• Caracas (Venezuela)

Jorge Pabón Raydan

Al instante

Artículos 333 y 350 de la Constitución

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Mucho se ha dicho sobre estos dos artículos consagrados en la Constitución de 1999, pero su entendimiento no es mucho, tanto así que diferentes intelectuales tienden a confundirlos a pesar de lo que se ha escrito, incluso la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia  lo ha hecho en la sentencia que interpreta el artículo 350. Así las cosas, y estando permanentemente en el tapete la discusión de estos artículos desde que Chávez fracasó en su intento golpista, vale la pena que les dediquemos algunas líneas.

El artículo 333 no es un derecho, es un principio constitucional que pretende mantener incólume el orden establecido, independientemente de la legitimidad de desempeño de los gobernantes así estos violen o contraríen los valores, principios y garantías democráticos o menoscaben los derechos humanos. Su consagración positiva fue realizada por primera vez en Venezuela en el Título Xl que se denominó De la Inviolabilidad de la Constitución, artículo 250 de la Constitución de 1961 y su origen viene de la Constitución mexicana de 1917, aprobada en la ciudad de Santiago de Querétaro, mediante el cual los revolucionarios mexicanos pretendían evitar otras revoluciones o golpes de Estado.

En Venezuela los golpistas del 4 de febrero de 1992, encabezados por Hugo Chávez, trataron de justificar su acción con este artículo, así en sus proclamas dicen: “Como militares herederos del ejército libertador no podemos permanecer indiferentes a lo que hoy sucede. El inmenso grado de corrupción que plaga todas las esferas de nuestro país, la gran cantidad de privilegios con que cuentan algunos, la falta de castigo a las personas que todos sabemos culpables de haber tomado indebidamente los dineros públicos, las políticas económicas  que colocan en posición deplorable a los venezolanos más sencillos…”. Continúan diciendo: “En Venezuela no existe separación alguna entre las ramas del poder público…”. Y más adelante apuntan: “La consecuencia político-legal de esta perversión deliberada y criminal de la democracia es que se priva al pueblo de la soberanía política y se reduce la función del sufragio a una pseudo legalización del fraude…”.

En el desarrollo de los acontecimientos, en un documento en el que tratan de justificar el golpe fallido del 27 de noviembre, dicen: “Hoy se ha llegado a un extremo que reclama decisiones. Se trata de salvar la constitucionalidad democrática y sacar al pueblo venezolano de la dramática crisis en que se encuentra, por eso hemos asumido la responsabilidad histórica de insurgir no contra el orden constitucional, violado sistemáticamente por el gobierno de Pérez, sino contra un régimen que está acabando con el país y que cada día que transcurre amenaza con liquidar la noción de patria y Estado”.

Es evidente que Chávez quiso fundamentarse en la Constitución del 61 para ocultar sus ansias ilimitadas de poder, y utilizó el artículo 250 (hoy 333) porque quiso aprovecharse del prestigio que gozaba esa Constitución nacional e internacionalmente. Por ello, podemos concluir que el artículo 333 se establece para preservar a las autoridades en sus cargos cuando hayan sido elegidas de acuerdo cona la Constitución. Si hubo fraude o no, es cosa distinta, eso le corresponde dilucidarlo y arreglarlo al Tribunal Supremo de Justicia.

Ahora bien, qué pasa si no se puede arreglar una situación en un país porque los mecanismos constitucionales no funcionan. Allí sí se puede derrocar al tirano, porque nace el derecho que tienen los pueblos y los ciudadanos de rebelarse contra los gobiernos despóticos, independientemente de que hayan sido elegidos de acuerdo con lo que dice la Constitución, es más Francisco de Vitoria, jesuita español, lo justifica cuando el rey no cumple con sus funciones, así haya sido elegido conforme a las reglas de sucesión del rey. Es decir, de nada vale ser legítimo por el origen si se es ilegítimo por el desempeño. En esas circunstancias nace el derecho a la resistencia pasiva, activa y hasta a la revolución o rebelión contra un gobierno despótico, derecho que muchos han justificado como natural, propio del género humano que en nuestra Constitución está consagrado en el artículo 350 y, para mí, no es solo un derecho sino también un deber.

Como podemos apreciar, el derecho a la rebelión (Art. 350) es de vieja data. Fidel Castro, para justificar su participación en el juicio que le siguieron por el asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, argumentó en su defensa, en un discurso que dio ante los tribunales cubanos, el derecho a la rebelión aunque se valió fraudulentamente de una argucia jurídica, pues la Constitución en la que se basaba había sido derogada. Después, cuando triunfó la revolución su discurso fue publicado con el título: “La historia me absolverá”.

El artículo 350, dice: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. En el golpe militar que dio la Fuerza Armada Nacional el 11 de abril de 2002, Pedro Carmona Estanga, puesto por los militares como presidente de facto, pretendió justificar el golpe militar con el artículo 350, cuando lo que se imponía era invocar el artículo 333, ya que de lo que se trataba, a su propio decir, era restituir la vigencia de la Constitución que estaba siendo derogada de facto. Aunque tampoco eso era una correcto, ya que él no era una autoridad legitima a la que se estaba restituyendo.

Finalmente, cabe señalar que los artículos 333 y 350 no son contradictorios, y que ambos pueden justificar el derrocamiento de un gobierno en Venezuela, pero siempre y cuando sea una rebelión cívica que comprometa a ciudadanos civiles y militares, de ser de otra manera habría que concluir que se trata de una burda maniobra política de unos militares o de unos políticos de oficio, con lo cual llegaríamos a la repetición de un momento histórico que nos impediría seguir adelante como país viable dentro del contexto mundial, que hoy es muy favorable a la libertad y a la democracia, y que significa un cambio monumental a la época en que se podía gritar, sin que ello trajera consecuencias internacionales: “Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina”.