• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

Al instante

Sí a la observación internacional del proceso electoral

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La observación electoral es un componente vital de la promoción de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es importante porque tiende a fortalecer las instituciones, fomenta la confianza pública en las reglas del juego democrático, ayuda a impedir el fraude, la intimidación y la violencia. También sirve para reforzar el establecimiento y consolidación de la paz.

Aunque es una perogrullada, hay que reafirmar que las elecciones deben ser libres y transparentes, porque proporcionan los medios para que los ciudadanos expresen libremente su voluntad. Sin embargo, el pasado 28 de julio el presidente Nicolás Maduro descartó la posibilidad de que observadores internacionales supervisen los comicios legislativos de diciembre. Específicamente  dijo que Venezuela "no es monitoreada ni será monitoreada por nadie".

No se puede equiparar la observación internacional con una interferencia indebida en el proceso electoral. Los observadores no interfieren en el proceso electoral y su función es muy elemental: cuando advierten problemas, llaman la atención de las autoridades electorales, pero no intervienen para corregirlos o para influir directamente de otro modo en los procedimientos. En general, los observadores tratan de establecer una relación afable y constructiva con las autoridades electorales y con todas las partes implicadas en las elecciones. Además, informarán solo sobre la transparencia, exactitud del proceso, así como del reporte oportuno de los resultados oficiales. Y, al final, ofrecerán recomendaciones para mejorar la eficacia de futuros procesos electorales.

Presidente Maduro: no se trata de vigilancia, interferencia en nuestros asuntos o monitoreo. Las misiones internacionales de observación electoral únicamente tendrán en consideración las circunstancias en las que se dan las elecciones, en términos de gobernabilidad y democracia. Esto implica un análisis de las garantías para que los ciudadanos participen en los asuntos públicos, a través de un ejercicio de pluralismo y corresponsabilidad en la conducción del país.

No obstante, la observación electoral internacional puede y debe incluir una valoración de la efectiva separación de poderes, con especial énfasis en la autonomía del árbitro comicial.

No basta que los observadores internacionales vengan a Venezuela el día de las elecciones, en el caso de las parlamentarias el próximo 6 de diciembre. Las garantías electorales se construyen a plazos largos, como todos los procesos de construcción de ciudadanía y fortalecimiento de la democracia.

Presidente: no descarte la observación electoral internacional, así de buenas a primeras. Aunque usted puede pensar que el destinatario de tal mensaje está constituido por la base dura del oficialismo que lo apoya, o por todos los electores que lo adversan (quizás con el propósito de causarles desesperanza), tenga en cuenta que sus palabras aumentan las suspicacias en todo el mundo sobre los déficits democráticos en Venezuela.

Las misiones internacionales de observación electoral, en el ejercicio de su mandato, son independientes a efectos de reportar sus hallazgos y conclusiones, no aceptan ofertas de asistencia o apoyo que puedan comprometer su autonomía, pues de lo contrario quedaría en entredicho su credibilidad. Presidente: los observadores también son observados y también tienen una reputación que cuidar.

Presidente: las misiones internacionales de observación electoral también constituyen un mecanismo para hacer efectivo el derecho a la participación ciudadana en asuntos públicos. El derecho a la participación no se puede ejercer aisladamente; unas elecciones auténticas y democráticas solo pueden tener lugar cuando todas las personas disfrutan, sin discriminación, de sus libertades fundamentales y de sus derechos políticos. Entre estos figuran las libertades de expresión, asociación, reunión y movimiento. El derecho a la participación y otras libertades y derechos asociados a este no se pueden alcanzar sin las protecciones garantizadas por un real Estado de Derecho.

Presidente: la legitimidad democrática de un gobierno procede de la autoridad que le otorga el electorado y el gobierno es responsable ante este por el ejercicio de dicha autoridad, a través de elecciones transparentes, auténticas y periódicas. Además, todos los ciudadanos venezolanos tenemos derecho de participar en el gobierno y en la gestión de asuntos públicos a través de elecciones que reflejen la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos. La celebración de elecciones verdaderamente democráticas implica que existan suficientes garantías jurídicas y políticas, entre ellas la observación electoral internacional.