• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

Al instante

Sí a una política binacional de frontera

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Venezuela, como cualquier Estado, tiene como responsabilidad garantizar sin discriminación de ninguna naturaleza el efectivo goce de los derechos de las personas en todo su territorio, la atención prioritaria a personas en situación de riesgo o vulnerabilidad. Así como el derecho a una cultura de paz y el reconocimiento de sus deberes y responsabilidades con respecto a la población.

El 21 de agosto de 2015, el presidente de la república, Nicolás Maduro, decretó un estado de excepción por sesenta días, en cinco municipios fronterizos en el estado Táchira específicamente en: Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia. Con lo cual, desde ese momento se encuentran suspendidas las garantías constitucionales. En palabras del presidente, el objetivo es: “Extirpar profundamente estos tumores malignos que el paramilitarismo colombiano, las bandas criminales de Colombia han sido traídas para metérselo al cuerpo noble de la república”.

En la frontera la situación cada día es más perniciosa, en materia de derechos humanos. No son eufemismos, las autoridades militares han interpretado literalmente la expresión de “extirpar un tumor maligno”. El número de deportados sigue en aumento, ya pasó de los 1.000, las quejas sobre las humillaciones, ultrajes y violaciones de derechos humanos son recurrentes.  Las violaciones de los derechos humanos se proyectan a futuro, el Ejecutivo nacional, el 31 de agosto, extendió el estado de excepción a los municipios de Lobatera, García de Hevia, Ayacucho y Panamericano.

La realidad en la frontera es muy distinta a lo que señala el discurso oficialista. Las imágenes producidas por diversos medios de comunicación internacional son reveladores de algunas contradicciones. Por ejemplo: centenares de personas y niños cargan a cuestas los pocos enseres, mobiliario, camas, que logran salvar para cruzar el río y llegar al otro extremo de la frontera. Por más que nos esforzamos no le encontramos pinta de paramilitares.

Lo que está ocurriendo en el Táchira es el reflejo de una estratagema electoral, de cara a los próximos comicios, que promueve el miedo y la xenofobia. Sí, el objetivo no es erradicar el paramilitarismo y el contrabando, hasta ahora lo que se ha hecho es enfrentar a las comunidades pobres y vulnerables en la frontera.

Si se tratara de combatir los efectos perniciosos del paramilitarismo, narcotráfico y contrabando, la primera medida que el Estado debe adoptar, por elemental que parezca es: no permitir la comisión de tales delitos.

El Estado venezolano tiene la obligación de resguardar sus fronteras, hasta dónde ha sido permisivo, se ha hecho la vista gorda o ha colaborado en el contrabando y en el ingreso de grupos paramilitares, que se ha visto en la necesidad de decretar ese estado de excepción para tratar de controlar lo que él mismo permitió.

Para evitar estos fenómenos delictivos es necesaria la creación de un Plan Binacional de Integración Fronteriza que refleje el producto de un acervo histórico-político inspirado en la experiencia y sabiduría de nuestros pueblos, así como su anhelo de trabajar conjuntamente en la construcción de un futuro compartido y promisorio.

No es legítimo ni racional que un Estado que se aprecie de social, democrático de derecho y de justicia, estigmatice y persiga a un colectivo por la presunta comisión de delitos sin el debido proceso y el derecho a la defensa que no son susceptibles de suspensión ni siquiera durante la vigencia de un estado de excepción.

El afán del gobierno para distraer y atemorizar al ciudadano por la inminente derrota electoral está promoviendo la xenofobia y el desprecio a nuestros hermanos colombianos por razón de su origen.

Más allá de nuestros problemas, la frontera debe ser un límite territorial de fraternización y de oportunidad de trabajo conjunto entre Venezuela y Colombia.

El gobierno venezolano debe propiciar una verdadera integración latinoamericana y cultura de paz, para prevenir los conflictos y garantizar el rechazo a todo tipo de violencia; para lo cual deberá establecer instrumentos que garanticen la seguridad integral, la democratización de la justicia y el respeto irrestricto de los derechos humanos, considerando la historia común y cultura transfronteriza colombo-venezolana, así como la corresponsabilidad en las relaciones vecinales.

Venezuela no es el único responsable en este conflicto. El Estado colombiano a través de un silencio cómplice que le beneficia, no propicia una solución a su problema fronterizo, más que amenazar a Venezuela debe sentarse en la mesa de la conversación real y sincera y no aprovecharse de la conflictividad política interna para hacerse el agraviado y desconocer su responsabilidad.

Ambos Estados, a través de sus gobiernos, deben responder por la protección y mejorar la calidad de vida de la población que se encuentra en la frontera. Los Estados están para garantizar la seguridad integral como también para mejorar las condiciones que permitan alcanzar y lograr una vida digna en los ámbitos de salud, trabajo, vivienda, educación y acceso a las garantías pertinentes y necesarias para gozar en plenitud de sus derechos.

Este conflicto debe asumirse como una nueva oportunidad histórica para que se construya con responsabilidad una política binacional de frontera con enfoque en derechos humanos, el mantenimiento de la  paz, la seguridad, la construcción del buen vivir y la prosperidad en la frontera.