplemente, de hilvanar hechos y circunstancias; convencido de que quienes representan formalmente –por ahora– a la oposición venezolana no variarán su política errada, estéril y de gabinete. La ejercen, obviando que está diseñada, entre otras cosas, para ser practicada exclusivamente en tiempos republicanos placidos y de normalidad democrática plena.

Las disposiciones asentadas en los principios constitucionales constituyen normas jurídicas integradoras de las reglas de interpretación constitucional. Su cabal cumplimiento permite establecer cuál es la actividad exigible a los diversos órganos del Estado para así alcanzar los fines políticos, sociales y económicos previstos en la carta magna.

La falta de sindéresis para el cabal ejercicio de la política autoestablecida por la MUD por inercia, casi a perpetuidad –donde el resto de los venezolanos somos meros “convidados de piedra”– los ha llevado a desconocer, no denunciar, apaciguar y a no combatir frontalmente los reales escollos que confronta el país; donde lo político-partidista está anudado indisolublemente a lo económico, social y jurídico. 

A partir de 2002, el Ejecutivo nacional intenta establecer una “panoplia constitucional” por intermedio del cambio arbitrario procurado por la lectura ideológica de la Constitución. Mediante fórmulas autocráticas procuran alzarse y establecer el poder político total. El ariete para solidificar esta pretensión ha recaído en la Sala Constitucional del TSJ. Ha pronunciado interpretaciones fundadas de simple ideología político-partidista que contradice el indudable deseo expreso del constituyente –permisivo y propiciador del pluralismo ideológico– obviándolo y haciéndolo estéril. La relevancia selectiva necesaria para un pacto social idóneo que garantice la paz, consiste en la implementación de una cultura político-constitucional donde la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político sean considerados como postulados imprescindibles para una convivencia real, conforme al respeto y garantía de la dignidad  de la persona humana. Para desvirtuar la premisa anterior, no es por capricho, la Fuerza Armada está ahora revestida con un novísimo manto ideológico, donde se le faculta para actuar como un factor desestabilizador más en la confrontación política diaria: “Socialistas y chavistas”, farfullan a los cuatro vientos, desde generales, oficiales en general, soldados, las llamadas milicias y los colectivos armados, por ahora en “sueño inducido”. Esto conforma uno de los despropósitos más claros de esas torticeras interpretaciones. De igual  manera pretende confundir el concepto de Estado –como un todo, jamás indivisible– con el de las  particulares características que definen el llamado Poder Ejecutivo. Con base en esta peregrina interpretación, deroga de hecho la vetusta, irremplazable y genial definición procuradora de la  independencia de los poderes públicos pincelados por Montesquieu. En la práctica pretenden que el Poder Ejecutivo se subrogue las competencias legislativas y judiciales, junto con las pautadas en los nuevos poderes establecidos en la Constitución de 1999. La AN no legisla, no controla ni hace política: ¡Delega! La FGR no cumple el papel constitucional establecido ya que ejerce un tutelaje impropio sobrevenido sobre la jurisdicción penal. El denominado Poder Ciudadano es un simple apéndice del Ejecutivo. Es necesario tener presente esta nefasta e inocultable realidad y actuar con determinación en consecuencia –sin mediatintas– para evitar que el incumplimiento hecho al ordenamiento constitucional y jurídico, quebrantando el “Estado de Derecho”, continúe impunemente.

Esta es la superestructura inconstitucional asfixiante que tenemos. Configurada con paciencia  sibilina y a mandarriazos desde hace más de dos lustros. Este andamiaje no podrá ser desmontado con los poderes actuales; porque los mismos, como lo hemos dicho, carecen de legitimidad y de legalidad, haciéndolos inútiles, por parcializados. Todo constitucionalista es, en principio, un defensor y organizador de la libertad frente al absolutismo. Para instrumentar los correctivos constitucionales pertinentes es necesario ejercer la estrategia de protesta activa, democrática, pacífica y de calle; con dirigentes que trasciendan la concepción táctica simplista formulada en los reducidos cenáculos discriminadores de la MUD y demás factores que propugnan como única solución a la crisis Nacional, la panacea de las curules en juego. Lo procedente, en la hora actual, es reestablecer con los mecanismos constitucionales vigentes la aplicación a plenitud de todos los principios establecidos en la carta magna para garantizar la solución pacífica y definitiva de la crisis nacional; corrigiendo la creciente sensación inocultable del malsano “resentimiento constitucional” –que abordaremos próximamente– emanado de las aplicaciones reiterativas de interpretaciones constitucionales indebidas e ilegales que nos oprimen y abruman.

Es perfectamente viable exigir la intervención de todos los poderes públicos legítimamente constituidos –actuando de manera armónica, como fue la intención del constituyente– para facilitar la “realización material” plena de todos los fundamentos rectores establecidos en la Constitución Nacional.

 

cheye@cantv.net

@CheyeJR