• Caracas (Venezuela)

Jorge Pabón Raydan

Al instante

Transición judicial

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Este régimen lleva 17 años enmascarándose con la Constitución en un proceso de desmontaje de la institucionalidad democrática. Y a la vez ha ido montando  el autoritarismo escondido y sigiloso que hoy vivimos. El Tribunal Supremo de Justicia ha desempeñado un rol central en maquillar un abusivo constitucionalismo autoritario para venderlo relativamente fácil a la comunidad nacional e internacional, pero ha sido descubierto y el producto de la maniobra ha caído desnudo ante los ojos de Venezuela y el mundo. El régimen repetía: Acudan al máximo tribunal de la patria, vayan a quejarse a mi guarida a encontrar justicia. Y así la hiena aguardaba para darnos el brutal zarpazo. De este modo el TSJ fue una herramienta legitimadora del oprobio autoritario hasta que ha sido descubierto. En diciembre de 2014, se nombró más de la tercera parte de los magistrados del TSJ sin la presencia de la oposición política y fueron juramentados en la Asamblea Nacional por representantes del partido de gobierno en esa institución.

Muchos salen de las filas del PSUV, generando una falta de legitimidad en su designación y un impacto negativo en cuanto a su imparcialidad. En varios casos los designados en diciembre y los que estaban en el ejercicio de los cargos carecen de méritos e idoneidad suficiente para administrar justicia.

En Venezuela la Constitución es la que establece las condiciones y requisitos para ingresar al TSJ, artículos que son inobservados o manipulados y que constituyen letra muerta para el régimen, lo que produce un vicio en el procedimiento de selección. Por ello una transición debe iniciarse con la creación misma de un Poder Judicial. El solo hecho de llamarlo poder indica la existencia de la separación de poderes, ya que cuando el Judicial es parte del Ejecutivo no existe aquel poder, solo el del autócrata. Habrá que comenzar por  la cúspide, pero este proceso debe abarcar a todos los niveles del Poder Judicial. En Venezuela, el Poder Judicial tiene dos elementos a ser revisados, El Tribunal Supremo de Justicia y los otros tribunales de la república.

El TSJ es el máximo órgano de administración de justicia, sus funciones fundamentales son: velar por la legalidad en la aplicación de las leyes y demás actos de los poderes públicos y el control concentrado de la constitucionalidad que lo maneja exclusivamente la Sala Constitucional. Cabe señalar que ambas competencias han sido utilizadas al servicio del régimen, como instrumento de acción política para privar de libertad a dirigentes políticos (Leopoldo López, condenado a 13 años de prisión), dirigentes estudiantiles (hijo del general Baduel y muchos otros), jueces (María Afiuni, detenida desde diciembre de 2009), funcionarios de cuerpos policiales (Simonovis, Forero y los policías olvidados, presos desde el año 2002), alcaldes electos por la voluntad popular (Ledezma y Ceballos), y el más reciente del 21 de agosto de 2015, donde se dictaron medidas preventivas de privación de libertad a tres ciudadanos por abuchear a la esposa del presidente de la Asamblea Nacional en una playa de la costa venezolana. Estas personas se encuentran presas en la cárcel de Coro junto a presos comunes, por el  delito de expresar el descontento generalizado de la colectividad contra quien ejerce de manera ineficiente el cargo de ministra de Turismo. Y así existen más de 200 presos políticos.

Pueden indicarse también como utilización abusiva del Poder Judicial la confiscación inconstitucional de medios de comunicación (caso RCTV, que con sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no logrará la restauración de sus derechos; por el contrario, hace una semana el presidente de la Asamblea Nacional declaró desde el hemiciclo que no acatarán la decisión pues esta responde, según ellos, a intereses imperialistas; los ataques a la libertad de expresión (El Nacional, Tal Cual y La Patilla), sembrando un terrorismo judicial que socava la conciencia democrática del venezolano.

El gran problema del Poder Judicial es su falta de independencia que es el objetivo fundamental que tiene la separación del poder público como garantía de la independencia de los jueces, elemento esencial para prevenir el abuso de poder por parte de los otros órganos del Estado. Cabe hacer una acotación en relación con dos ejemplos dados anteriormente, y es que con la suspensión y detención arbitraria de la juez 28° de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, María Lourdes Afiuni, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura otorgó “la provisionalidad” del ente administrador de justicia a la jueza Susana Virginia Barreiros Rodríguez, jueza del caso Leopoldo López, quien fue designada “provisionalmente” el 12 de agosto de 2010 por la Comisión Judicial como reemplazo de la jueza Afiuni. Han pasado cinco años y la temporalidad se ha extendido. En 2012 salió nuevamente a la opinión pública al ser nombrada por el TSJ como parte de los pocos jueces que tenían competencia en casos de terrorismo, delito que usualmente es imputado a adversarios del llamado “socialismo del siglo XXI”.
En diciembre del mismo año, Susana Virginia Barreiros Rodríguez otorgó la libertad de Arné Chacón Escamillo, hermano del ex ministro Jesse Chacón Escamillo, quien fue  imputado por apropiación indebida de créditos y aprovechamiento fraudulento de fondos públicos. Así, podemos observar cómo es usado el Poder Judicial en contra de los adversarios del régimen, y a favor de ellos cuando lo necesitan

La transición judicial desde el punto de vista de Derecho Comparado

En el mundo existen variedad de casos, tenemos el de Portugal y la Revolución de los Claveles en 1974, que provocó la caída de la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar que dominaba el país desde 1926, y en donde tuvo que sacarse de cuajo a los integrantes del Poder Judicial. En el caso español en la transición, a la muerte del general Francisco Franco,  sobrevivieron los jueces españoles y se procedió en paz a la instauración de las leyes y la nueva Constitución que iba a regir a España en lo adelante. Lo mismo sucedió en Egipto, en cuanto al Poder Judicial, tras la caída de Hosni Mubarak, pues en ambos casos se contaba con un Poder Judicial decente que se acomodó a las nuevas realidades políticas.

En Venezuela por todo lo dicho es necesario, de darse una transición hacia la democracia, el nombramiento inmediato de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y de las cortes en lo Contencioso Administrativo, así como la sustitución de la mayoría de los jueces penales, con el fin del restablecimiento de la administración imparcial de la justicia, con las excepciones a que hubiere lugar.

En relación con los otros jueces habría que sustituir a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura por una alta comisión para la estructuración del Poder Judicial, constituida por personas de renombre nacional y de reconocida honorabilidad y méritos suficientes que garanticen una transición sin cacería de brujas, pero sin permitir la impunidad de aquellos que han utilizado los tribunales para intereses subalternos. Esta comisión duraría mientras se convoque a unas elecciones auténticas donde una nueva Asamblea Nacional en ejercicio de sus competencias constitucionales y en respeto de los procedimientos nombre un nuevo TSJ acorde con la democracia y la legalidad en Venezuela.

No tengo ninguna expectativa de victoria de los sectores democráticos en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, ya que el control de todos los poderes por parte del régimen y su falta de escrúpulos, capaces de hacer lo que sea para mantenerse en el poder, y lo “blandengue” de la oposición de la MUD, que lejos de ayudar empeora la situación, determinan una falta de claridad y de unidad de acción que dificulta la salida del régimen. Por lo demás, aun ganando las parlamentarias ya la sustitución de los magistrados está dada y no podrá hacerse nada en ese sentido, pues serán los mismos que hoy ocupan los cargos en el TSJ quienes decidirán si lo que la Asamblea haga se ajusta o no a la Constitución de la república.