• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

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Jesús Ollarves Irazábal

La tortura más allá del torturado y el torturador

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Los funcionarios que ejercen funciones de policía deben cumplir en todo momento los deberes que les impone la ley, servir a la comunidad y proteger a todas las personas contra actos ilegales.

En teoría, la integridad física, psíquica y moral de una persona detenida bajo custodia del Estado debe estar preservada. Sin embargo, el abuso policial comienza a volverse habitual y lo peor que puede suceder es que los excesos cometidos por agentes de los cuerpos de seguridad dejen de sorprendernos e indignarnos; que se vuelvan normales

El artículo 12 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana consagra como principio el respeto a los derechos humanos y establece: “Los cuerpos de policía actuarán con estricto apego y respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República, en los tratados sobre los derechos humanos suscritos y ratificados por la República y en las leyes que los desarrollen”.

A pesar de la contundencia de este principio, en días recientes, como un hecho muy lamentable, se ha revelado un nuevo caso de tortura. En esta oportunidad, se trata de la denuncia realizada por Ángel Sucre, vocero de la organización Jóvenes Venezolanos, quien acusa al director de investigaciones estratégicas del Sebin, Carlos Calderón, de haber torturado al estudiante tachirense Gerardo Carrero, quien se encuentra detenido desde el pasado 8 de mayo en la sede de la policía política en el Helicoide.

Sucre ha señalado que a Carreño “le daban con tablas y, aunque son expertos en no dejar morados, tiene varios hematomas”.
El propio Gerardo Carrero responsabilizó del hecho a Calderón y agregó que el funcionario lo amenazó de muerte.

La tortura, los tratos crueles y las violaciones de derechos humanos no prescriben y, por lo general, la justicia alcanza a los torturadores cuando menos se lo esperan. Cuando los regímenes políticos cambian, la justicia llega. Pinochet, Videla, Fujimori, y Montesinos son ejemplos de ello. En términos coloquiales, “a cada cochino le llega su sábado”.

Los funcionarios encargados de cumplir la ley, obviamente, deben conocerla. Deben saber que la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes son crímenes internacionales, expresamente sancionados en el artículo 46 de la Constitución. También deben saber que de acuerdo con la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, la tortura es castigada con prisión de entre 15 y 25 años, además de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política, por un período equivalente a la pena decretada. En el caso de trato cruel, la sanción es de entre 13 y 23 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política por un período equivalente al de la pena decretada.

Los torturadores deben saber que el día que la justicia los alcance (puede ser en cualquier momento, porque no prescribe la acción penal) no les servirá de nada la invocación de la obediencia debida, ese argumento que suelen utilizar los violadores de derechos humanos para pretender eximir su responsabilidad penal por delitos cometidos en el cumplimiento de una orden impartida por un superior jerárquico.

Todos los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado deben conocer las normas básicas de actuación policial, previstas en el numeral 7 del artículo 65  de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, el cual señala: “Respetar la integridad física de todas las personas y bajo ninguna circunstancia infligir, instigar o tolerar ningún acto arbitrario, ilegal, discriminatorio o de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que entrañen violencia física, psicológica y moral, en cumplimiento del carácter absoluto del derecho a la integridad física, psíquica y moral garantizado constitucionalmente”.

Los violadores de la ley no deben olvidar que la sociedad organizada combate el olvido; que el movimiento de derechos humanos, en Venezuela y en cualquier parte del mundo, legítimamente se dedica a registrar los excesos y a identificar, con la mayor precisión posible, a los presuntos responsables.

Un ejemplo emblemático: Klaus Barbie fue un alto oficial de las SS, también conocidas como escuadras de defensas del nazismo, que estuvo involucrado en numerosas violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Fue infructuoso que se escondiera en Brasil y Bolivia. En 1983 lo expulsaron a Francia, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua.

Que los torturadores tengan presentes que en la era de Internet las violaciones de derechos humanos se vuelven “virales” y difícilmente se podrán deslastrar del estigma criminal. Que piensen en su familia, en sus hijos y en sus nietos. Que sepan que no les será fácil obtener visa para ingresar a países verdaderamente democráticos, pues, afortunadamente, la defensa de los derechos humanos y la persecución de sus violadores también se han globalizado.

Los hechos denunciados por la ONG Jóvenes Venezolanos, al igual que todas las denuncias sobre torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser investigados con eficiencia y no como una mera formalidad.
Las investigaciones deben realizarse de forma expedita y urgente, pues en este tipo de delitos se corre el riesgo de que las lesiones desaparezcan.

El Ministerio Público, como titular de la acción penal y rector de la investigación, debe tener presente que un crimen de esta naturaleza no puede quedar impune, y debe evitar que los hechos se repitan.

Si la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo no cumplen con su deber de evitar la impunidad de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes estarán enviando un gravísimo mensaje a los funcionarios abusadores. En el caso de los fiscales, si actúan de forma dolosa, omisiva o negligente y propician la impunidad, podrán ser destituidos de sus cargos, como señala el ordinal 10 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y penados con prisión de 2 a 4 años de conformidad con el artículo 111 de la Ley Contra la Corrupción, sin perjuicio de ser considerados cómplices de los hechos de tortura.

Los funcionarios encargados de cumplir la ley también deben saber que Venezuela ratificó el 29 de julio 1991 la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante, y que este tratado prevé un procedimiento de denuncias de particulares ante el Comité.  Las autoridades venezolanas deben tomar medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio que prestaran o han prestado.

El Estado venezolano debe implementar todas las medidas destinadas a evitar la obstrucción o la falta de respuesta de las peticiones interpuestas ante los tribunales, así como la intimidación de las personas que soliciten protección.

Frente a la tortura no tiene sentido esperar pasivamente tiempos mejores o que la justicia llegue providencialmente. El papel de las autoridades estatales, la sociedad civil y las ONG en materia de derechos humanos es actuar sin demora, con la mayor eficacia posible en la defensa de los derechos humanos y perseverar en la búsqueda de la verdad por encima de todas las dificultades.