• Caracas (Venezuela)

José Rafael Avendaño Timaury

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Léxico

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El lenguaje, en cualquiera de sus formas, es una cantera inagotable de formas de expresarse. El castellano vive en entera evolución. En este periplo algunas palabras, por vetustas, quedan en desuso. Otras, mutándose, adquieren notoriedad y uso indiscriminado.

En los últimos quince años nuestro país ha palpado una forma novísima de expresión, conculcada desde las altas esferas del poder. Hemos visto como términos cuarteleros han irrumpido en áreas de civilidad. Algunas podrían ser asimiladas sin problema, pero otras revisten un carácter indigerible. Como el presente es un régimen milico rapaz -en el peor sentido del término-cuya cabeza aparente es ejercida por un incompetente civil que presenta a menudo discapacidad intelectual, lingüística y erróneo uso del lenguaje, por desconocer o confundir el significado real; nos hemos acostumbrado y hemos aceptado tácitamente la terminología de campamento. Acaba de informar, con el mayor desparpajo, que la Casa Blanca, el Pentágono, CNN y dos partidos emblemáticos de la oposición lideran y ordenan las acciones de bachaqueros expoliadores, incluidos los saqueos. La prensa acaba de informar que apareció en la Gaceta Oficial –una vez más- la creación de un “Estado Mayor” Eléctrico, cuya función es la de diseñar planes estratégicos de servicio. Como esta inoperante prestación pública ha estado bajo la batuta de un milico de baja graduación, quien a su vez cedió al cargo a otro de mayor graduación, no es lógico esperar que mejore. Estos términos: estado mayor, batallón, patrullas, rodilla en tierra, a paso de vencedores, etc., no han dejado constancia de nada útil ni significativo. Lo preocupante es que los estados mayores regidos por milicos en áreas fuera de su competencia originaria han fracasado todos. La duda es que puedan, en caso de ser utilizados en las áreas de su exclusiva competencia, resultar eficaces. Lo que dejaría a la patria desguarnecida y en espera de una nueva unión –como en otras épocas de crisis- indisoluble entre militares y civiles que la rescaten del abismo.

El término “bachaqueo” está en el zénit de la moda. No me voy a referir al uso, sino a las reacciones que ha ocasionado. Todos hemos oído hablar de la leyenda de Robin Hood. Sabemos que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Esta historia o fábula generó simpatías inocultables por parte de la población mundial en general sin importar la nacionalidad. Lo cierto es que por esas cosas del destino, nuestro país ha constatado, casi con naturalidad un fenómeno al revés; de ninguna manera igual al original. Los altos jerarcas del régimen roban al estado –que es de todos, pero fundamentalmente de la mayoría conformada por venezolanos pobres- a favor de sus propios intereses. Hemos visto como han aparecido nuevas riquezas, imposibles de ocultar, de gentes que apenas hace poco tiempo eran “pobres de solemnidad”. Esto es un hecho notorio que no amerita mayor explicación.

“Bachaquear” como oficio, por lo contrario, sí amerita una ponderación con cabeza fría y corazón ardiente, perfectamente amalgamados y  no excluyentes entre ambos. La primera aseveración sería que esta modalidad es ejercida por gente de bajos recursos; algunos apadrinados por autoridades públicas y/o privadas. Lo cierto es que el buhonero o contrabandista al menudeo, según sea el caso, es  de origen social bajo. Estos especímenes serían una especie de Hood Robin, puesto que roban a los pobres para convertirse en ricos. Utilizan la infame conducta de mercadear con el hambre real que padecemos casi todos para obtener beneficios indignos. La repulsa a este método y personajes, que debería ser unánime, ha ocasionado diversas interpretaciones contradictorias, tanto a nivel gubernamental, como en sectores de la oposición. Hemos visto aparecer, nuevamente, a “sociólogos en mangas de camisa” para la disquisición del fenómeno delictivo. Un sector del gobierno nacional ha manifestado su decisión –que apoyo, si efectivamente es sincera- de reprimirla. Un alcalde carabobeño gobiernero ha actuado en consecuencia y los ha detenido; colocándole “melecos” y constriñéndolos a barrer las calles porteñas. Actitud esta que merece mi apoyo también. Por otra parte, el “minusválido” defensor del pueblo ha manifestado que a estos novísimos delincuentes no se les debe presentar al escarnio público y los defiende “constitucionalmente”. ¿Cuándo veremos en la cárcel a los “Bachacones”; estrato superior de todos los milicos y civiles responsables de la importación fraudulenta (con sobreprecio escandalosos y vencidos) de alimentos y del pudrimiento de los mismos? En la oposición mudista y aleatoria he observado diversidad de criterios al respecto. UNT, partido regional, pero que pretende actuar a nivel nacional, ha señalado que a estos “pobres ciudadanos” no se les debe reprimir, puesto que lo hacen por necesidad. Un periodista y dueño de medios exiliado por opinar, se expresa idénticamente. Hasta ahora no he constatado a ningún opositor “organizado” que combata frontalmente este nuevo flagelo que nos asola indebidamente. Como estamos en año electoral, la demagogia campea con ansias de obtener adherentes y futuros diputados al precio que sea. “Cosas veredes” le diría el Quijote a Sancho, aunque los académicos y conocedores afirman que la frase no aparece en la genial obra.

El léxico jurídico es más especializado y con técnica propia. Los ácidos detractores del derecho afirman que en la formación del abogado existen textos para decir si y otros para decir no. Los galimatías a que nos tiene acostumbrados la Sala Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia tendrán una nueva oportunidad de manifestarse. Hemos presenciado torticeras decisiones contra partidos molestos a los intereses del ejecutivo (Bandera Roja, Podemos, PPT, Copei, MEP, MIN etc.). Nuevamente, la Sala Electoral tendrá la formidable ocasión de perfeccionar el culto impúdico a la obsecuencia. En otras oportunidades he criticado a los partidos y personalidades opositores que recurren a ese órgano por diversas razones y que acarrean consecuencias políticas. Son ilusos y/o demagogos que aspiran la aplicación recta de la ley por parte del actual TSJ y demás órganos del Estado, y no voy a repetir la argumentación. En ésta oportunidad, la Sala Electoral deberá nuevamente pronunciarse –no jurídicamente- políticamente sobre la conveniencia de otorgar la representación formal de la MUD a uno de los dos aspirantes a diputados que anhelan el escaño en el Estado Nueva Esparta. Como Santo Tomás, constataremos que a quien favorezca la sentencia, la misma recaerá en consecuencia a quien le convengan los particulares intereses gubernamentales. Los contendores provienen ambos de AD, aunque no militan actualmente; uno de ellos tiene mayor “pedigrí” adeco que el otro, además del apoyo oficial del partido. El otro caso pendiente es la decisión acerca de la elección popular del parlamento latinoamericano; incoada, curiosamente, por el mismo partido regional con apetencias de ser nacional. De manera inexplicable muchos le siguen “pidiendo al zamuro que les cuide la carne” putrefacta. Por cierto, la mayoría de los candidatos a la AN, tanto del gobierno como mudistas, transgreden la norma de obligatoria residencia en las circunscripciones electorales por parte de los candidatos. ¿La Sala Electoral del TSJ volteará la cabeza, como gallina que mira sal?

Como todo embarazo debe culminar con el parto, o con un aborto; pronto veremos, sin perder la capacidad de asombro, las resultas del “nudo jurídico” a ser desatado por los juristas de otoño con el léxico metajurídico de rigor.

cheye@cantv.net

@CheyeJR

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