• Caracas (Venezuela)

José Rafael Avendaño Timaury

Al instante

Fusilamientos

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

En nuestra historia republicana el paredón fue un ingrediente fundamental como castigo para traiciones y para ajustes personales en la guerra emancipadora, y en las innumerables contiendas armadas que persistieron hasta las dos primeras décadas del siglo XX. La muerte del general en jefe Manuel Carlos Piar, en 1817, acusado de fomentador de “guerra de castas”, siendo un blanco, catire, de facciones finas, fue el más controvertido. No solamente por su jerarquía, sino por la urdimbre aún no desmenuzada con propiedad por el temor reverencial al culto bolivariano. En 1819, luego de la batalla de Boyacá, el Libertador, pasando revista a la oficialidad española cautiva, observó un rostro, esquivo y oculto, ingratamente recordado. No dudó y ordenó su ajusticiamiento sin mayor fórmula de juicio. El 7 de agosto de ese año, el oficial realista Francisco Fernández Vinoni exhaló su último suspiro. Seguramente el ajusticiado y quien impartió la orden recordaron sucesos acontecidos siete años antes en las plácidas aguas y tierras de Puerto Cabello. Siendo subteniente y aprovechando la salida, en cita galante, –reseña a El Correo de las Brujas– del jefe de la plaza, coronel Simón Bolívar, a quien le impidió su retorno al fuerte. Alzó a los oficiales y tropa poniéndola a la orden de España. La consecuencia de la traición –allí se encontraban los recursos bélicos necesarios para la lucha– fue la pérdida de la Primera República y la necesaria capitulación de Francisco de Miranda a quien, en primera instancia, luego de su detención, se intentó pasar por las armas republicanas. Luego fue entregado, en una de las peores acciones infames, a Francisco Monteverde y falleció en La Carraca –Fuerte Marino en Cádiz, España– en 1816.

Después de 1830 hubo diversos fusilamientos. Pedro Carujo no corrió con esa suerte debido a las heridas que recibió en combate luego del alzamiento contra el presidente José María Vargas en 1835. Falleció luego de la condena a muerte, el 31 de enero de 1836. El general en jefe José Antonio Páez ordenó el fusilamiento de su compadre José Dionisio Cisneros el 13 de enero de 1847, guerrillero, bandolero y salteador de caminos que, además de medrar económicamente a su favor, pretendía el retorno de Venezuela –último de los insurgentes contra la República– al antiguo reino. En la Guerra Federal, el general Ezequiel Zamora ordenó la ejecución, no de un godo, sino de un viejo conmilitón muy sanguinario por las atrocidades cometidas que solía disfrazarse de sacerdote y cometía sangrientas tropelías. El general y doctor Antonio Guzmán Blanco impartió lo conducente para la apertura del juicio y el posterior fusilamiento del general Matías Salazar, el 17 de mayo de 1872, su viejo amigo y compañero de aventuras en la llamada “Guerra Larga” y en los sucesos posteriores. Lo cierto es que esta justicia les fue aplicada a venezolanos –con razón o sin ella– en un período extenso. La pena de muerte por asuntos políticos fue debidamente erradicada en los textos legales en 1849, pero su uso indiscriminado, con variables, se siguió utilizando hasta que la Constitución, promulgada el 22 de abril 1864 por el mariscal Juan Crisóstomo Falcón, presidente de la República, la suprimió de manera definitiva.

El general Cipriano Castro ordenó el fusilamiento del general Antonio Paredes (Barrancas, estado Bolívar 15/02/1907) y lo ajustició vilmente en las riberas del Orinoco luego de ser detenido. Historiadores aseveran que eso consolidó el final del “liberalismo amarillo”. El general Juan Vicente Gómez ordenó la muerte de muchos opositores políticos detenidos en ergástulas, pero no se efectuó ningún fusilamiento formal. Al general Juan Pablo Peñaloza, detenido luego de cruento combate luego de su invasión armada, se le ordenó encarcelamiento –otra vez en Puerto Cabello– donde falleció con grillos en los tobillos. Los generales Emilio Fernández y Román Delgado Chalbaud murieron en combate, frente a frente, como en las novelas de caballería, en el puente sobre el río Manzanares, en Cumaná, el 11 de agosto 1929. El único fusilamiento ocurrido en la tiranía, aunque no ordenado por ella, fue practicado en la persona del general Tomás Funes, (San Fernando de Atabapo el 31 de enero de 1921), jefe gomecista “ad hoc” en el Amazonas, ordenado por el general Emilio Arévalo Cedeño, luego del combate y ser detenido, en juicio realizado por un Consejo de Guerra revolucionario.

Posteriormente lo más parecido a un “fusilamiento ordinario” se realizó el 21 de octubre de 1952 en la persona del doctor Leonardo Ruiz Pineda, jefe en la clandestinidad del principal partido opositor a la dictadura ejercida por un milico de ingrata recordación. Este fusilamiento ordinario no es una figura literaria. Fue ejecutado con frialdad criminal por el recién nombrado jefe de la Seguridad Nacional (Sebin de la época) con el apoyo expreso de los milicos y del títere civil que presidía la Junta de Gobierno. Esa muerte dio inicio formal al particular estilo, muy en boga, “constitucional dictatorial” del nuevo presidente que fue derrocado por las Fuerzas Armadas y el pueblo armoniosamente unido el 23 de enero de 1958.

El anterior “paneo” histórico me vino a la mente con ocasión a la controversia limítrofe con la república de Guyana, ingrediente, importantísimo, de la crisis nacional que nos agobia y que forma parte integral del caos económico, social y político que corroe nuestro país.

Desde comienzos del actual siglo, los venezolanos hemos escuchado por parte de Hugo Chávez y de su sucesor el cognomento de “apátridas” dirigido de manera indiscriminada a los opositores. El “cliché”, injusto por demás, me ha hecho reflexionar. En el año 2004, el presidente venezolano afirmo: “…No iba a oponerse a ningún proyecto en la región que vaya en beneficio de sus habitantes… proyectos de agua, vías de comunicación, agrícolas y de energía…”. ¡Más claro no canta un gallo! Coludido con su mentor Fidel Castro, profesando un internacionalismo trasnochado, desfasado y demagógico, otorgó “patente de corso” al gobierno socialista guyanés para hacer lo que estamos viendo ahora en pleno desarrollo. Política alcahueta de laissezfaire (hacerse el loco en versión vernácula) convirtiéndose ambos presidentes, por añadidura, en verdaderos apátridas. El farragoso léxico oficial instaurado desde hace 15 años pretende cambiar burda y ominosamente el lenguaje, la toponimia, la historia y la “verdad verdadera”. Los agavillados civiles oficialistas son colectivos y no paramilitares. El cerro Avila –tan caraqueño como la esquina de Las Gradillas– tiene otro nombre. El dibujo original del caballo en el escudo nacional fue cambiado por el capricho de la hija menor, a quien, su “papi” complació. Colon no fue el primer europeo que descubrió lo que hoy es Venezuela. Ha sido execrado con inaudito chovinismo, obviando la integración racial indisoluble del venezolano porque en sus venas fluye sangre de mezcla india, europea y africana–sin predominio alguno– y la inocultable herencia cultural hispánica. El discurso oficial, por lo demás ripioso y de letanía, es una pérdida de tiempo y de palabras inelegantes al repetir aburridamente la diversidad de género.

Qué hubiera acontecido si la entrega –por ahora– tácita de territorio venezolano a gobierno extranjero –por parte de los dos últimos gobernantes venezolanos– contara con la presencia simultánea de Simón Bolívar, José Antonio Páez, Antonio Leocadio Guzmán, Cipriano Castro, Marcos Pérez Jiménez y Jaime Lusinchi? quienes, con sus distintas actitudes y hechos, respondieron con rigor las conductas que pusieron en juego –con razón o sin ella– la subsistencia de la patria. Los dos últimos no fusilaron a nadie, pero estuvieron a la altura –así debe ser reconocido– de las circunstancias cuando se pretendió horadar la soberanía nacional.

cheye@cantv.net

@CheyeJR