• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

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Jesús Ollarves Irazábal

Del antejuicio de mérito al juicio político

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En un Estado democrático es reprochable que la Asamblea Nacional y sus integrantes no cumplan con las obligaciones que la Constitución les impone: legislar y controlar la administración pública, a cuyos efectos los integrantes del Poder Legislativo necesitan de las prerrogativas que les concede la inmunidad parlamentaria.

El artículo 200 de la carta magna establece que “los diputados a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo”. Se trata de una prerrogativa en virtud de la cual los parlamentarios no pueden ser investigados, juzgados, sancionados y mucho menos apresados por sus opiniones o acciones en el ejercicio de sus funciones.

La inmunidad parlamentaria tiene por objetivo proteger la integridad del órgano legislativo, así como su plena independencia para el cabal desempeño de sus funciones. No es un privilegio personal en beneficio de los diputados sino de sus labores de representación popular, legislativas y contraloras. Estas prerrogativas de carácter corporativo constituyen un mecanismo de control político que, además, permite evitar que se altere la distribución de mayorías y minorías resultantes del proceso electoral.

Las normas que garantizan la inmunidad parlamentaria, y el procedimiento para su allanamiento se encuentran previstas en la Constitución, en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en el Código Orgánico Procesal Penal y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En dichos instrumentos están establecidas las pautas correspondientes al antejuicio de mérito, es decir, un procedimiento judicial previo al enjuiciamiento propiamente dicho. El propósito que fundamenta el antejuicio de mérito (también aplicable a otros altos funcionarios del Estado) es evitar que mediante temerarias acciones jurídicas o seudojurídicas estos funcionarios puedan ver limitada o menoscabada sus capacidades para el ejercicio pleno de las actividades y labores propias de los cargos que ocupan.

En estos casos, lo que está en juego es la independencia del órgano legislativo, y la voluntad popular que puede ser burlada por grupos de poder político, económico o de cualquier otra índole.

Los diputados solo pueden ser enjuiciados por delitos previa decisión favorable de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y la autorización de la Asamblea Nacional. Si ante la presunta comisión de un delito por parte de un diputado en el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público considera que existen méritos suficientes para su enjuiciamiento, debe presentar la correspondiente solicitud ante el TSJ. El máximo tribunal debe determinar si la acusación es jurídicamente racional, todo de acuerdo con el artículo 266.3 de la Constitución y las garantías del debido proceso.

Si el TSJ considera que hay méritos suficientes, la Asamblea Nacional deberá decidir si autoriza o no el enjuiciamiento del diputado en cuestión. Para dictar esa autorización, seguirá el procedimiento establecido en el artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates. Es decir, nombrará una comisión especial que en un lapso de 30 días analizará el caso y presentará un informe al pleno de la Asamblea Nacional. En los 30 días siguientes la plenaria deberá tomar una decisión definitiva y si vence el plazo la autorización se considerará rechazada.

El reglamento permite que en la misma sesión en la cual la Asamblea conozca de la decisión del TSJ se decida si se otorga o no la autorización, de acuerdo con “la gravedad del caso”. Se trata de una especie de procedimiento sumario que convierte el procedimiento judicial en un juicio político.

Lamentablemente, el sistema judicial venezolano carece de independencia y está sujeto a la voluntad política del oficialismo. Ni los magistrados, ni los jueces ni los fiscales tienen, ni por asomo, la autonomía necesaria para decidir con imparcialidad.

Basta recordar las tristes afirmaciones que hizo públicamente, en 2012, el ex magistrado presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, coronel Eladio Aponte Aponte, particularmente respecto a la reunión que semanalmente se efectuaba en la Vicepresidencia de la República para resolver el curso o la desviación de la justicia: “Todos los fines de semana, principalmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la Vicepresidencia Ejecutiva del país, donde se reúne el vicepresidente, que es el que maneja la justicia en Venezuela, con la presidenta del Tribunal Supremo, con la fiscal general de la república, con el presidente de la Asamblea Nacional, con la procuradora general de la república, con la contralora general de la república, y unas que otras veces va uno de los jefes de los cuerpos policiales. De ahí es donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia. O sea, salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela”.

Las garantías constitucionales imprescindibles para legislar y controlar la administración pública se han perdido mediante un grotesco y descarado abuso de poder. Lo que existe es una fórmula antidemocrática para perseguir a los parlamentarios que adversan a la bancada oficialista, sacarlos del juego político y someterlos a una investigación penal.

El antejuicio de mérito se está utilizando artificiosa y acomodaticiamente en contra de aquellos parlamentarios que, en el ejercicio de sus funciones, se atrevan a contrariar los intereses gubernamentales. Se trata de un abuso reiterado contra la democracia y una burla a la voluntad popular. En la lista solo figuran diputados opositores: Wilmer Azuaje, Richard Mardo, María Mercedes Aranguren, María Corina Machado y Juan Carlos Caldera. Ismael García está en la mira.