• Caracas (Venezuela)

Jesús Rangel Rachadell

Al instante

Negociación entre tramposos

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Toda negociación parte de la idea de que los negociadores quieren resolver el problema planteado, son parte de buena fe, y que el objetivo perseguido por las partes es lícito; pero a veces ni los negociadores son sinceros ni los objetivos lícitos, o alguna de estas combinaciones.

El gobierno está atacando a la Asamblea Nacional por un supuesto desacato, están tomando un rehén moral, este no existe físicamente, pero debe ser intercambiado de alguna manera. El gobierno dice que los malos, el ilegal, el ladrón está del otro lado, en la otra acera, para luego venir a justificar la toma de decisiones judiciales o electorales como una respuesta ante el mal comportamiento del otro; lo que busca es justificar su ilegalidad como una venganza ante el incumplimiento, intercambiar su rehén moral con el rehén moral del país o de la Asamblea, que no es otro que el mal comportamiento del gobierno.

Esta compensación de culpas que está aplicando el gobierno tiene como paso previo el crear culpas por parte de su interlocutor, no importa que sean falsas, ellos las presentan como si fueran tan verdaderas como las culpas propias.

El desacato fue declarado por la Sala Electoral en la sentencia N° 108 del 1-08-2016, por el supuesto incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional de las decisiones dictadas por la Sala Electoral N° 260, del 30-12-2015 y, N° 1, del 11-01-2016. En la mencionada sentencia se declaró: la invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica por violación flagrante del orden público constitucional en el pretendido acto de juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en el cargo de diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016 por la Junta Directiva del órgano legislativo nacional, así como de aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos.

De la lectura de la sentencia de la Sala Constitucional N° 808, del 02-09-2016, por la que se declaran manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia; me di cuenta de que algo estaba mal, que el planteamiento de la Sala parte de un supuesto falso; y que incorporaba un elemento a la gran negociación no oficial sobre la resolución de los conflictos nacionales, este elemento es la transgresión del otro.

Esta es una declaración impertinente, ya que anula todas las actuaciones presentes y futuras de la Asamblea Nacional; y todo por haber juramentado para el ejercicio de sus cargos a tres diputados escogidos por el pueblo a los que no se les ha anulado su elección. Esta es una consecuencia muy grave por un hecho que no reviste la gravedad que se le atribuye, la entidad del supuesto daño a la moralidad del país está sobredimensionada hasta el punto de hacerla tan inconstitucional como las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia a través de sus sentencias.

Ahora la Sala Constitucional, mediante una ponencia conjunta (que impide saber cuál o cuáles de los magistrados fue el que redactó la sentencia, a menos que haya sido un tercero), respondió a la solicitud de aclaratoria del presidente Maduro –no entiendo la razón de utilizar esa vía, ya que no aclara nada sino que se pronuncia como si fuera un caso nuevo– anulando la competencia constitucional de la Asamblea Nacional de conocer el presupuesto nacional, lo cual es previo a aprobar la Ley de Presupuesto, es decir, si bien supuestamente no puede dictar leyes no significa que no pueda realizar ningún otro acto (Sentencia de la Sala Constitucional N° 814, del 11-10-2016, por la que se libera a Maduro de su obligación constitucional de presentar el proyecto de Ley de Presupuesto ante la Asamblea Nacional). Todavía quedaba la posibilidad de que en la discusión de las leyes no estuvieran presentes los mencionados diputados y la actuación del cuerpo fuese válida, pero no es a estos diputados a los que se les está castigando, es a la Asamblea Nacional en su totalidad a la que se está aboliendo.

Todo esto es interesante, pero lo más curioso es que esa política del gobierno se la aplica a todos los factores que se le oponen. Como parte de esta política identificamos al alcalde de Caracas que denuncia a la oposición de haber cometido un fraude en la recolección del 1% de las firmas para hacer la solicitud del referéndum revocatorio, todo por una cantidad ínfima de firmantes que pudieron haber sido agregadas por factores afectos al oficialismo para enturbiar el proceso de la oposición, y se pretende anular todo el proceso de referéndum por una pequeñísima irregularidad, si esta realmente existió. Parte de esa estrategia es el proceso de relegitimación al que se quiere someter a los partidos políticos.

Si la oposición está ilegal o no hace bien las cosas, debe ser castigada o anuladas sus actuaciones por la falta de cumplimiento de requisitos que inventan los hambreadores del gobierno, y hasta no complacer las exigencias exageradas del TSJ o del CNE no se podrá continuar con ningún procedimiento, con ninguna actuación y todo lo que se haga estará viciado de la nulidad que solo el gobierno, con sus secuaces en los otros poderes, puede declarar.

Si la negociación fuera entre tramposos, todo estaría permitido; pero no somos iguales a ellos.