• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

Al instante

Jesús Ollarves Irazábal

Los fiscales muertos

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Cuando un gobernante utiliza la ley a su antojo y en beneficio propio, su gobierno corresponde al absolutismo: un régimen político en el que una persona ejerce el poder sin límites jurídicos ni de ninguna otra naturaleza. Como dijera Luis XIV de Francia: “El Estado soy yo”. En democracia, por el contrario, las leyes deben prevalecer sobre la voluntad de los gobernantes. En un régimen democrático debe predominar la certeza jurídica y no el capricho del gobernante.

El Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos es una triada que debe prevalecer en la lucha contra el delito, y cuando se trata de los presuntamente cometidos por altos funcionarios públicos, se pone a prueba la idoneidad de las instituciones, específicamente del Ministerio Público.

Para prevenir el abuso de poder por parte de otros órganos del Estado es fundamental el funcionamiento adecuado del Ministerio Público, en tanto máximo garante de la legalidad y de los derechos humanos. Para cumplir su cometido es indispensable que sea un organismo autónomo, independiente e imparcial, y que sus representantes no tengan militancia político partidista. Además de ser el titular de la acción penal, el Ministerio Público sirve de contralor de la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado y contribuye con la transparencia de la gestión pública.

Un Ministerio Público al servicio de una parcialidad política se convierte en una herramienta de la corrupción y la impunidad. Y la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, la gobernabilidad, el Estado de Derecho, el funcionamiento de la democracia y el desarrollo integral de los pueblos.

Lamentablemente, en Venezuela la actuación del Ministerio Publico deja mucho que desear. Tan solo un ejemplo: la falta de investigación de los hechos denunciados  por el ex ministro de Planificación Jorge Giordani, quien aseguró que en 2013 habían ingresado al país más de 20.000 millones de dólares en importaciones ficticias. En una especie de limbo también están las denuncias expuestas por los ex magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Luis Velásquez Alvaray y Eladio Aponte Aponte, así como las revelaciones  del presunto narcotraficante Walid Makled y del oficialista Mario Silva. Todos estos casos tienen en común el olvido presumiblemente cómplice del Ministerio Público.

Los fiscales del Ministerio Público deben actuar de buena fe en la búsqueda de la verdad. Deben obtener de forma legal y legítima las pruebas necesarias para inculpar o exculpar a las personas involucradas en un hecho punible. No deben estar al servicio del gobierno sino de la justicia. Deben ser autónomos, independientes e imparciales.

El Ministerio Público debe prestar la debida atención a la investigación de altos funcionarios por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus cargos, especialmente corrupción, abuso de poder, violaciones graves de derechos humanos y otros delitos establecidos en el derecho internacional.

La legislación venezolana establece un procedimiento especial para enjuiciar al presidente de la República y altos funcionarios. Le corresponde al TSJ, en Sala Plena, el trámite previo del antejuicio de mérito para seguir el enjuiciamiento del presidente de la República, de quien haga sus veces y de los altos funcionarios del Estado. En estos casos se requiere que el fiscal general de la República presente una querella ante el máximo tribunal. Cualquier persona que se considere víctima puede solicitar el antejuicio de mérito, pero no puede formalizarlo sin la intervención del Ministerio Público, pues a este corresponde la proposición formal del antejuicio de mérito o los demás actos conclusivos del proceso penal establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.

Las normas indican que, en Venezuela, el fiscal general de la República tiene un papel clave, en términos de contrapesos institucionales. En el pasado, los venezolanos asistimos a un ejercicio de “democracia con energía” (valga el parafraseo del lema), cuando el fiscal Ramón Escovar Salom solicitó el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez por el caso de los 250 millones de bolívares de la partida secreta. A la distancia, aquel caso parece una bagatela en comparación con los  20.000 millones de dólares del patrimonio público, dilapidados a través de las importaciones ficticias denunciadas por Giordani.

Cabe un paréntesis. El Ministerio Público acaba hacer alarde de un poder que ejerce de facto, al solicitar el encarcelamiento del juez 20 de juicio, Alí Paredes, sencillamente porque no estuvo de acuerdo con la sentencia que dictó en el caso del presunto narcotraficante Walid Makled. Independientemente de lo ocurrido, lo legal y constitucional era que la Fiscalía ejerciera el respectivo recurso de apelación, en vez de repetir la conducta arbitraria del caso de la jueza María Lourdes Afiuni. Sin dudas, el efecto intimidatorio sobre todos los jueces venezolanos que se causó con el caso Afiuni ahora se ratificó con el juez Paredes.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece los mecanismos necesarios para garantizar la independencia de los poderes públicos, y los órganos que ejercen el poder público solo pueden realizar aquellas atribuciones que les son expresamente consagradas por la Constitución y la ley.

Solo hace falta que el Ministerio Público cumpla sus obligaciones en la lucha contra la corrupción y haga efectiva la protección de los ciudadanos contra la delincuencia común, organizada y política.

Otra conducta muy distinta exhibió el Ministerio Público y específicamente el  fiscal Gerardo Pollicita, que se atrevió a denunciar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; al ministro de Exteriores, Héctor Timerman; al diputado Andrés Larroque y al dirigente Luis D’Elía, entre otros, por el presunto encubrimiento de los autores del atentado terrorista Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994, sobre la base de la información recabada por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

En Argentina hay una larga y lamentable historia de terrorismo de Estado, de esa violencia y corrupción que dimana desde los más altos pináculos del poder. En la Plaza de Mayo se ha derramado el llanto de miles de madres que siguen clamando justicia por sus hijos y nietos desaparecidos, torturados y ejecutados en la dictadura de Jorge Videla. Hoy la historia no es distinta, el terror sigue acechando a la justicia, como lo ha denunciado públicamente, en diferentes medios de comunicación, el fiscal Carlos Rívolo sobre sus investigaciones pasadas a funcionarios de alto rango: “Los fiscales argentinos han sido siempre objeto de amenazas criminales, chantaje e intentos de homicidio, como parte de sus investigaciones a funcionarios de alto rango, grandes empresarios y criminales, pero la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman ha sorprendido y conmocionado a todos”.

Lo cierto es que para ser fiscal del Ministerio Público se requiere algo más que leer muchos libros de Derecho, se necesita del ejercicio de las virtudes cardinales prudencia, justicia, templaza y fortaleza.

Otra demostración de la autonomía del Ministerio Público en Argentina es la convocatoria a una marcha de los representantes de la vindicta pública. Se trata de una marcha por la justicia, el ejercicio desafiante de la protesta social en contra de la violencia, la corrupción y la impunidad. Se espera que se sumen otros operadores judiciales y también estudiantes, amas de casa, trabajadores, empresarios y representantes de la comunidad judía, entre otros actores sociales.

La imputación a Cristina Fernández es un buen ejemplo que deberían seguir los fiscales venezolanos en un ejercicio cabal de su función en pos de la verdad y la justicia.

Cuando la actuación irregular de los gobernantes que ejercen el poder como monarcas no son eficientemente investigadas por el Ministerio Público, los fiscales quedan inermes, tan muertos como Alberto Nisman.