• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

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Jesús Ollarves Irazábal

¿Para qué sirve el amparo?

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El amparo es una institución secular cuyos antecedentes remotos se remontan al Derecho Romano (específicamente al interdicto Libelo hominen exhibendo), la Carta Magna de 1215, el Fuero de Aragón de 1428, el Fuero de Vizcaya de 1527, la Ley Inglesa de 1640 y el Acta Hábeas Corpus de 1679. Su objetivo era evitar agravios e injusticias cometidas por los señores feudales contra sus súbditos o personas de clase social inferior.

En Venezuela, los orígenes de la acción de amparo se encuentran en la Constitución  de 1811. Desde entonces ha evolucionado lenta pero sólidamente y cristalizó como un verdadero derecho (solo en teoría) en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999.

Se trata de un derecho que tienen todas las personas de acudir a los tribunales para ser amparadas y protegidas cuando sientan que sus derechos, o las garantías que lo acompañan para asegurar su efectivo ejercicio, han sido violados o existe el peligro cierto de violación. Todo ello con el propósito de que se reestablezca la situación jurídica infringida.

Está  previsto como una acción judicial “breve, sumaria y eficaz”, que los ciudadanos pueden utilizar contra cualquier hecho, acto u omisión de los órganos del poder público nacional, estadal o municipal, y también contra actos u omisiones de ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de los  derechos o garantías consagrados en la carta magna.

Es verdaderamente lamentable y alarmante que la Sala Constitucional, la máxima y última intérprete de la Constitución, sea la principal ejecutora de una sistemática política de debilitamiento de la acción de amparo, como posibilidad de tutela jurídica inmediata y efectiva.

En la sentencia Nº 70, dictada el 24 de enero de 2002, la Sala Constitucional estableció que el hábeas corpus no es el medio idóneo para la necesaria ubicación de la persona que se encuentra presuntamente ilegítima o ilegalmente desaparecida. De esta manera, la sala desconoció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humamos, establecida desde su primer fallo (Velásquez Rodríguez vs Honduras), sobre la naturaleza, alcance y limitaciones del hábeas corpus. También se apartó del contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de las observaciones generales emanadas del Comité de Derechos Humanos.

Otro precedente regresivo se estableció mediante la sentencia 1002, dictada el 26 de mayo de 2004, cuando se declaró sin lugar la acción de amparo ejercida por los representantes de la Federación Médica Venezolana en contra del  Ministro de Salud y Desarrollo Social y el presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, por violación de los derechos a la vida y a la salud derivada de la insuficiente e inoportuna dotación de insumos a los hospitales y ambulatorios públicos. En esa oportunidad la Sala Constitucional indicó: “No desconoce la sala la lesión de tal derecho, pues desconocer el estado del sistema de salud del país es imposible, lo que resalta este órgano jurisdiccional es que la satisfacción del mismo, en los términos expuestos, se logra a través del control político y no del jurisdiccional, abonando a favor de esta tesis no solo la característica dual de los derechos sociales, sino también el principio de división de poderes, pues, de aceptarse una tesis contraria a la aquí propuesta, conduciría a un gobierno de los jueces y tacharía de demagógica cualquier decisión que se dicte al respecto al ser fallos por definición inejecutables”.

Tal como lo planteó la Sala Constitucional, la única forma de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales  (pues la justiciabilidad fue negada en forma absoluta) es retirar la confianza de los gobernantes a través del sufragio, quizás por la vía de un referéndum revocatorio de mandato o evitando la posibilidad de reelección, mediante una suerte de voto castigo. El fallo se resume en que la acción de amparo no sirve para hacer justiciable el derecho a la salud.

Más recientemente, en una ponencia conjunta, la Sala Constitucional desorbitó el alcance de la acción de amparo. A pesar, de que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no establece una especie de amparo contra autoridades extranjeras ni en territorio extranjero, el 25 de julio de 2014 en el caso del ciudadano Hugo Carvajal, declaró procedente la acción de amparo constitucional a favor del ex director de la policía política Hugo Carvajal, a propósito de su detención (calificada por el TSJ como ilegal y arbitraria) en Aruba. En este asunto la Sala Constitucional se convirtió en una especie de tribunal supranacional, pues pretendió ejercer jurisdicción más allá del territorio venezolano. Incluso, la sala exhortó al Ejecutivo Nacional “a continuar las acciones tendentes a exigir a las autoridades de Aruba que procedan a la inmediata observancia y aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”.

La Sala Constitucional ha llegado al extremo de desvirtuar la acción de amparo para justificar los desaciertos de los órganos del poder público, incluyendo los desaciertos del TSJ. Ya no puede utilizarse para denunciar las inacciones en las que incurran las salas, pues excluyó las omisiones del Poder Judicial entre los objetos de tutela jurídica, con lo cual también reformó fraudulentamente la Constitución. En la sentencia 1.661, dictada el 27 de noviembre, la Sala Constitucional rechazó el amparo, en su modalidad de habeas corpus, contra la Sala Penal interpuesto por la defensa de un ciudadano rumano.

A pesar de la claridad del  artículo 27 de la carta magna, el cual indica que toda persona tiene derecho de ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, es incomprensible la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

La Constitución y la Ley de Amparo son modificadas según conveniencias e intereses subalternos. Lo más grave es que la dinámica acomodaticia sea promovida desde el máximo tribunal del país.