• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

Al instante

El juramento del ministro González López

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En el diseño y ejecución de una política sobre seguridad ciudadana se deben incorporar estándares de derechos humanos que sirvan de orientación  y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado, tales como: los principios de participación, rendición de cuentas, y no-discriminación. Estos estándares establecen orientaciones generales y determinan el alcance de la protección que debe proporcionar el Estado a sus ciudadanos.

El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho dentro del pleno respeto de los derechos humanos. Es a partir de esta premisa cómo se deben definir y llevar adelante las medidas necesarias para garantizar los derechos más vulnerables, como la vida y la integridad física, en contextos de violencia y criminalidad.

Como una evidencia de la una aproximación demagógica al derecho a la seguridad ciudadana, el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, "juró" que la delincuencia en Venezuela está disminuyendo. Parece olvidar que  la delincuencia es el principal problema del país, que el ciudadano está acorralado, que día a día somos testigos y víctimas de secuestros, extorsiones y robos, y que el cuadro se agrava por la falta de investigación de los hechos, sanciones a los responsables y reparaciones integrales a las víctimas. En suma, el cuadro representa un binomio diabólico: criminalidad desbordada e impunidad.

El ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López juró en vano. Porque descaradamente le mintió a la población sobre la disminución de la delincuencia en Venezuela, y además, expuso la improvisación del discurso oficial en materia de seguridad y la falta de una política pública en materia de seguridad ciudadana.

En su discurso que puede ser revisado en el siguiente link, https://www.youtube.com/watch?v=l1H_AM_vAEc, señaló que: “De mucho impacto muy violento, yo trabajo mucho con la colaboración social y no con la, decirte, con la cualitativa y cuantitativo del modelo de expresión matemático aritmético, yo no puedo dar fecha, porque eso, pero, pudiera, estoy seguro, estoy seguro que está disminuyendo, te lo puedo jurar que está disminuyendo”: Una política pública no se diseña sobre la base de juramentos. Es un instrumento de planificación que permite la racionalización de los recursos disponibles, en un marco de permanente participación de los actores sociales involucrados. Una buena política pública es mucho más, pues se caracteriza por ser integral; intersectorial. Porque involucra acciones, planes y presupuestos de diferentes actores estatales; participativa; universal. Por su cobertura sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo; e intergubernamentales, porque suelen comprometer entidades de los gobiernos centrales y locales.

Señor ministro González, no basta con jurar. Un juramento es un acto que pone a Dios por testigo de la verdad de un hecho o de la sinceridad de una promesa, y usted sabe que miente y juega con la inteligencia de los venezolanos cuando dice que la delincuencia está disminuyendo.

Sin embargo, yo, como probablemente millones de ciudadanos, no tengo problemas en jurar. Yo le juro que para enfrentar el problema de la delincuencia, se debe generar la capacidad institucional para garantizar la ejecución de las acciones establecidas en los planes que conforman la política pública sobre seguridad ciudadana. Le juro que se debe disponer de recursos humanos, técnicos y económicos adecuados. Esto implica, mejorar el proceso de selección y formación de las personas que integran las instituciones involucradas en la implementación de la política sobre seguridad ciudadana, sobre todo las fuerzas policiales, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el sistema penitenciario.

Yo le juro que a los ciudadanos venezolanos nos están matando. Yo le juro que la delincuencia organizada sustituyó al Estado constitucional por un Estado delincuente. Yo le juro que la violencia y la delincuencia afectan gravemente la vigencia del Estado de Derecho.