• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

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Jesús Ollarves Irazábal

El mal ejemplo del sistema penitenciario

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El único derecho que pierden las personas privadas de libertad (y solo temporalmente) es, precisamente, la libertad.

En materia penitenciaria Ulpiano, aquel célebre jurista romano, expresaba en el Digesto: “Carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet” que significa: “Las cárceles son para contener a los hombres no para castigarlos”.

Cuando el Estado priva de libertad a una persona asume el deber de cuidarla. Las Reglas Mínimas para el Trato de Reclusos de las Naciones Unidas es un instrumento muy útil para que los funcionarios públicos desempeñen correctamente sus funciones en las cárceles. Es uno de los documentos internacionales más antiguos referidos al trato de las personas en prisión y ha logrado muy amplio reconocimiento por su valor e influencia en el desarrollo de la política penitenciaria y en el derecho penal.

En teoría, solo en teoría, Venezuela es un buen ejemplo en materia penitenciaria. El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que el Estado debe garantizar el aseguramiento de la rehabilitación de los internos y el respeto a sus derechos humanos. Son los principios fundamentales de la actuación del Estado en esta materia.

Sin embargo, el Informe Semestral del Observatorio Venezolano de Prisiones, confirma que la situación es alarmante: “El balance de heridos y fallecidos en las cárceles venezolanas durante el primer semestre de 2014 alcanzó la cifra de 110 heridos y 150 personas fallecidas. La mayoría de las muertes y heridas fueron producidas por armas de fuego, siendo junio el mes en que se registró la cifra más alta de fallecidos (32) y de heridos (35). El promedio de edad de los muertos y heridos es de 27 años. Los penales más violentos son: Tocuyito (30 muertos), PGV (20 muertos), Tocorón (15 muertos), Puente Ayala (11 muertos) y Santa Ana (10 muertos)”.

Pero esta situación no es nueva. En los centros penitenciarios de Venezuela se registra un gran número de muertes violentas debido a una serie de amotinamientos, tortura, muertes y lesiones, tal como ha quedado demostrado a lo largo de varias resoluciones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son de especial relevancia las medidas provisionales a favor de la población reclusa respecto a Venezuela, específicamente en los asuntos del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II, Centro Penitenciario de la Región Centrooccidental (Uribana), Internado Judicial Capital Rodeo I y Rodeo II, Internado Judicial de Monagas (La Pica).

El sistema penitenciario venezolano está caracterizado por lo siguiente: i) celdas colectivas absolutamente deterioradas; ii) celdas individuales, de las que se han apropiado los cabecillas de los grupos de internos que controlan el penal, conocidos como pranes (o líderes dentro de su propia población), quienes mantienen su control a través del uso de armas; y iii) población que no puede vivir en el área de reclusión general porque su vida corre peligro y se ve obligada a vivir, hacinada, en lugares improvisados en dichos centros penitenciarios.

Las celdas colectivas están construidas para albergar a 7 personas pero en cada una hay hasta 25 internos. No tienen camas ni cobijas, duermen en el suelo y algunos los que tienen mayor suerte cuentan con colchonetas insalubres y pedazos de cartón.

Los actos de violencia y amenazas entre internos, peleas, golpizas, torturas y amotinamientos se producen frecuentemente, sin que las autoridades, a las cuales incumbe la obligación de estar en conocimiento de la gravedad del problema, hayan adoptado medidas efectivas para remediar la situación.

Además, los familiares de algunos internos fallecidos han señalado a los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (que está adscrita al Poder Ejecutivo) y a los vigilantes como autores de las muertes. Son permanentes las denuncias por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades llamadas a garantizar el control de las prisiones.

Toda prisión requiere personal debidamente capacitado. El personal que trata con los reclusos diariamente debe velar por sus necesidades y garantizar el funcionamiento eficiente del establecimiento.

El director de un establecimiento penitenciario debe ser un profesional y no un violador de derechos humanos. Debe ser un penitenciarista calificado con sentido de liderazgo democrático y humano, debe ser una persona inspiradora, que respete la dignidad humana. Debe saber cómo llevar una organización, conocer bien el sistema legal, comprender cómo funciona la sociedad y ser consciente de la ubicación del recinto penal en la sociedad. Debe vigilar a su personal, debe fomentar una actitud abierta que le permita al personal un grado de creatividad en el desempeño de sus cargos.

El director de una prisión no puede ser un burócrata que no oye la petición de los reclusos. Debe ser una persona que escuche los problemas para resolverlos de la mejor forma posible; debe prestar mucha atención al trabajo que realiza el personal a su cargo y erradicar cualquier abuso; debe mostrarse dispuesto a dialogar con los presos, tratándolos como seres humanos que tienen derecho de ser respetados.

Cuando de presos políticos se trata la situación es peor. El mal ejemplo y la viva violación de la Constitución Nacional la representa el director del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, coronel Homero Miranda, quien ha protagonizado diversos actos de tratos crueles, en contra de Daniel Ceballos, Leopoldo López, Enzo Scarano y Salvatore Lucchese. Entre los abusos más graves cabe mencionar el aislamiento prolongado y repetido, la suspensión del suministro de agua y de luz, para que no puedan bañarse después de que les arrojan excrementos.

Como si se tratara de una competencia para determinar quién viola mejor los derechos humanos en los recintos carcelarios, también sobresale la actuación de Julio César Pérez, director del Centro Penitenciario de Centrooccidente David Viloria (Uribana). Este funcionario emulando al coronel Homero Miranda, se ha dedicado a torturar, humillar y maltratar a personas privadas de libertad en dicho recinto penitenciario. Otro caso visible: Raúl Baduel y Alexander Tirado, quienes el pasado 21 de noviembre recibieron una golpiza que provocó el inicio de una huelga de hambre indefinida para denunciar la violación de sus derechos humanos por los continuos maltratos a los que son sometidos.

Ninguna circunstancia justifica la actuación de Miranda y Pérez, ni siquiera la mala conducta de los reclusos, y mucho menos el ejercicio o exigencia de un derecho en dichos recintos. El principio más importante que regula el castigo (por propósitos disciplinarios) en las prisiones es que los presos no deben ser torturados o sometidos a cualquier otra forma de trato o pena cruel, inhumano y degradante.

Como funcionarios del Estado deben saber que la justicia por violación de los derechos humanos los alcanzará, y que la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, (ratificada por Venezuela el 29 de julio de 1991) obliga a los Estados y gobiernos a investigar y castigar tales actos y a compensar a quienes han sido víctimas de la tortura y de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El sistema penitenciario en Venezuela debe cambiar. La situación que revela el informe de Observatorio Venezolano de Prisiones, y los abusos en contra de los presos políticos en Venezuela, más que una atrocidad, es el reflejo de una práctica estatal que se remonta a finales del siglo XVIII, cuando las condiciones de los internos no eran objeto de interés alguno, pues la única finalidad de las prisiones era separarlos de la sociedad. Los establecimientos donde se cumplían las penas de prisión eran lugares de terror y crueldad, donde campeaba el hacinamiento, las enfermedades, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la tortura.