• Caracas (Venezuela)

José Domingo Blanco

Al instante

Esclavos rojos

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Que el Cendas nos diga que, para cubrir la canasta básica de octubre, una familia de 5 miembros tuvo que desembolsar 110.116,47 bolívares, escandaliza. Se necesitan 14,8 salarios mínimos para cubrirla. Son muchos los recortes que hay que hacer en un hogar para llegar a final de mes. Pero permita Dios que esa familia no esté en la nómina del Estado, porque además de los gastos fijos que deben cubrir, su empleador los obligará –corrijo, los “exhortará”– a realizar “aportes voluntarios” para la causa, que en estos días se traduce como “campaña electoral”. Un aporte monetario para que el PSUV, logre su “victoria perfecta” y estas sabandijas que nos desgobiernan sigan perpetuándose en el poder.

Por estos días, días previos a las elecciones, el memorándum de los “chivos” máximos de los organismos públicos –invitando a hacer una “contribución” a la campaña del PSUV– no se ha hecho esperar. El depósito de la “donación” en los bancos del Estado es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios del gobierno que ocupan altos cargos. En condiciones normales, estas órdenes jamás serían acatadas con beneplácito. Y menos aún con el costo de la vida que nos recuerda mes a mes el Cendas. Para nadie, por más adicto que sea de la revolución y de los pensamientos de Chávez, debe ser fácil desprenderse de un dinerito que seguramente tenía destinado para otro fin más mundano y menos ideológico. Me gusta pensar que alguno de esos empleados públicos, mínimo, se le escapa una mentada de madre cuando recibe una orden de esta naturaleza. Porque eso es lo que es: una orden de obligatorio cumplimiento, de la que no pueden escapar porque los tienen vigilados. Y para comprobar que hicieron el aporte, tienen que enviar la copia del voucher escaneada. Quisiera creer que por más alineados que estén con la doctrina del desgobierno, a estos funcionarios les molesta la imposición de hacer un cheque para la revolución.

Pero, el asunto es que esta obligación no es solo para los altos cargos gerenciales dentro de la nómina del Estado. Los otros empleados, los que tal vez ganen solo un poco más del salario mínimo, los que tal vez no están enchufados, ni cobrando comisiones, sino recibiendo su “quince y último”, también son “víctimas” de este abuso de poder. Así nos lo dejaron saber algunos de ellos –cuyos nombres pidieron no ser revelados–. Les obligan a realizar aportes, los obligan a marchar, los obligan a arrastrar a diez personas más a los “Puntos Rojos” donde se realizan los simulacros de las parlamentarias. Los hacen asistir a las concentraciones de Maduro. Los montan en un autobús y los llevan como ganado a aplaudir las bobadas del mandatario. Los hacen vestirse de rojo. Les ponen en las oficinas el canal 8 y en el “hilo musical”, las arengas del difunto. A eso, ¿cómo lo llamamos? Para mí, es la versión moderna de la esclavitud; esclavos rojos a quienes no les queda otra opción que buscar trabajo con el mayor empleador de este país. Y puedo entender que muchas de estas personas lo hagan por la necesidad de mantener a las familias, pagar las deudas, alimentarse y subsistir. Sin embargo, lamento enormemente que nuestra fuerza trabajadora, nuestros profesionales, técnicos y obreros hayan caído en esta especie de opresión moderna. Es válida la excusa de la necesidad de mantener a las familias; pero, ¿por qué permitir vejaciones y acatar mandatos que son propios de una dictadura de partido? Necesitamos una rebelión de empleados públicos. Que se levanten y sean capaces de decir: “No me calo más esta vaina”. Empleados públicos que se alcen y le pongan freno a los abusos y a las coerciones de libertad de pensamiento y acción. Ya basta de que, como el Estado es el partido de gobierno, los empleados públicos –que son pagados por nosotros– tengan forzosamente que militar y ser fiel a la línea partidista. Incluso tendrían que ser lo suficientemente valientes como para impedir que les exijan este 6-D tomarle una foto a la papeleta que emita la máquina de votación como prueba de que eligieron –así no les guste– a los candidatos del PSUV. Una flagrante violación de la Constitución y del secreto del voto.

Además, como para azuzarles las molestias, muchos de estos funcionarios públicos cuentan que, en los últimos meses, han visto cómo a sus oficinas están llegando a “trabajar” una gran cantidad de personas contratadas, que solo están sentadas en los escritorios o deambulando por los pasillos; entorpeciendo las labores de los que sí tienen trabajo que hacer. Tercerizados que lo único que hacen es mirar para el techo y “cumplir” con el horario. Nadie sabe qué hacen, ni para qué fueron contratados; solo saben que cada vez incorporan más personas que no se necesitan. Algunos se aventuran a decir que “tal vez son patriotas cooperantes, vigilando para sapear a quienes se quejen del gobierno”.

Aun cuando la esclavitud en Venezuela se abolió hace muchos años, la nómina del Estado es tan inmensa que, para pertenecer a ella, los obligan a venderle el alma a Maduro, como en su momento se la vendieron a Chávez. Los empleados públicos son unos sometidos a los mandatos del régimen. Tiene que haber alguien capaz de rebelarse contra esa dictadura del pensamiento. El rojo rojito de las dependencias del gobierno es la mejor representación del infierno de quienes se ven en la necesidad de trabajar para el Estado, vestirse con la camisa roja que los obliga a vestir el Estado, leer los periódicos que le indica el régimen, marchar alabando y gritando consignas a favor del desgobierno. Aprenderse de memoria el Plan de Patria que, como nuevo contrato de la vida laboral del empleado público, obedece a las líneas del partido de gobierno. El Estado termina siendo el Gran Polo Patriótico y, como al mismo tiempo es el mayor empleador, tiene las herramientas para mantener sumisos –como presos de conciencia y esclavos de su ideología– a nuestros empleados.

 

mingo.blanco@gmail.com

@mingo_1