• Caracas (Venezuela)

Jorge Pabón Raydan

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Ley habilitante, poderes especiales y la emergencia nacional en EE UU

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Acaba de publicarse en la Gaceta Oficial la “Ley Habilitante Antiimperialista para la Paz”. Dicha ley autoriza al presidente de la República para que dicte o reforme decretos con fuerza de ley en el ámbito de la libertad, la igualdad, justicia y paz internacional, la independencia, soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. De esa manera se le da  un “cheque en blanco” al presidente para que legisle en lo que se le antoje. En efecto, su redacción es muy genérica, debido a que no fija los límites materiales a los cuales debe estar sometida la  actividad legislativa presidencial, pues únicamente se limita a establecer el límite de vigencia temporal (31 de diciembre de 2015), violentando una vez más el texto constitucional, que en su artículo 203 obliga al Parlamento a fijarlos y, por si fuera poco, autoriza al presidente para que dicte decretos con fuerza de ley en materia de reserva legal del Parlamento.

Esta Ley de “plenos poderes” recuerda la  autorización dada por el Parlamento alemán a Adolf Hitler en marzo del año 1933, “para solucionar las urgencias del pueblo y la nación”, de muy ingrato recuerdo por las atrocidades que bajo su invocación se cometieron precisamente contra el pueblo, no solo de Alemania, sino también de otros países. Así pues, la “revolución bolivariana” festeja los 82 años de esa ley con la aprobación de una similar, y esto se hace en  momentos de grave crisis económica, política y social, producida porque el régimen ha gobernado contrariando permanentemente la Constitución.

La  pretendida “justificación” para aprobarla es la supuesta necesidad de proteger a la patria del imperialismo norteamericano, cuyo “emperador” ha dictado un decreto mediante el cual sanciona a siete personas del régimen que han violentado la seguridad de Estados Unidos, en virtud de haber incurrido en los delitos de narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero y blanqueo de capitales, porque al afectar el sistema financiero de Estados Unidos pone en riesgo la seguridad norteamericana e internacional, afectando así los intereses de ese país; y por violación de los derechos humanos en Venezuela, lo que es un delito de carácter internacional, todo lo cual configura  un riesgo para ese Estado.

Por ello el gobierno bolivariano se siente en peligro de subsistencia y ha realizado ejercicios militares, los cuales, según el mayor general Padrino López, se continuarán  haciendo hasta junio, preparándose para enfrentar “la invasión”. Han querido enardecer a los venezolanos diciendo que se trata de una agresión a la patria de Simón Bolívar, quien comandó ejércitos de liberación y nunca de colonización, lo que parece exacerbar el sentimiento de los gobernantes ante cualquier injerencia extranjera, aunque no se atreven a decir venga de donde venga.

Para enfrentar una situación de conmoción nacional, como la que pretenden existe, la Constitución establece una vía excepcional, pero expedita, configurada por los denominados estados de excepción. En ese orden de ideas el artículo 338 establece que podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo que ponga en grave peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. En tales circunstancias el presidente podrá decretar el estado de excepción restringiendo temporalmente las garantías, exceptuando las del derecho a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles, a ellos hay que sumarle las que contempla la Ley Orgánica de los Estados de Excepción y los establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre derechos Humanos.

Aunque el gobierno viola permanentemente esos derechos y no le importaría, por ello, escoger el camino constitucional, lo fundamental para mantener su posición inconstitucional es que en estos tratados se prevé que cuando se dicta un estado de excepción debe notificarse a todos los países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, normas similares establecen disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas, en ambos casos a través del secretario general y, además, deben enunciarse las garantías que se restringen y las causas, entre otras cosas. En el caso de Estados Unidos, ellos sí escogieron el camino legal para defender sus intereses, pues declararon la emergencia nacional.

Ahora bien, ¿podrá en las actuales circunstancias el gobierno de Maduro dictar unos decretos con fuerza de ley para reprimir e intimidar más a la población, que en el fondo es lo que se pretende, para evitar las protestas de los estudiantes, para callar  a los pocos medios de comunicación que hacen prensa libre y a las amas de casa por el desabastecimiento, para calmar la rabia de la gente en las colas para comprar alimentos y medicamentos, las protestas sindicales, etc.? Lo dudo, porque hay que diferenciar la Constitución de papel de la Constitución real, como decía el famoso socialista Ferdinand Lasalle. Es fácil que pisen la Constitución de papel, pero la Constitución real impone unos límites que son los poderes fácticos, los cuales no son fáciles de traspasar y esos poderes no se encuentran solamente en lo interno, sino que la influencia del exterior en un mundo globalizado hoy en día es determinante.

En la actualidad Venezuela tiene una debilidad internacional que no se había visto en los 15 años anteriores, sus aliados están en condiciones distintas, Rusia se encuentra disminuida por las sanciones a que está sometida y por los bajos precios del petróleo; Brasil Argentina y Chile, los apoyos más poderosos del régimen en América, con graves problemas de gobernabilidad y con la amenaza de que, por corrupción, a sus gobiernos se los lleven por delante los acontecimientos; China tratando de cuidar sus cuantiosos intereses pidiendo a Maduro que negocie con Estados Unidos; Cuba en proceso de acercamiento a los americanos; Irán sumamente vigilado y golpeado por los precios del petróleo, y negociando su desarrollo nuclear; fisuras en la Unasur. Además, con los partidos Republicano y Demócrata unidos en su lucha contra el gobierno venezolano.

En lo interno, con una inflación galopante, con la división interna del PSUV, con fisuras en la Fuerza Armada, con una caída brutal en los ingresos provenientes del petróleo, cuyos efectos más dañinos se comenzarán a sentir en lo adelante, con unos líderes que no arrastran ni los pies, y, quizás lo más importante, descubiertos como grandes ladrones en donde aparecen complicados con el narcotráfico y el terrorismo.

En tales circunstancias, ¿estarán los mandos profesionales de la Fuerza Armada dispuestos a ir a tribunales internacionales a responder por una brutal represión por seguir el estilo de gobierno cubano y defender a unos gobernantes que están llevando al país a un desastre mientras ellos están con los bolsillos llenos? Amanecerá y veremos, y sabremos si los poderes especiales otorgados surtirán los efectos esperados.