• Caracas (Venezuela)

Jorge Pabón Raydan

Al instante

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Me siento alarmado por la difusión que ha hecho la fiscal general de la república, doctora Luisa Ortega Díaz, por sus recientes declaraciones sobre el abominable “secuestro” de un niño en las que expresa que hay que regular más a los medios de comunicación social alternativos por divulgar una noticia alarmista y falsa que ella misma está difundiendo en rueda de prensa, y, sobre todo, porque hay una sospecha general sobre la veracidad de la noticia; lo mismo ha hecho el diputado William Ojeda, compañero de bancada del diputado Ricardo Sánchez, quien valiéndose del supuesto secuestro hace el coro a la fiscal para avanzar más en este totalitarismo del siglo XXI al que nos tiene sometidos el Foro de Sao Paulo. Ante estos hechos uno se pregunta: ¿qué va a hacer la oposición por asunto de tanta importancia, intentará sacar la gente a la calle o hará lo que tantas veces ha hecho: protestar airadamente de boquilla o sencillamente hará el mutis?

Por su parte, el gobierno valiéndose de las circunstancias, pone a varias de sus fichas en avanzada totalitaria que, por cierto, ya estaba reflejada en el decreto del presidente Chávez mediante el cual impuso como globo de ensayo la “ley sapo”, y que ante la contundente reacción del país, incluido el PSUV sano, tuvo que derogarla haciéndose el loco, diciendo que lo habían engañado, que no sabía lo que había firmado. Pues bien, en la movida se encuentra también la mayoría de la Asamblea Nacional que muy diligentemente va a “investigar” tan bochornosos hechos (secuestro del niño) y a “exhortar” al presidente Maduro para que en ejercicio de la habilitación prestamente ahogue normativamente la expresión más genuina y democrática de la libertad de expresión: los medios de comunicación social alternativos, invocando a tal fin “la denuncia” de la fiscal. También, promoviendo la autocensura, elevarán a 30 años la pena por el delito de traición a la patria en concordancia con el miedo que pretenden imponer con la inconstitucional Ley Habilitante que acaban de aprobar. Cabe señalar que el asueto de la Semana Santa sería propicio para las maniobras gubernamentales; sin embargo, ha sido la propia Iglesia la que se ha pronunciado la Semana Mayor, a través del cardenal Jorge Urosa Savino, su máximo representante en Venezuela, quien ha dicho: “La dirección de la política económica del gobierno va hacia el control absoluto de todos los elementos de la vida social y económica por parte del Estado”; y en este contexto podría afirmarse que la política represiva del gobierno se extiende a la asfixia de los referidos medios alternativos de comunicación.

La oposición, por su parte, no ha desarrollado una política seria que impida que por decreto con fuerza de ley o por cualquier otro instrumento “jurídico” o no jurídico, nos quiten la posibilidad de  informarnos e informar libremente a través de las redes sociales, ya que los teléfonos se encuentran intervenidos sin orden judicial previa, como lo establece la Constitución. Son pocos los medios que tenemos disponibles, pues el “boca a boca”, quizás el más importante de todos, se encuentra autocensurado por el temor a los micrófonos ilegalmente instalados, y sobre todo a la omnipresencia de los “patriotas cooperantes”.

Quiero alertar a la oposición, a parte del PSUV, y especialmente a los partidos democráticos que en estos días tienen el apetito electoral agigantado y se encuentran en peleas improductivas entre ellos, para hacerse de unas curules parlamentarias que serán pocas e inútiles sin una política activa y claramente antitotalitaria, ya que en la avanzada seguramente actuarán, si fuere necesario, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

Quisiera también hacer un llamado para que estemos todos atentos a los acontecimientos  y a protestar con fuerza de manera democrática contra esta escalada totalitaria y también contra la dirigencia opositora si no actúan en consonancia con la Constitución de la República que nos impone el deber de la protesta al decirnos en su artículo 132, lo siguiente: “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”.

Pues bien, es increíble a lo que hemos llegado, la libertad de expresión se encuentra amenazada por un “secuestro” que es utilizado burdamente para atentar contra la libertad de expresión. “Cosas veredes Sancho que harán favlar las piedras”.