• Caracas (Venezuela)

José Rafael Avendaño Timaury

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José Rafael Avendaño Timaury

Deslinde

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Los acontecimientos venezolanos vienen presentándose de manera vertiginosa y variada. Tan es así, que muchos de ellos se sobredimensionan y otros, aparentemente, se muestran como soslayados. La psicología social debe ponderar con atención los padecimientos que sufrimos y las reacciones adversas individuales que no cristalizan en una contundente acción colectiva. Por el contrario, inexplicablemente mantenemos una asombrosa parálisis ante lo que nos acogota. Decir que en nuestros hospitales y clínicas fallecen pacientes por falta de insumos no sobresalta a nadie. Tener un vehículo estacionado por falta de repuestos durante meses, tampoco. Ser víctima de un atraco en la calle, agradeciéndole a Dios que se conservó la vida, con sangre de por medio o sin ella, es cotidiano. Que los medios comunicacionales –diarios, radios y televisoras– hayan sido enajenados y por consecuencia su línea editorial independiente haya variado a favor del gobierno, es común. Por ello, nos encontramos aturdidos ante la inefable campaña publicitaria, directa y subliminal, para hacernos cambiar coactivamente nuestro libre albedrío y racionalidad.

Del caos social, económico y político venezolano sobresalen cuatro aspectos que deben ser analizados con frialdad de catedrático: patrioterismo, profilaxis social, defensa de la integridad territorial y elecciones conculcadas.

El gobierno norteamericano en uso de sus atribuciones constitucionales y de derecho positivo interno, instrumentó una serie de medidas administrativas contra individualidades extranjeras que vulneran el orden interno de ese país en áreas sensibles como es el denominado blanqueo de capitales, producto del narcotráfico o de corrupción administrativa de funcionarios foráneos que ponen a buen resguardo los dineros mal habidos en sus respectivos Estados. No utilizan a Cuba, Rusia, China y otros, sino se valen, preferiblemente, del país norteño; de igual manera los funcionarios públicos que en sus terruños de origen lesionan los derechos humanos, cuya universalidad es derecho positivo y trasciende los límites nacionales. En uso de esa premisa, procedieron a sancionar, en principio, a seis militares y una civil. El gobierno nacional consideró alegremente que la medida –supresión de visa y congelamiento de cuentas bancarias– era una agresión contra la nación, pretendiendo instaurar una indebida solidaridad nacional automática con el Estado y esas individualidades. Para ello, hace valer la incontenible publicidad que distorsiona la “verdad verdadera”. Resulta entonces que los siete funcionarios milico&civiles se subrogan la representación plena de la nación. La continuación de esa política malsana me hace presumir que pronto se emprenderá una campaña similar en contra de Andorra, por habérsele ocurrido cerrar y congelar cuentas bancarias donde se lavaron capitales venezolanos producto de todos los latrocinios a que se ha visto sometido el erario público patrio. Así que la anunciada movilización milica a realizar, será contra Estados Unidos, Andorra y quizás Suiza. La célebre proclama de Cipriano Castro –indudablemente correcta– en 1902, ha sido desempolvada con maniqueísmo asombroso.

Siempre he mantenido el criterio de que los “conversos” han ocasionado siempre más mal que bien. Hemos observado como el PSUV –y los demás tontos útiles que le acompañan– ha devenido en una logia muy sui géneris, al conciliar el caduco lenguaje marxista estalinista, con el vocabulario cuartelario –insulso y vacío– convirtiendo a algunos egresados de academias militares como altos prebostes decidores, muy bien aprovechados por lo demás, que ya dirigen de manera casi absoluta los destinos del país. Los conversos provenientes de la insurrección armada, derrotada política y militarmente en décadas pasadas, están ahora coludidos con los conversos milicos derivados de la vetusta doctrina de Seguridad Nacional aplicada en países –Venezuela con la invasión cubana en Machurucuto de 1967, entre otros hechos– latinoamericanos y también conversos “conservadores”. Todos “vivianes” de postín. Por ello, como consecuencia de esta unión contra natura, es que “estamos como estamos”. Como corolario de todo, resulta fácil predecir que las prebendas y canonjías obtenidas por esta fusión de “morrocoy con gallo”, serán defendidas “a dentelladas” por sus poseedores –uniformados y/o disfrazados– hasta el final. La razón es sencilla: disfrutarlas fuera del país cada día se les hace más difícil, salvo que se radiquen en Cuba, Nicaragua, Rusia, algunos territorios árabes o China.

Este “encompichamiento” macabro nos lleva a señalar otro hecho grave. La concesión otorgada por el gobierno guyanés a empresa norteamericana para explorar y explotar eventuales productos petroleros asentados en la zona marítima y terrestre del Esequibo –territorio en reclamación, como es de todos conocido– tiene al gobierno nacional en un silencio cómplice que lacera la dignidad y los altos intereses nacionales. Los comunistas, milicos y “socialistas” de hoy no se atreven a contrariar la posición ideológica cubana y demás países caribeños que siempre han considerado que la justa posición venezolana tiene un carácter expansionista, casi de “imperialismo”. Por ello, y por ninguna otra razón, es que han guardado, guardan y guardarán –hasta que se complete el despojo territorial– un silencio cómplice que le otorga a Guyana –al decir de los verdaderos internacionalistas– una especie de aprobación tácita que, como sabemos, consiste en la aceptación de hecho de lo consumado sin oposición alguna, lo que genera derechos adjetivos y sustantivos en la probable confrontación jurídica procurada ante un tribunal internacional, obviando lo establecido en el Acuerdo de Ginebra.

La sanción norteamericana a individualidades venezolanas presumiblemente incursas en los delitos arriba indicados y la política de despojo territorial en pleno desarrollo ha traído como secuela una inverosímil reacción y postura por parte de partidos y sectores venezolanos que le hacen oposición al desgobierno nacional. Engolosinados como están, ante el eventual proceso electoral parlamentario que les dispensarán nuevas curules y medios de subsistencia, han asumido de la forma más variada, oportunista y cobarde, haciendo uso de galimatías, una curiosa posición ante los hechos trascritos. Casi igualan a los “gobierneros”, por la usanza de un patrioterismo trasnochado y de ocasión, con dos argumentos primordiales: injerencia en los presuntos asuntos internos por parte del país del norte y el temor reverencial de esperar que la fuerza armada nacional –recibiendo las órdenes pertinentes del gobierno legalmente constituido– cumpla con su deber y asuma las medidas –no actos de guerra– tendentes a ratificar las premisas establecidas por el derecho determinado en Ginebra en 1966; para navegar y sobrevolar el territorio en disputa impidiendo, ahora sí, la ilegal injerencia extranjera. El miedo reverencial a un militar haciendo uso de atribuciones constitucionales –para lo que debidamente fueron formados y no para vender verduras y carne en bodegas– ejerciendo de esta manera una cabal política de Estado que haga valer los altos intereses nacionales a través de actos disuasivos. La expectativa los paraliza, atemoriza y les hace obnubilar el juicio. Comparan, in péctore, lo acontecido en las islas Malvinas en la década de los ochenta del siglo pasado –tratando de apuntalar el régimen milico, para ese entonces decadente y dictatorial– omitiendo que los ingleses no cometieron ningún acto nuevo de provocación sobrevenida al indudable despojo ocurrido hace siglos. Aquella maniobra no es igual a la real amenaza que confrontamos nosotros. ¿Están en vigencia los principios constitucionales referidos a la Fuerza Armada y en especial el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional?

El deslinde posicional es necesario en las horas cruciales y estamos en una de ellas. Un gobernador provinciano –emulador de Fulgencio Batista, porque de sargento brinco a “general”– haciendo gala de populista, demagogo y con inocultables cálculos electoreros producto de una formación arcaica e indigesta, considera también –con simplicidad inocua– como agresión a la nación la decisión norteamericana. Calla, en infame silencio, el problema limítrofe que pone en peligro la integridad territorial venezolana. Forma parte del grupo integrado por algunos gobernantes que carecen de la formación necesaria y son producto de accidentes fortuitos y caprichosos de carácter coyuntural. Los venezolanos padecemos de esta patología. En muchos casos se les otorga, sin la ponderación debida, el espaldarazo electoral inexplicable, aunque siempre equivocado y pernicioso.

La demarcación debida de posiciones proviene casi siempre de un dilema ético, ya que este consiste en una disyuntiva crucial que afrontan las personas y grupos en una determinada situación por la necesidad de decidir y actuar ante un entrecruzamiento contradictorio de opciones, pulsiones, razones y valores.

¿Será posible entonces que ante la crisis nacional, una confrontación electoral dudosa, alimentada por intereses subalternos, prevalezca por sobre los altos intereses nacionales? He allí el dilema.

 

cheye@cantv.net

@CheyeJR