• Caracas (Venezuela)

José Rafael Avendaño Timaury

Al instante

Encrucijada

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Mañana es víspera de navidad, la AN designará los doce magistrados faltantes del TSJ (“blindando” a ese tribunal y a su Sala Constitucional con una conformación política putrefacta y nauseabunda) juramentándolos a lo Jalisco, previendo todo lo que ha de venir en enero. Coetáneamente, en corrillos, se comenta que el partido oficial ejercerá el acto administrativo primario de impugnación ante el CNE en un universo que afecta la elección de aproximadamente 22 diputados. De ser cierto, la decisión final será tomada por la Sala Electoral del TSJ. ¿De llegar a esa instancia, alguien duda del resultado final? Por otra parte, el presidente manifiesta que la cifra de un 1.500.000 votos nulos constituye una sospecha e indicio cierto de fraude (¡así como se oye!) y que este hecho debe ser investigado para impedir el “golpe constitucional de la derecha”. Comienzan a surgir, también, opiniones de constitucionalistas “en mangas de camisa” para justificar a priori el avasallamiento a la voluntad popular representada en la nueva AN. El más conspicuo, por su peso en kg, “vomitó” esta perla: “…Comuna o nada”…, “Maduro tiene derecho al veto…”. Esta argumentación mofletuda y gaseosa reivindica su vieja aspiración de estar nuevamente en la primera línea oficialista como “cultor” constitucional acomodaticio. Culminan las consejas con la amenaza del “turco” de Aragua mediante la cual convocarían una manifestación oficialista (léase colectivos armados) a las puertas del Capitolio. Esto gruñidos constituyen 3 mensajes distintos con un solo fin. Establecen la táctica oficialista de amedrentar a los 112 parlamentarios, propiciando un enfrentamiento cruento. Ante ello, valga la pregunta de rigor: ¿la Fuerza Armada Nacional permitirá pasivamente que se viole nuevamente (Art. 328) la CN?

La MUD ha anunciado su proyecto legislativo inicial. Las leyes enunciadas y los procesos investigativos, todos pertinentes, proceden en la actual coyuntura y son susceptibles de ampliación. El deseo mayoritario de los compatriotas es que las instituciones públicas, todas ellas, funcionen a cabalidad, en armonía y con independencia republicana. El parlamento, todos lo sabemos, es fundamental para coadyuvar en el logro de la paz social. Los ingredientes para que esta sea duradera y efectiva lo constituyen diversos factores perfectamente delineados por la carta magna: un Poder Judicial autónomo que no represente otra opción que la de resolver por vía legal las confrontaciones que toda sociedad produce y que sus decisiones sean ajustadas a derecho; soslayando todo lo metajurídico y contaminación política inapropiada. Idéntica argumentación es aplicable a la vindicta pública y a la Contraloría General de la República. Los otros valores constitucionales emergentes; autónomos desde hace 16 años, el CNE y la Defensoría del Pueblo constituyen, el primero, la garantía cierta de que la voluntad popular no sea conculcada en el acto de votación y en el proceso electoral, guardando una independencia política plena que garantice a todos los actores la aplicación de la normativa del sufragio en su conjunto. El defensor del pueblo debería ser la instancia para que el objeto de su mandato sea acatado sin restricción; haciendo respetar, en sus justos términos, las proposiciones constitucionales de manera global.

Establecida la premisa –no teórica, puesto que existe, sino práctica, en virtud de que las ejecutorias lo contradicen– corresponde al nuevo parlamento deshacer todos los entuertos que han sido burdamente establecidos por la urdimbre seudoconstitucional que nos asfixia desde hace casi tres lustros. La mayoría parlamentaria debe estar sujeta a una dirección política unitaria –que debería ampliarse– para establecer las líneas maestras y así propiciar la resolución de la crisis nacional. Las nuevas leyes a promulgar, la función contralora y las decisiones políticas a ser implementadas deben ser producto de una estrategia y táctica rigurosamente establecida para enfrentar la estrategia y táctica oficialista; que no es otra que la de continuar en el poder a como dé lugar [“como sea” (sic)], saltando a la torera el marco constitucional.

Las resultas del 6 de diciembre las estamos viviendo en su primera etapa, con el reconocimiento formal del gobierno de su incuestionable derrota. Este descalabro, a pocos días del hecho, ya pretenden revestirlo con una “sordina” babosa y peligrosa. La que nos referimos anteriormente, que amerita respuesta oportuna por la MUD en cuanto se concrete el intento cacareado. Por ahora, además de la intención de promulgar nuevas leyes, y de diversas declaraciones por parte de algunos de sus múltiples voceros, no ha habido ninguna orientación política seria para prevenir y afrontar los hechos notificados por el gobierno. El concierto musical, con rasgos bucólicos, realizado el día 12 en la plaza Brión de Chacaíto, ha sido la única celebración en calle del triunfo. No pretendo propiciar en estos momentos la “toma de la Bastilla”. Pero me parece que soslayar la participación popular de manera cívica, festiva y democrática no es lo más apropiado en esta hora. La orientación didáctica y previsiva dirigida al pueblo para aleccionarlo ante los acontecimientos cercanos es lo plausible.

No quisiera terminar estos comentarios sin referirme a un aspecto, también crucial, para la república. El gobierno guyanés emplazo a la MUD para que emitiera opinión acerca del conflicto propiciado por ese régimen en el Esequibo. No es hora, tampoco, de obviar un hecho que lesiona la soberanía nacional. La MUD debería responder a lo planteado por el gobierno de ese país de la manera más contundente. El juicio valorativo de la situación, consultado con internacionalistas y otros especialistas calificados es la base para elaborar la referida respuesta con criterio de Estado. En el plan legislativo y de acciones enunciado (actividad normativa e investigativa) no aparece el tema del Esequibo por ninguna parte. En consecuencia, dada su relevancia, la próxima Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la AN debe avocarse al estudio e investigación de los hechos agresores propiciados por el gobierno guyanés de otorgar concesiones de exploración y explotación minera y petrolera en el territorio en reclamo. Así como la responsabilidad política y administrativa, derivada por la pasividad y permisibilidad fáctica asumida por el presidente fallecido y del actual; además de todos los cancilleres en funciones durante los últimos 12 años, quienes de manera tácita, casi expresa, permitieron y permiten esa continua agresión extranjera.

…Pasado mañana es Navidad. ¡Mis mejores deseos para todos los venezolanos de buena voluntad!

cheye@cantv.net

@CheyeJR

https://jravendanotimaurycheye.wordpress.com