• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

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Tumeremo: es imprescindible una investigación efectiva

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Los hechos ocurridos en Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar, en donde se presume la desaparición forzada de 28 mineros evidencia la carencia de normas sociales y su degradación. Es la demostración de un Estado plagiado por la violencia, y grupos de delincuencia organizada; de un país donde no están garantizados los derechos humanos, el Estado de derecho, ni la democracia.

La desaparición forzada de personas se ejecuta directa o indirectamente por autoridades de un gobierno en el poder o por órganos de seguridad del Estado, al margen de todo procedimiento legal y amparados en la negativa del reconocer que dichas personas están bajo su custodia, o a no establecer ni permitir ningún procedimiento eficaz de investigación para establecer las responsabilidades a que hubiere lugar.

En este caso, todo indica que estamos ante una desaparición forzada de personas. Aunque no medie móvil político, al ser ejecutada por bandas organizadas, desde su planificación hasta su consumación, se requiere la aquiescencia de personas al servicio del Estado. Lo particular es que presuntamente la cometieron miembros de bandas organizadas, lo cual revela un Estado fallido, que no cumple con la obligación mínima de proteger a sus ciudadanos.

No se trata de un delito simple. Esta forma delictiva no es aventurada ni circunstancial. No obedece a la oportunidad de robar a alguien que en una calle oscura se descuidó y no tomó las debidas precauciones frente a la inseguridad. Esta forma delictiva funciona como cualquier empresa. Tiene un eje central de dirección y mando (jefes y subordinados), y cuenta con una estructura centralizada pero flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo con la célula a la que pertenecen las personas que la integran. Tienen un grupo de sicarios a su servicio y tienden a corromper a las autoridades. Son precisamente estos dos los recursos más utilizados por la delincuencia organizada para el cumplimiento de sus objetivos: corrupción y sicariato.

Un delito de esta magnitud no lo ejecuta una sola persona; siempre intervienen varias en su comisión: las que planificación y adoptan el plan para su ejecución, las que ordenan o solicitar a alguien que lleve a cabo la desaparición forzada o el homicidio, las que entregan información que permite a los perpetradores llevar a cabo su trabajo, la facilitación de las armas, vehículos u otro tipo de ayuda material; los que encubren el delito por diferentes medios, como la falsificación o adulteración de registros, y, finalmente, las autoridades que suelen subestimar los hechos o mostrarse indiferentes.

En Tumeremo no se percibe la presencia del Estado, y los hechos deben investigarse no como una mera formalidad destinada a fracasar desde el inicio. La obligación de los funcionarios estatales es ordenar sin pérdida de tiempo una investigación, procurar una sanción y reparación a las víctimas directas o indirectas por la acción u omisión del Estado. “Los hombres, vestidos de negro, arribaron a bordo de tres automóviles sedán y un camión en donde había dos cuerpos. En la mina mataron a dos personas más, cuyos restos echaron al vehículo pesado. El resto de los mineros, corrió a esconderse a un cerro al escuchar los disparos. Allí amaneció junto a otras 20 personas. Sólo se movió hasta saber que no corría peligro.” Este es el relato de uno de los testigos sobreviviente de la matanza de Tumeremo.

A pesar de la contundencia del relato de los testigos, y de la actuación del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab,  quien sostuvo una reunión con los familiares de al menos de 11 de los mineros desaparecidos y señaló que se está ante "hechos punibles que conllevan a sanciones penales, y la identificación de algunos sujetos implicados", el gobernador del estado Bolivar, Francisco Rangel Gómez, aseguró que la información de la masacre era totalmente falsa, y comentó vía telefónica a Venezolana de Televisión que “se realizó un recorrido por la zona con los efectivos de la FANB y no se encontró nada”.

Del mismo modo, el conductor del programa La Hojilla, Mario Silva, ha insistido en que en Tumeremo no ocurrió nada y que “no fue más que el intento del diputado, Américo De Grazia y el ex gobernador del estado Bolívar, Andrés Velázquez, para crear zozobra en el país e invisibilizar la siembra del Comandante Chávez; y que las autoridades se presentaron en el sitio y no hubo nada, ni muerto ni heridos”. 

En Tumeremo las desapariciones forzadas de personas no son nuevas. El alcalde Carlos Chancellor, denunció el martes 8 que ya ha habido otras desapariciones en el sector. “Hay otras historias de desapariciones, pero sin dolientes, es la diferencia. Es este momento los seres humanos que desaparecieron tienen familia, tienen dolientes, y por esa razón vemos la reacción de las personas en la troncal 10”, dijo Chancellor.

En esa misma fecha, sin tener los resultados de una investigación clara, precisa y circunstanciada de los hechos por parte de la Fiscalía, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseveró en cadena nacional que “los hechos ocurridos en Tumeremo, estado Bolívar, en la que fueron asesinados unos supuestos mineros, está involucrado al parecer una banda paramilitar.”

 

Independientemente de quienes sean la presuntas víctimas o victimarios, las declaraciones oficiales que condenan las desapariciones forzadas deben acompañarse de hechos concretos y convincentes, tales como: la investigación sin dilación y con efectividad de los hechos, hacer comparecer a los responsables ante el Ministerio Público y los tribunales ordinarios, disolver las organizaciones que cometen las desapariciones forzadas, desaprobar la legislación de excepción, así como los obstáculos sobre la reparación de este tipo de prácticas, o las normas que concedan a los responsables inmunidad procesal, o cualquier otra forma que fomente la impunidad.

Lo lamentable es que el Ejecutivo sigue ciego, sordo y mudo ante su propia ineficacia. De conformidad con la obligación de proteger los derechos humanos, los Estados deben prevenir, investigar, castigar y reparar el daño causado por abusos contra los derechos humanos cometidos por terceros: particulares, empresas comerciales u otros agentes no estatales. Ésta es una obligación inmediata. Los gobiernos deben regular y vigilar, por ejemplo, que las personas no se presten a la consumación de secuestros o detenciones ilegales con el fin de perpetrar desapariciones forzadas de personas o ejecuciones extrajudiciales.

Urge la investigación efectiva de los hechos, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a las víctimas una adecuada reparación, que implique, en la medida de lo posible, la restauración de los derechos y las libertades que fueron transgredidos, asistencia médica y psicológica, así como cualquier otra ayuda legal o social que requieran. También urgen reformas en los procedimientos judiciales, para facilitar las sanciones a los delincuentes, la divulgación completa del acto criminal y acciones para conmemorar a las víctimas.

La noción de reparación integral incluye el establecimiento de garantías de no repetición, por ejemplo, medidas para mejorar el acceso a la información sobre violaciones de los derechos humanos. Así como, la compensación por los daños debe ser adecuada y proporcional a la gravedad del delito y las circunstancias de cada caso.

En Venezuela se ha impuesto la fuerza de la delincuencia organizada; esa especial forma de delinquir que radica en el establecimiento de alianzas y vínculos en todos los niveles, incluido el político, policial y militar, que a fuerza de corrupción opera con la más absoluta impunidad.

Lo ocurrido en Tumeremo es una evidencia más de la existencia de un gobierno que no funciona y que va de la mano con la corrupción. Un gobierno que, en vez de adoptar políticas públicas eficaces, ha forjado toda una cultura de la impunidad y muerte representada por la ineficiencia del sistema de administración de justicia y una conexión permanente con lo ilícito.

@jesusollarves