• Caracas (Venezuela)

Jesús Rangel Rachadell

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Jesús Rangel Rachadell

Decretos de guerra

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Durante año y medio el gobierno pudo legislar como mejor le parecía, disfrutó de una ley habilitante que lo facultó para eso. El resultado de este ejercicio fue una hemorragia de leyes, 50 leyes, casi todas publicadas a último minuto, y algunas varias semanas después de haberse vencido la fecha límite, siendo la fecha de publicación una burda mentira.

Ahora el Poder Ejecutivo tiene una nueva ley habilitante para: “Garantizar la pervivencia de la nación”, y “legislar de una manera ágil”, para impedir “los efectos perniciosos de la injerencia en los asuntos internos”…, “por parte de potencias extranjeras”; y busca consolidar “un ordenamiento jurídico antiimperialista, neutralizando cualquier perturbación del orden constitucional”.

Con esta ley habilitante el gobierno busca: activar “medidas precautelares y asegurativas de carácter legislativo”; el “reforzamiento de las garantías en los ámbitos… sancionatorio y de justicia, de seguridad interna y exterior”,… “frente a agresiones extranjeras y de factores internos dirigidas a perturbar la paz, la tranquilidad pública y la economía nacional”… “así como poder disponer de las normas que habiliten la precaución y anticipación preventiva en situaciones de posible perturbación o lesión”.

El decreto ley faculta al presidente para que, entre otros, dicte o reforme leyes en el ámbito de la libertad y la inmunidad; y normar el “sistema de responsabilidades civiles, administrativas y penales”.

Las “posibles injerencias” le han dado la excusa al gobierno para restringir el sistema de libertades, al cual no le tiene mucho respeto, pero le permite guardar un mínimo de formas legales; por eso no me sorprendería que detengan, sin fórmula de juicio, a gobernadores, diputados y legisladores –quienes son los que tienen inmunidad–, como ya lo hicieron con el alcalde Ledezma; que aumenten las penas previstas contra los delitos de traición a la patria o las relacionadas con los delitos contra el orden del Estado y que se inicie una persecución contra todos los que piensan distinto, como hicieron con la lista de segregación política que el difunto presidente autorizó que le dieran al difunto Tascón.

Los Estados represivos utilizan la ley como una patente de corso, y la circunstancia de una amenaza de guerra puede generar excesos como los de Hitler, Mussolini o Pinochet.

Hitler fue habilitado para crear tribunales especiales; enviar a sus opositores a tribunales de guerra; disolver todos los partidos políticos y los sindicatos; eliminar los convenios colectivos y el derecho a huelga; intervenir y designar a las autoridades universitarias; reglamentar la cultura –de lo cual ya tenemos un adelanto en este gobierno con la compra de medios, el cierre de radios y las instrucciones a la prensa escrita sobre los titulares que deben publicar–; decretó un reclutamiento forzoso universal, no solo de la juventud, en el marco de una ley de servicio militar obligatorio; y los campos de concentración se crearon para evitar la “injerencia externa”.

A diferencia de Hitler, el gobierno venezolano no tiene los medios para un plan armamentista, no tiene repuestos militares ni fábricas ni alimentos para todos; pero sí podría reestructurar la fuerza armada a imagen y semejanza de Cuba.

Mussolini dictó las llamadas leyes raciales fascistas; la persecución a la homosexualidad –un presidente homofóbico hace esas cosas–; acabó con el régimen parlamentario; se le atribuyó la muerte de un diputado por su posible interés en ese hecho; creó el Tribunal de Delitos Políticos y una policía política; y siguió con la cartilla de disolver los partidos políticos y el cierre de periódicos; todo esto basado en las leyes que sus poderes extraordinarios o habilitantes le otorgaban. El gobierno podría suspender a las pocas autoridades electas que tiene la oposición o convertir en una farsa los próximos procesos electorales, como lo hizo el Duce.

Pinochet les enseñó a los gobiernos represores que hay que esconder el camino del dinero, él usó el mecanismo de leyes “secretas” y “reservadas” para el traspaso de dinero desde el Banco Central y la Tesorería General de la República de Chile, a las cuentas reservadas de las instituciones militares, con la justificación de “cubrir la diferencia generada por la adquisición de material bélico”, y hubo muchas necesidades operativas y horas extras por parte de la fuerza armada. Actualmente las actas de la Junta Militar son “secretas”, por lo que falta mucho por descubrir.

Todo lo expuesto se puede hacer con una habilitación para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley; más la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia.

El gobierno abusa de su posición de poder para perseguir a la oposición e invade sus sedes; tramita la ilegalización de un partido como Copei, y la policía política persigue con citaciones a sus dirigentes, tratando de cerrarle los espacios democráticos. La Asamblea Nacional niega la investigación de las fortunas fraudulentas para que no se sepa la realidad de la administración de los dineros públicos. El partido de gobierno demuestra el terror que tiene a lo que puedan descubrir otros países sobre el dinero mal habido de sus funcionarios, que en definitiva es lo que el gobierno de Estados Unidos está investigando, y para ello la declaratoria de emergencia que le permitirá utilizar fondos del presupuesto de ese país para seguirle la pista al posible desvío de recursos públicos por parte de las autoridades venezolanas.

La ley habilitante no impedirá que el gobierno de Estados Unidos confisque el dineral que se han llevado, por eso los rojos no tendrán más remedio que traer esos reales a Venezuela, ya que no los tienen seguros en ningún banco del mundo, solo aquí los podrán disfrutar.

@rangelrachadell