• Caracas (Venezuela)

Jorge Pabón Raydan

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Las leyes habilitantes

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En  el siglo XIX la idea de que la función normativa era monopolio del Parlamento desapareció al otorgarse al Ejecutivo la potestad de reglamentar las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón. En el transcurso del siglo XX se permite que el Ejecutivo haga leyes, llegando al punto máximo con la delegación que se da a Hitler para que legisle en cualquier materia sin control, lo que dio lugar a la llamada ley de plenos poderes, basada en la Constitución de Weimar de 1919, la cual, con la aprobación del parlamento, autoriza al ejecutivo para que legisle lo que quiera.

En Venezuela las leyes habilitantes nacen en la Constitución de 1999. Antes, aunque se denominaban leyes habilitantes, lo que existía era una autorización al Presidente para dictar medidas extraordinarias en materia económica o financiera en caso de urgencia, previa autorización del Parlamento mediante ley especial. Esta potestad fue introducida  en la Reforma de la Constitución de 1945, a solicitud del Presidente Medina. En las Constituciones de 1947 y 1961 se mantiene en términos similares y desaparece en la Constitución de 1999, cuando se incorpora como uno de los tipos de los estados de excepción: el de emergencia económica, se incorpora también el de alarma, para enfrentar catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares.

La Constitución del 1999 recoge en su artículo 203 la mejor tradición democrática sobre las leyes habilitantes. En efecto, a la caída de Hitler los países buscan fórmulas que impidan la aberración de las leyes habilitantes “hitlerianas”, creando normas que controlen sus efectos patológicos que lesionan  el sistema democrático. Así, la Constitución de Italia del 22-12-1947 establece: “No se podrá delegar al Gobierno el ejercicio de la función legislativa sino especificando los principios y criterios directivos y únicamente por plazo limitado y para objetos determinados”. Por su parte la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania del 23-05-1949, pauta: “El Gobierno Federal, un ministro federal o los gobiernos de los Lander podrán ser habilitados mediante ley para otorgar decretos. En la ley deberá determinarse el contenido, objeto y alcance de la habilitación  otorgada”. En el mismo sentido, se ubica la Constitución Española de 1978 que exige que la delegación tiene que hacerse de forma expresa para materia concreta y que no podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Durante la gran depresión en EEUU y luego de la segunda guerra mundial en las democracias europeas se debatió si los parlamentos podían entregar sus poderes, lo que se negó en todas partes.

Dice el artículo 203 de la Constitución: “Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente de la República con rango valor y fuerza de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio”

A pesar de su defectuosa redacción, este artículo establece que la ley habilitante debe contener el objeto material de la delegación, sus directrices y propósitos, evitando que el ejecutivo traspase esos límites. En la actualidad están concebidas para que el Ejecutivo que tiene los recursos necesarios para elaborar leyes de mucha complejidad técnica o económica, como por ejemplo sobre la explotación del uranio, las dicte pero ajustándose a los límites establecidos por el legislador, so pena de nulidad.

En Venezuela, por el contrario, las leyes habilitantes marchan inconstitucionalmente hacia las leyes “hitlerianas”. La de 2007 establecía 11 ámbitos de manera tan general que puede decirse que se apartaban totalmente de las exigencias del texto constitucional, tanto así que se atrevieron a poner en el ámbito económico y social: dictar normas destinadas a los sectores de salud, educación, seguridad social, seguridad agroalimentaria, turístico, de producción y empleo, entre otros

Lo mismo ocurrió en la Habilitante de 2010, que estableció 9 ámbitos redactados de forma tan general que el Ejecutivo podía hacer lo que quisiera, llegaron al extremo en el ámbito 8, referente a la cooperación internacional de delegar la función indelegable de control que tiene el parlamento sobre el Ejecutivo en esta materia. En efecto, el artículo 150 constitucional establece “No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional”. La delegación consistió  en cederle al Presidente la aprobación, en sustitución de la Asamblea, de los contratos que les correspondía suscribir después de la aprobación parlamentaria. Lo mismo hizo con los tratados y convenios internacionales.

Las leyes habilitantes del régimen son tan genéricas que se solicitan con justificaciones distintas y en muchos casos la habilitación es  idéntica, sirva como ejemplo el ámbito de la seguridad ciudadana y jurídica, cuya redacción es prácticamente la misma en el 2007 y en el 2010. Por cierto, la habilitación del 2010 se justificó ante el país por la  emergencia de las lluvias, lo que choca con la estructura constitucional, ya  que las situaciones extraordinarias de calamidad pública solo pueden ser enfrentadas constitucionalmente con el estado de excepción correspondiente (alarma),  siempre y cuando los medios constitucionales y legales normales  resulten insuficiente para encarar dichas situaciones, o bien cuando los medios sean suficientes pero se necesite la coordinación y activación de recursos técnicos, financieros y humanos, caso en el cual lo que procede es la declaración del estado de emergencia consagrado en la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, que puede ser dictado no solo por el Presidente, sino también por gobernadores y alcaldes dentro de su territorio.

El gobierno dice que va a solicitar una ley habilitante para combatir la corrupción, está buscando al diputado 99. Una habilitante no está concebida para eso. Nada la justifica ni  saliéndonos de la sana interpretación jurídica, ya que no es posible otorgar la potestad de hacer una ley a quien se debe controlar con la misma. Se dice que por razones de tiempo debe aprobarse, lo que es falso, ya que la habilitante está sometida al proceso de consulta que establece la Constitución, y luego los decretos a la consulta que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública, que tarda mínimo 30 días. Además, la Constitución dice: “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena”, lo que indica que a los delitos cometidos solo podrán imponerles menor pena o eliminarlos. Además, los delitos son materia de reserva legal del parlamento.

Finalmente, para poner en evidencia que de lo que se trata es de un acuerdo nuevamente de la mayoría parlamentaria, la Sala Constitucional y el Ejecutivo Nacional para darle otro zarpazo totalitario al estado de derecho, baste recordar que la habilitante de 2007 habilitó al Presidente, en el ámbito 3, para:

Dictar normas orientadas a erradicar definitivamente la corrupción…”.