• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

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Estado de excepción, un despropósito

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En una sociedad democrática no es normal que el Poder Ejecutivo diseñe y ejecute sus políticas sobre la base de la excepcionalidad. Este gobierno (incluido el período de Chávez), con el afán prioritario de mantenerse en el poder, se ha empeñado en gobernar por decretos: primero a través de la habilitación legislativa que en forma complaciente le concedió la anterior legislatura de la Asamblea Nacional, y ahora mediante la declaratoria de estados de excepción. A la usanza de la dictadura romana.

Un decreto de estado de excepción se dicta cuando el Estado está ante circunstancias excepcionales y las facultades del presidente de la república son insuficientes para resolverlas. No es el caso de Nicolás Maduro, que ha gobernado sin contrapesos institucionales. Cuando la nueva legislatura le puso coto, el presidente de la república echó mano del control absoluto que detenta sobre el Poder Judicial para desconocer la voluntad de cambio expresada el 6 de diciembre de 2015.

La utilización fraudulenta de los estados de excepción es sinónimo de dictadura. De hecho, la dictadura romana es considerada como la primera y más antigua forma de un estado de excepción. Se fundamentaba en la concentración del poder absoluto en manos del dictador, que controlaba los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

El Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica publicado en la Gaceta Oficial Número 6227 del 13 de mayo de 2016, señala que el Ejecutivo nacional podrá tomar “las medidas oportunas excepcionales y extraordinarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales, e igualmente disminuir los efectos de las circunstancias de orden natural que han afectado la generación eléctrica, el acceso a los alimentos y otros productos esenciales para la vida”.

Sin duda, hay que enfrentar la crisis económica que estamos viviendo, pero sin olvidar que ha sido propiciada por el mismo gobierno y es consecuencia de falta de planificación de políticas públicas, ineficiencia, centralismo, corrupción, derroche y populismo. Todo ello asociado a un modelo político económico retrógrado, que ya no admite la sempiterna excusa: todo es culpa del imperialismo norteamericano asociado con la derecha apátrida.

La pretensión de Maduro no es honesta. Lo que en realidad procura con el estado de excepción es neutralizar a la Asamblea Nacional, y distraer a la población con la amenaza de la suspensión de garantías constitucionales por los resultados del referendo revocatorio y de las elecciones de gobernadores que seguramente lo desfavorecerán.

La solución a la crisis económica debe estar orientada hacia la búsqueda sincera de un cambio del modelo económico, que aparte los excesivos controles y las regulaciones que favorecen corruptelas y con los cuales el gobierno ejerce un mayor control sobre la actividad económica privada. El objetivo debe ser la superación de la crisis que nos agobia. El decreto de emergencia económica no debería ser utilizado como herramienta política con la cual se pretenda, de manera artificiosa, trasladar responsabilidades a la oposición y, más específicamente, a los diputados opositores electos el pasado 6 de diciembre.

El decreto de Maduro debe fundamentarse en el previo reconocimiento de la culpa del gobierno sobre la precariedad en que se encuentran todos los venezolanos. Dejando de lado ardides para intentar recuperar la popularidad perdida, las medidas económicas verdaderamente necesarias deben orientarse al desarrollo integral del país, con énfasis en la seguridad jurídica y una justa distribución de la riqueza.

La crisis política y económica del país en la víspera de un referéndum revocatorio pueden significar el principio del fin del chavismo. El decreto de estado de excepción es desproporcionado y motivado por razones inconfesables. Lo que sí se justifica es la alerta de todos los venezolanos y de la comunidad internacional ante los eventuales abusos y violaciones de derechos humanos que suelen cometerse durante la ejecución de este tipo de medidas.

Todo indica que se trata de un estado de excepción artificioso y artificial. Las razones aducidas por el gobierno ponen al descubierto mentiras que no alcanza a esconder la incapacidad para resolver los problemas estructurales y coyunturales que nos aquejan.

Por ejemplo, nos preguntamos si el contrabando de extracción y el bachaqueo justifican un estado de excepción, sobre todo cuando el gobierno ha promocionado recurrentemente el proyecto de economía e inteligencia comunales.

Los estados de excepción son un régimen que pone en riesgo la efectiva vigencia de los derechos humanos. Históricamente ha sido la forma más fácil de desconocer los derechos que tiene la persona humana frente al Estado. Las restricciones de garantías en un estado de excepción deben ser necesarias y proporcionales para lograr el restablecimiento del orden constitucional, y no para tratar de sostenerse a toda costa en el poder. Las restricciones que se pretenden aplicar con el decreto de estado de excepción no debe colocar al Estado en una posición de poder absoluto, y las medidas a aplicar deben estar ajustadas a la situación de hecho, y a la normativa legal que los regula.

En el ámbito internacional, el decreto de estado de excepción debe cumplir con el principio de notificación. Se deben rendir cuentas a los organismos internacionales y los Estados partes de los convenios sobre derechos humanos, para que pueden intervenir en casos de eventuales excesos.

El estado de excepción es un despropósito. Las amplias facultades que se arroga el presidente de la república, supuestamente para preservar el orden público y la estabilidad política del país, nos recuerda a 1984, aquella famosa novela política de ficción distópica, escrita por George Orwell en 1948. Al igual que en la obra de Orwell, con el decreto de estado de excepción Maduro profundiza los controles sobre el ciudadano. Por ejemplo, para aprovisionarnos de comida o medicamentos seremos vigilados por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las policías… Maduro, se convierte en “el Gran Hermano”: él es el comandante en jefe, guardián de la sociedad, dios pagano y el juez supremo.