• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

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Jesús Ollarves Irazábal

Los defensores de derechos humanos se crecen en la adversidad

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En el mundo judicial, un defensor es un abogado que vive del ejercicio de su profesión. Un defensor de derechos humanos puede ser abogado, pero no necesariamente. Todos podemos y debemos ser defensores de derechos humanos. Sí, es un deber, establecido en el artículo 132 de la Constitución:

“Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”.

Lo que visibiliza y hace efectiva la defensa de los derechos humanos es la labor de incidencia, entendida como un conjunto de acciones ciudadanas, colectivas, organizadas y sistemáticas, destinadas a influir en las instancias del Estado para lograr cambios en las políticas públicas.

La incidencia lleva implícita la noción de organización y conduce rápidamente a la categoría de expresiones organizadas de la sociedad civil.

En Venezuela los defensores de derechos humanos más visibles se encuentran agrupados en organizaciones no gubernamentales, cuya labor es fundamental pues, por lo general, poseen un acumulado organizativo que hace más eficiente y eficaz la promoción y defensa de los derechos humanos.

Los defensores de derechos humanos no están al servicio de parcialidades políticas o económicas. Por definición son el instrumento contra poder y, en ese sentido, son esenciales en democracia. Así pues, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad.

Ser defensor de derechos humanos en Venezuela es una tarea muy peligrosa. El hostigamiento y las violaciones de sus derechos humanos cada día son mayores y peores. Un dato revelador lo expone la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la cual señala que en Venezuela “durante el año 2007 se habría registrado el asesinato de aproximadamente 48 líderes sindicales y durante el año 2008, el asesinato de otros 19 líderes sociales, para un total de 67 homicidios en el lapso de 2 años.

En un contexto severamente polarizado, el ciudadano que disiente y los defensores de derechos humanos son equiparados con enemigos internos. Las expresiones estigmatizantes y la intimidación forman parte de una política de Estado.

Con el Mazo Dando es el nombre del programa que se transmite a través de la televisora estatal Venezolana de Televisión y mediante el cual el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se ha dedicado a descalificar a las personas que acuden a las instancias del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, entre otras razones porque las instancias estatales no dan respuestas oportunas y satisfactorias.

Con el Mazo Dando es, ni más ni menos, un garrote vil. El estado de la criminalización de la disidencia en Venezuela ha llegado al extremo de que el presidente del Poder Legislativo se ufana de la persecución que ejerce, a través de los nefastos patriotas cooperantes.

En una democracia real los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos. Es inaceptable cualquier tipo de acción de represalia que emprenda un Estado por el accionar de personas u organizaciones ante organismos internacionales, en ejercicio de sus derechos.

Tristemente, en el país es cada vez más habitual que representantes gubernamentales realicen declaraciones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Un estudio de la ONG Espacio Público indica que durante 2013 10% de las violaciones de la libertad de expresión fueron cometidas directamente por el presidente de la república, en mucho de los casos mediante declaraciones estigmatizantes contra personas u organizaciones críticas de su gobierno.

Pero la criminalización puede tener un efecto contrario a los intereses del gobierno en la medida en que legitima la labor de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Mientras más se les descalifique, más resonancia tendrán los atropellos. El hostigamiento sistemático (sin dudas, una política de Estado)  contra los defensores de derechos humanos constituye una violación adicional.

Los defensores de derechos humanos no cesan en sus esfuerzos de poner a prueba (y dejar en evidencia) las instituciones venezolanas. La profundización del ataque a la disidencia los pone a prueba a ellos mismos. Lo que hemos visto, en Venezuela y en otros países, es que, los defensores de derechos humanos se crecen en la adversidad.

Quizás sea bueno recordarle al gobierno venezolano que no ha descubierto el agua tibia cuando decide recrudecer la represión contra los defensores de derechos humanos. Muchos otros regímenes autoritarios han enfilado contra los que se le oponen y muchas de las experiencias para hacerle frente a los atropellos se han sistematizado a través de las relatorías especiales sobre defensores de derechos humanos del sistema interamericano y de Naciones Unidas.

Si hay algo que califica a un defensor de derechos humanos es su tenacidad en la lucha. Cuando son víctimas de estigmatizaciones, actos de violencia, registros ilegales de las sedes de las organizaciones y las residencias de sus miembros, el Estado tiene la obligación de protegerlos, tal como lo indica la Declaración sobre Defensores de Naciones Unidas.

Los defensores de derechos humanos no están solos. Cuando son víctimas de agentes gubernamentales, se activan las diferentes redes de apoyo: medios de comunicación, iglesia y sociedad civil en general. Las redes tienen especial importancia en los planos local, regional y nacional, pero también son útiles  en el ámbito internacional. Desde este tipo de redes emergen legítimos defensores de los defensores, que ejercitan las llamadas “3 D” (documentar, denunciar y difundir).

El estándar aplicable indica que los Estados se encuentran obligados a prevenir razonablemente las amenazas, agresiones y hostigamientos en contra de defensores de derechos humanos; investigar seriamente los hechos que sean puestos en su conocimiento; sancionar a los responsables, y dar una adecuada reparación a las víctimas, independientemente de que los actos sean o no cometidos por agentes estatales o por particulares. A pesar de que el estándar no se cumple, históricamente se ha comprobado que, frente a la represión, la violencia y el hostigamiento, los defensores de derechos humanos en la adversidad son más temibles para los regímenes autoritarios y más útiles para la democracia.